Fuerzas policiales reprimen manifestaciones populares en Colombia

En los últimos días, pese a la feroz represión de las autoridades colombianas, continuaron las manifestaciones de rechazo a las políticas económicas y sociales del presidente colombiano, Iván Duque, que ya tuvieron un saldo de al menos 40 muertos y centenares de heridos, según reportes de la agencia Prensa Latina.

De acuerdo con versiones de organizaciones defensoras de los derechos humanos, desde las 06:00, hora local, del 28 de abril pasado y las 11:30 del 10 de mayo, a nivel nacional hubo 313 víctimas de violencia física; mil tres detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 418 intervenciones violentas; 28 víctimas de agresiones oculares, 129 casos de disparos de arma de fuego y 12 víctimas de violencia sexual durante las protestas pacíficas.

Entre los muertos a manos de las unidades represivas está el joven Lucas Villa, víctima de la represión desatada por el Gobierno en Colombia contra los manifestantes pacíficos en paro nacional, y su muerte conmocionó a la nación.

Villa sufrió ocho impactos de bala el pasado 5 de mayo en la ciudad occidental de Pereira y recibió cuidados intensivos en el hospital local San Jorge, donde lo reportaron en estado neurológico grave, situación que siguió de cerca el pueblo colombiano.

Desde entonces se convirtió en otra imagen de agresiones letales sufridas por los protestantes pacíficos durante las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra el gobierno del presidente Iván Duque y sus medidas neoliberales.

Tras los disturbios del domingo, Duque ordenó que se realice “el mayor despliegue” de fuerza pública en la ciudad de Cali, instó a que se levanten los bloqueos de las vías, e hizo un llamado a que los indígenas regresen a sus comunidades.

Según la agencia Prensa Latina, el Pacto Histórico de Colombia, alianza de partidos progresistas, rechazó este miércoles la represión contra las manifestaciones antigubernamentales por parte de las fuerzas del orden público y personal no uniformado.

En un comunicado publicado en las redes sociales, esa agrupación política exigió en cambio que el gobierno de Duque detenga los ataques contra las protestas y respete los derechos humanos de quienes marchan.

En el caso de los civiles armados que disparan e intimidan a los manifestantes, solicitaron la intervención de la fiscalía y la policía para poner fin a esta forma de violencia, en especial contra la Minga indígena (protesta de los pueblos originarios).

El Pacto Histórico se pronunció a favor de la creación de corredores humanitarios que garanticen el abastecimiento de productos vitales y la atención de casos de emergencia, para lo que instó a las fuerzas del orden público respetar la persona de defensores de derechos humanos y misiones médicas.

Por otra parte, la organización Coordinadora Nacional Agrario (CNA) de Colombia, aglutinadora de campesinos y agromineros, ratificó el miércoles que la movilización contra la represión y el mal gobierno del presidente Iván Duque va en ascenso y los campesinos del centro-oriente del país siguen en pie de lucha por la vida, mientras se suman más integrantes en apoyo al paro nacional.

La CNA retuiteó un reporte de la ONG Temblores con datos actualizados sobre los hechos de violencia cometidos por la fuerza pública en el contexto del paro nacional.

El informe informó 40 homicidios cometidos presuntamente por dicha fuerza en menos de 15 días, dato que, a su juicio, debe poner en alerta a la comunidad internacional.

El Comité Nacional de Paro convocó una multitudinaria manifestación luego del fracaso de la reunión celebrada entre los dirigentes de la protesta y el presidente Duque.

La agrupación exhortó, por medio de un comunicado, a incrementar la protesta pacífica con estricto cumplimiento de las normas de bioseguridad, al tiempo que pidió continuar con los corredores humanitarios en solidaridad con las víctimas de la violencia policial y con la ciudadanía que se mantiene activa en Cali.

El colectivo aseguró que en el encuentro expresaron ‘con la claridad y hasta la saciedad, la exigencia de detener la violencia estatal y paraestatal contra quienes venimos protestando desde el pasado 28 de abril’.

Además, demandaron desmilitarizar la protesta y brindar garantías para ejercerla sin el riesgo de perder la vida, la integridad física o la libertad.

Añadieron que acerca de esa exigencia, el gobernante, como comandante general de las fuerzas armadas, no se comprometió a parar la barbarie que el mundo entero está presenciando.

‘Le planteamos que cualquier posible negociación requería el cese de la violencia contra las personas que están manifestando su descontento’, enfatizaron.

El objetivo es que el gobierno escuche el clamor del pueblo, modifique su posición y detenga la barbarie, para poder atender y negociar con todos los sectores sociales y de la ciudadanía que se están movilizando, sostienen los máximos dirigentes.