La compleja relación entre el Gobierno, la minería y los movimientos sociales en Ecuador sumó un nuevo capítulo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General por el excandidato presidencial Yaku Pérez.
Tal paso, este 25 de agosto, según diversos sectores de la sociedad, podría sacudir las bases de la administración del mandatario Daniel Noboa y de su entorno familiar más cercano.
Detrás del otorgamiento de una licencia ambiental a la minera canadiense Dundee Precious Metals para su proyecto Loma Larga, en la provincia de Azuay, existiría un presunto tráfico de influencias en el que estarían involucrados el gobernante y su esposa, Lavinia Valbonesi, según el acusador.
Esa estimación pone en el centro del debate las posibles irregularidades que rodean a la industria extractiva en un país históricamente marcado por la confrontación entre desarrollo económico y conservación ambiental.
POSIBLES SECRETOS
Pérez aseguró a reporteros que la autorización ambiental firmada el 23 de junio último se habría llevado a cabo “en secreto y desde la clandestinidad”.
La gravedad de esa afirmación radica en que, para la sociedad civil y los sectores críticos de la minería, la transparencia en los procesos resulta fundamental a fin de garantizar que la explotación extractiva cumpla con las normativas y no dañe ecosistemas vitales ni a las comunidades que dependen de ellos.
“Dundee Precious Metals consiguió una licencia ambiental con fraude, donando, influyendo e incidiendo de manera dolosa”, sostuvo Pérez, quien agregó que tanto Noboa como la canciller, Gabriela Sommerfeld, participaron incluso en reuniones en Toronto, Canadá, con directivos de la minera para tratar el proyecto.
La denuncia se extiende, además, a la primera dama, supuesta responsable de haber recibido donaciones irregulares por parte de la entidad canadiense, de acuerdo con documentos entregados a la Fiscalía General.
Esa última acusación lleva la polémica a un terreno sensible, debido a la implicación directa de la familia presidencial, lo cual puede tener repercusiones políticas y legales.
MOVILIZACIÓN SOCIAL
Al margen del ámbito judicial, la denuncia de Pérez se suma a la creciente preocupación de organizaciones indígenas y sindicales, que la semana pasada se unieron para advertir sobre el posible impacto negativo del proyecto Loma Larga en la reserva natural de Kimsacocha.
Particularmente crítica ha sido la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay, que consideró un intento de Valbonesi “convencer a los habitantes con obsequios” durante sus visitas a las parroquias rurales de Cuenca, con el fin de minimizar los riesgos derivados de la actividad minera.
Kimsacocha, una reserva protegida de más de tres mil 200 hectáreas, es esencial para mantener el equilibrio ecológico y proveer agua potable a Cuenca y a localidades vecinas, indican expertos.
Colectivos que defienden el agua y el medio ambiente convocaron una marcha para el 16 de septiembre en la referida ciudad, como respuesta a la posibilidad de que empiecen las actividades sin garantías claras de protección al entorno.
RESPUESTA OFICIAL
En medio de estas denuncias y protestas, el Ministerio de Energía y Minas decidió suspender de manera temporal el inicio de las operaciones extractivas, a la espera de que Dundee Precious Metals haga público, en términos claros y accesibles, el Plan de Manejo Ambiental.
Para algunos sectores, según reportes de prensa, esta medida cautelar es un acto responsable que demuestra un mínimo reconocimiento del derecho de la población a conocer y verificar los impactos ambientales antes de avanzar en iniciativas cuestionadas.
Casi siempre, la minería en Ecuador ha sido un terreno de conflicto, en particular cuando involucra áreas protegidas o ecosistemas sensibles.
La extracción de oro, plata y cobre que plantea el proyecto Loma Larga representa una inversión de 419 millones de dólares, cifra atractiva para el desarrollo económico, pero que debe equilibrarse de forma cuidadosa, subrayan analistas.
Asimismo, apuntan que el proceder de Pérez pone en evidencia supuestos actos ilegales y reaviva un debate profundo y necesario acerca de la influencia de las élites políticas y empresariales en los procesos aprobatorios.
A futuro, serán cruciales la actuación de la Fiscalía General, para esclarecer las denuncias por tráfico de influencias y corrupción, y la disposición del Gobierno de Noboa de aclarar, con palabras y hechos, las condiciones bajo las cuales se desarrollan proyectos extractivos tan sensibles como Loma Larga.
Sin dudas, la denuncia contra el gobernante y la primera dama, junto con las movilizaciones sociales y la suspensión temporal del proyecto, muestran una situación en la que los intereses políticos, económicos y sociales chocan en una nación que aún busca equilibrar desarrollo y sostenibilidad.
El respeto por los derechos humanos y ambientales, la transparencia y la integridad del accionar gubernamental serán necesarios para evitar que esta crisis se profundice y que Ecuador continúe atrapado en el denominado “dilema minero”.
