El Sistema de Naciones Unidas en Colombia saludó la imposición de las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al último secretariado de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
De acuerdo con las instituciones que representan al órgano multilateral, las sanciones propias impuestas a los exlíderes guerrilleros constituyen un paso hacia adelante en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016 y en el camino hacia la consolidación de la paz.
“Las sentencias restaurativas son fundamentales para materializar la aspiración de justicia por parte de las víctimas y la sociedad, en el marco de un proceso que lleve al país hacia la reconciliación”, puntualizó el comunicado difundido en Bogotá.
Añadió que el modelo innovador de justicia transicional que encarna la JEP busca garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, contribuye a la lucha contra la impunidad y fortalece las garantías de no repetición.
“El reconocimiento de verdad y responsabilidad que han realizado los comparecientes ante la JEP constituye un hito en los procesos de paz. (…) Asimismo, es fundamental que el Gobierno garantice las condiciones para la implementación de estas sanciones, incluidos los recursos financieros y la seguridad”, detalló el documento.
Por último, aseguró el texto, Naciones Unidas continuará apoyando la crucial labor de la JEP en el marco de su compromiso de acompañar a Colombia en la implementación del Acuerdo Final de 2016, instrumento esencial para consolidar la paz y sentar las bases de la reconciliación en el país.
Más temprano, por los delitos asociados con la privación de personas, la JEP impuso a siete exlíderes guerrilleros ocho años de sanción propia, que cumplirán con proyectos restaurativos, incluidos aquellos de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, recuperación ambiental y desminado humanitario.
Posteriormente, en un comunicado divulgado en redes sociales, los exlíderes de la desaparecida guerrilla —Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton Toncel, Jaime Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda— reconocieron que las sanciones propias son un mandato de la justicia para la paz y también un compromiso ético y político con las víctimas y con el país.
