Este 1ro de enero entró en vigor la ley que prohíbe a los extranjeros no residentes en Canadá adquirir una vivienda en el país. Esta medida, propuesta por el actual ejecutivo busca frenar el alza significativa en el precio de las propiedades, una problemática que afecta directamente a cientos de familias canadienses.
La nueva legislación establece excepciones para los compradores con cónyuges o parejas canadienses, así como para los refugiados y residentes permanentes, según un conjunto de regulaciones emitido por el ejecutivo canadiense en diciembre pasado.
Esta legislación da cumplimiento a una de las promesas del primer ministro, Justin Trudeau, durante su más reciente campaña electoral. En aquel momento Trudeau manifestó: “El atractivo de las casas canadienses está atrayendo a especuladores, corporaciones ricas e inversionistas extranjeros. Esto está generando un problema real de viviendas infrautilizadas y desocupadas, especulación desenfrenada y precios que se disparan. Las casas son para las personas, no para los inversionistas”.
Una casa en ciudades como Montreal, Vancouver o Toronto llegan a costar hasta hoy en día más de 600 mil dólares, cuando en 2013 estaban 50 por ciento más baratas.
A esta medida se suma el hecho de que el gobierno canadiense presentó en su ley de presupuesto para 2022-2023 iniciativas que apuntan a la reducción del déficit y el abaratamiento de la vivienda en el país. Una tercera parte del presupuesto está destinada a la compra de viviendas que terminen siendo más asequibles para los canadienses.
