Haití vive una encrucijada histórica marcada por una nueva forma de intervención extranjera que revive las sombras del neocolonialismo que ha determinado su destino desde hace más de dos siglos.
Más allá de ser el primer país de América Latina y el Caribe en lograr la independencia en 1804, tras una revolución encabezada por esclavos, su soberanía ha estado sistemáticamente vulnerada desde entonces.
Actualmente, en un contexto de violencia desbordada y debilitamiento del Estado, la compañía estadounidense de seguridad privada Vectus Global anunció su despliegue en Haití por una década, con la misión declarada de estabilizar la nación y recuperar el control de territorios secuestrados por pandillas que dominan el 90 por ciento de Puerto Príncipe, la capital.
Para diferentes voces, esta presencia representa una ocupación encubierta y genera cuestionamientos sobre la viabilidad y la ética de dejar en manos de mercenarios privados la seguridad nacional.
Intervenciones extranjeras
Disfrazadas de “protección” o “intervención humanitaria”, como las ocupaciones de Estados Unidos en el siglo XX, las injerencias externas han hecho sufrir a Haití, víctima también de dictaduras militares, golpes de Estado y magnicidios.
Según politólogos, tales intromisiones perpetúan la inestabilidad al impedir una solución auténtica a la gobernabilidad, pues la imposición de actores externos crea dependencia.
El panorama actual no escapa a esta lógica. Vectus Global, empresa fundada por el ex Navy SEAL estadounidense Erik Prince —quien estuvo detrás de Blackwater—, opera desde marzo en Haití y ya ejerce labores de seguridad y de recaudación fiscal en las fronteras.
La sombra mercenaria
Prince declaró a la prensa que su objetivo es recuperar el control de las rutas y territorios dominados por pandillas en un año.
Sin embargo, el contrato, que implica una ocupación por una década, no revela detalles financieros, lo cual despierta suspicacia entre analistas y defensores de derechos humanos.
La fuerza mercenaria, con integrantes europeos incluidos, dispone de francotiradores especializados, expertos en inteligencia y medios aéreos y navales.
A juicio del sociólogo Frédéric Boisrond, citado por la agencia Prensa Latina, el uso de mercenarios hace añicos la vida nacional y demuestra el fracaso del Consejo Presidencial de Transición y de quienes avalaron este modelo.
Por su parte, Gedeón Jean, director del Centro de Análisis e Investigación sobre Derechos Humanos en Haití, alertó que las empresas militares privadas no son la solución a la inseguridad del país. Su historial, opinó, muestra repetidas violaciones de derechos y un entramado de complicidades que solo aumentan la violencia.
Panorama de desesperanza
Diversos analistas sostienen que un sentimiento de traición y pérdida alimenta el descontento social en medio de la crisis política y económica nacional.
La entrega de la seguridad a un actor privado extranjero es considerada por muchos como una continuación del ciclo neocolonial en la historia de Haití.
En opinión de especialistas, la presencia de Vectus Global puede verse como una salida pragmática ante la anarquía, pero también como un retroceso que compromete aún más la soberanía haitiana.
Al respecto, la investigadora Nancy Roc subrayó que Prince representa un paradigma militar que prioriza resultados rápidos y una gestión eficiente a costa de la diplomacia y de los derechos humanos. Consideró que su modelo es “un servicio militar a la carta” que llena los vacíos dejados por Estados Unidos en escenarios de conflicto.
Sin casi margen de dudas, como estiman no pocos, Vectus Global simboliza una nueva forma de ocupación en Haití, esta vez disfrazada de privatización de la seguridad.
Llegar a esta situación demuestra hasta qué punto han fracasado tanto el actual modelo político como la comunidad internacional en apoyar verdaderas soluciones soberanas y sostenibles para Haití, recalcó Boisrond.
Con el tiempo suficiente y la voluntad de revertir esta tendencia, la esperanza reside en la capacidad de la sociedad haitiana y de sus líderes para rescatar la soberanía y construir un Estado de Derecho, sin depender de fuerzas externas armadas ni de intereses mercenarios.
