En medio de frecuentes llamados a fortalecer mecanismos económicos en pos de ajustar la situación que ha dejado la pandemia en numerosas naciones, las filtraciones de los llamados Pandora Papers ha iniciado una verdadera ola de preguntas sobre el tamaño y la complejidad de los esquemas de elusión de impuestos y hasta lavado de dinero de las élites.
La salida a la luz de estos 12 millones de documentos ha arrojado cifras exactas sobre la fortuna personal de más de 330 políticos de unos 90 países y sus elaboradas estrategias para mover dinero a paraísos fiscales alrededor del orbe.
Para Latinoamérica fue imposible escapar del ojo del huracán, algo que no sorprende dada la cantidad de escándalos de corrupción que acumula la región, sobre todo en materia de élites políticas.
Colombia y Honduras son los países con más políticos incluidos en las listas de Pandora, con 11 cada uno. Tres presidentes y 11 expresidentes latinoamericanos han aparecido públicamente involucrados.
Y es que precisamente el gran ruido lo hicieron las apariciones del ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader, acusados en pleno ejercicio del mando.
La nómina incluye también a los exmandatarios: Pedro Pablo Kuczynski, de Perú; Porfirio Lobo, de Honduras; César Gaviria y Andrés Pastrana, de Colombia; Francisco Flores, y Alfredo Cristiani, de El Salvador; Horacio Cartes, de Paraguay; y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares, de Panamá.
Por su parte, Canadá que aparece en las listas con más de un centenar de reconocidas figuras de diferentes sectores ya ha comenzado a mover engranajes para que el gobierno federal tome medidas.
Y es que la bomba de los Pandora Papers es, sobre todo, un llamado de atención a las entidades gubernamentales y a la ciudadanía a tener los ojos bien abiertos pues la corrupción y la ilegalidad se esconden tras la más afable mirada.
