La reciente llegada de tropas de Estados Unidos a Panamá, en el contexto de masivas protestas sociales y una profunda crisis política, encendió las alarmas de un debate en el país lationamericano sobre la soberanía, la seguridad del Canal y el rumbo del gobierno del presidente José Raúl Mulino.
Una huelga indefinida bajo el liderazgo de docentes y obreros de la construcción, bloqueos en la provincia de Bocas del Toro y una fuerte represión policial contra la comunidad indígena de Arimae en Darién fueron hechos paralelos al desembarco de infantes de Marina procedentes de Camp Lejeune, Carolina del Norte.
El pretexto de la presencia estadounidense se enfoca en la cooperación dirigida a combatir el crimen y el narcotráfico transnacional, y a garantizar el funcionamiento ininterrumpido de la referida vía interoceánica.
Sin embargo, apuntan diversas fuentes, la memoria histórica panameña recuerda con recelo la época en que existían enclaves militares norteamericanos en la nación istmeña, antes de la devolución del Canal en 1999, y teme un regreso encubierto de tal condición.
MEMORANDO POLÉMICO
El detonante inmediato de la indignación social fue el memorando de entendimiento firmado el 9 de abril último entre Panamá y Estados Unidos, que autoriza a Washington a utilizar bases aéreas y navales para “entrenamiento” durante tres años, con posibilidad de prórroga.
Aunque la Embajada estadounidense insiste en que la entrada de personal militar es rotativa y debe ser aprobada por Panamá, el acuerdo permite el uso de instalaciones estratégicas para actividades que van desde ejercicios conjuntos hasta operaciones humanitarias y almacenamiento de equipos.
Sindicatos de la construcción, gremios docentes y organizaciones indígenas denuncian que el pacto viola la soberanía nacional y consideran que representa una vuelta a los antiguos enclaves militares bajo un nuevo ropaje.
RESPUESTA SOCIAL
Otras protestas, desde finales de abril, exigen también la derogación de la Ley 462 de reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), percibida como un intento de privatización y desmantelamiento del sistema de pensiones.
En Bocas del Toro, según reportes de prensa, la situación se ha agravado por el bloqueo de carreteras y la represión policial, que incluye el impedimento del ingreso de alimentos y medicinas como táctica para asfixiar las manifestaciones.
Así, el episodio de la retención y la posterior liberación de una turista estadounidense atrapada en los cierres viales elevó aún más la tensión.
Por su parte, en Darién, la comunidad indígena de Arimae ha denunciado operativos represivos, desplazamientos forzados y sobrevuelos de helicópteros, en respuesta a sus demandas de protección de tierras ancestrales y derechos fundamentales.
La crisis social se desarrolla en paralelo a un deterioro del tejido institucional, y a unos días de la instalación de la Asamblea Nacional y la elección de su directiva, la coalición Vamos, que había generado expectativas de renovación política en las elecciones de mayo, se encuentra fracturada por la controversia en torno a la Ley 462 y los métodos clientelistas del Ejecutivo.
El almuerzo ofrecido por Mulino a los 48 diputados que respaldaron la reforma a la CSS ha sido interpretado como una maniobra para asegurar apoyos y perpetuar viejas prácticas de poder, generando tensiones internas y cuestionamientos sobre la transparencia y la agenda política.
Janine Prado, líder de Vamos, criticó la segmentación de parlamentarios y advirtió sobre el riesgo de que antiguos procedimientos sigan operando bajo nuevas banderas.
También, la designación de Luis Gómez, abogado personal de Mulino, como Procurador General de la República, ha sido denunciada como un intento de capturar las instituciones de justicia y debilitar los contrapesos democráticos.
SOBERANÍA EN JUEGO
A juicio del analista Ricardo Herrera, la firma de acuerdos con Estados Unidos no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia calculada para blindar la administración de Mulino con apoyo externo.
El presidente pañameno, sostiene el experto, no gobierna en función del bien común, sino que busca alianzas geopolíticas que le garanticen protección ante un eventual estallido social.
Mulino en lugar de promover el diálogo ha optado por la polarización y la criminalización de la protesta, recurriendo incluso a narrativas de enfrentamiento con supuestos agentes extranjeros para justificar la represión, critica.
Lejos de ser percibida como una garantía de seguridad, la presencia militar estadounidense es vista por amplios sectores como una amenaza a la neutralidad del Canal, a la soberanía nacional y un instrumento para sofocar la insurrección popular a cambio de concesiones sobre los recursos naturales del país.
Distintas voces afirman que el desenlace de esta confrontación marcará el rumbo de Panamá en el futuro y definirá su relación con la historia.
