¿Y LA RESPONSABILIDAD EN EL GENOCIDIO CULTURAL CANADIENSE…?

CATALINA CHAUX*

 

Muchos de los dirigentes de las naciones denominadas del primer mundo se sienten con la autoridad moral de señalar la ocurrencia de la violación a los derechos humanos en otros países y determinar el deber ser del actuar de muchas comunidades diversas, cuando muchos de los errores se han cometido y se siguen cometiendo internamente en sus patios traseros.

 

Quiero mencionar el caso particular de la ausencia de criterio y aceptación de la diversidad cultural que durante muchas décadas llevo a la adopción y aplicación de una política especial para “transformar” a la comunidad aborigen de Canadá,  en lo que el gobierno y las iglesias consideraban la civilización y el deber ser. Me refiero a los internados para indígenas (Residential School Program).

 

En Norteamérica había cerca de 300 comunidades indígenas con sus respectivos lenguajes, de los cuales sólo 58 han logrado sobrevivir.

 

Las Naciones Unidas se pronunciaron en el 2007 con la expedición de una Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. Como es posible que haya sido necesaria una Declaración de esta naturaleza y que se haya debido esperar hasta el 2007 para algo que es simplemente natural y que cae de su peso, como el reconocimiento de sus derechos ocurra?

 

Catalina-Chaux
Catalina Chaux

Con el objetivo de civilizar y desarrollar una política de “asimilación agresiva”, a principios del siglo XIX se establecieron los internados para indígenas  o “Indian Residential Schools” donde los niños eran llevados por sus padres, quienes eran obligados a desprenderse de ellos,  o tomados del seno familiar a la fuerza por las autoridades, para ser reeducados en concordancia con las políticas establecidas por el Gobierno y desarrolladas por la Autoridad de relaciones aborígenes en alianza con las diferentes iglesias, entre ellas la iglesia la Católica, la Anglicana, la Presbiteriana, la  Unida y la Pentecostal. El último de estos centros “educativos” se cerró en 1996.

 

En nombre de la transformación familiar, de lenguaje y espiritual entre otros factores,  6000 niños murieron y desaparecieron de las escuelas, en muchos casos sin que se hubieran registrado sus nombres, género, información básica, o incluso la causa de su muerte. Fueron objeto de vejaciones, por ser considerados inferiores, como si fuera posible que algún ser humano pudiera tener el derecho de considerar a otro inferior a él bajo cualquier circunstancia.

 

Las historias deben ser escuchadas y las comunidades reconocidas por su dolor, por el daño causado, por la humillación y el sufrimiento. Las excusas o solicitud de perdón sin una consecuente acción no son efectivas, no es una solicitud real.

 

Durante 6 años, el Comité de la Verdad y la Reconciliación compuesto por el Juez Murray Sinclair, quien lo lideró,  por el Jefe Wilton Littlechild y la periodista Dra. Marie Wilsonha, ha logrado documentar y examinar 3200 casos. Han quedado muchos sin verificar y examinar debido a la imposibilidad de obtener la propia documentación de las víctimas y de los sobrevivientes. Cada historia es única y diferente.

 

Ahora corresponde al gobierno y a las iglesias tomar acción sobre las recomendaciones hechas por el Comité  y a la sociedad en general, examinarse sobre su responsabilidad, porque no solo aquellos que actúan son responsables, también lo son quienes con el silencio o la omisión de una acción efectiva, se transforman de testigos silenciosos en actores pasivos, de estos actos de injusticia y violación de la esencia del ser humano. La reconciliación no demanda perdonar y olvidar, por el contrario requiere recordar y cambiar.

 

* Abogada con especialización en Derecho Económico, Master en Resolución de Conflicto; Coach Profesional con énfasis en mejoramiento de comunicaciones, manejo de conflictos e intercambios culturales. Correo:  cchaux@checsconsulting.com