Colombia: La paz negada y el acuerdo que se firmará

Feliciano Valencia. EFE
Feliciano Valencia. EFE

ENMANUEL ROZENTAL*

 

El gobierno de Colombia y los representantes de las FARC firmarán un acuerdo que ponga fin al conflicto armado entre estas fuerzas. Este es un motivo de alegría enorme. Sería importante poner este proceso ante el espejo de otros que, seguramente, le han servido como modelo. Particularmente útil sería examinar los procesos de paz de Centro América y más específicamente el de Guatemala. La experiencia de este país durante los acuerdos y como consecuencia de los mismos daría luces sobre cómo se reconstituye un régimen ilegítimo, cómo se consolidan la legislación y los procesos de despojo y extractivismo mientras se negocia la paz, como se establece la corrupción y el paraestado como parte del establecimiento y cómo todo esto conduce a la Presidencia a un militar graduado de la Escuela de las Américas, vinculado directamente a operativos de exterminio y tierra arrasada, a los megaproyectos extractivistas, a “La Línea” del robo descarado, a una masacre indígena por resistir alzas en tarifas eléctricas, a la entrega del país a megaproyectos, al fortalecimiento de las resistencias indígenas y a la indignación de la población, hasta obligarlo a renunciar y que termine este gobierno, fruto de la paz del modelo en la cárcel y el país ad-portas del caos.

 

Apenas menciono este tema que queda pendiente porque ahora hay otro que ni siquiera es un asunto de opinión. La Paz es un acuerdo entre partes en guerra. Si las partes demuestran que violan acuerdos aún antes de firmarlos, no hay paz posible. La Constitución de Colombia reconoce la jurisdicción indígena y así, dentro de los territorios de estos pueblos, todo delito se juzga y se corrige según “usos y costumbres”. No es solamente la Ley, es la Constitución. Existe además jurisprudencia, es decir que ante casos en los que se puso en duda esta norma, la Corte Constitucional sentenció reiteradamente que la jurisdicción indígena debe respetarse. Pues un Cabo tercero del ejército, en servicio activo, que se auto-identifica como indígena, infiltró una movilización pacífica, la Minga del 2008 y fue descubierto en flagrancia con material militar en un morral. Confesó estar actuando bajo ordenes y fue juzgado y corregido según usos y costumbres y luego entregado a las autoridades. Todo esto fue público y se hizo en una asamblea de más de 30 mil personas. El juicio, la sentencia y la corrección fueron colectivos. Nadie en particular juzgó ni corrigió. De inmediato, Álvaro Uribe Vélez, el Presidente, señaló este procedimiento como un secuestro y una violación de derechos humanos del soldado ¿Qué hacía un soldado en medio de indígenas mientras Uribe los acusaba abiertamente de tener vínculos con las FARC y de ser terroristas y mientras CNN daba a conocer al mundo entero un video en el que se veía a policías disparando su fusil contra indígenas inermes? La violación de derechos y el delito lo cometió el estado y el gobierno y no han respondido por estos.

 

Hace poco, Feliciano Valencia, el líder indígena más visible en Colombia y excandidato a la Presidencia, fue sentenciado por el Tribunal Superior del Cauca a 18 años de cárcel y capturado por este caso, entre otros cargos, por el delito de secuestro, entre otros. Feliciano no juzgó ni corrigió. No podía hacerlo. La Minga no violó ningún derecho ni secuestró, al contrario, ejerció derechos constitucionales de manera transparente. Nadie secuestró al soldado que se infiltró para cometer un delito bajo órdenes superiores. En cambio, el sistema judicial colombiano viola flagrantemente la Constitución que debe obedecer. El Estado colombiano comete delitos sin que pueda ser juzgado en derecho, viola sus propias normas, secuestra en un acto de persecución política a un líder indígena que escoge a dedo y lo entierra en una cárcel 18 años para darle muerte política, eliminando de tajo la jurisdicción y la autonomía indígenas y pretende que los acuerdos de paz que firme con la insurgencia tengan alguna validez. Colombia es un estado de hecho y guerra para el poder del despojo.

 

*Médico, investigador y activista social, colombiano. Radicado en México.