El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Marlon Vargas, denunció ante el Legislativo lo que calificó como hechos de represión estatal, abusos y violaciones de derechos humanos en el contexto del paro nacional.
Vargas compareció el martes pasado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, donde se proyectaron videos difundidos en redes sociales que evidenciarían las presuntas vulneraciones durante las protestas de la última semana.
Solicitó a los legisladores iniciar un proceso de juicio político contra los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia durante las manifestaciones.
Junto a la vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, el dirigente pidió al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, que rinda cuentas por las detenciones arbitrarias y el crimen de Estado contra Efraín Fuerez, quien murió el pasado 28 de septiembre tras ser baleado en una protesta.
En declaraciones a la prensa al salir de la Comisión, Vargas señaló que “mientras las bases de todos los pueblos y nacionalidades no nos autoricen lo contrario, el paro se mantiene”.
Esa afirmación llegó luego de que Álvaro Castillo, alcalde de Ibarra, capital de la provincia norteña de Imbabura —epicentro de las protestas indígenas contra el alza del diésel—, informara sobre un primer acercamiento entre dirigentes indígenas y campesinos con el Gobierno de Noboa.
“Seguimos todavía con las carreteras cerradas, a pesar de que ayer hubo ya un inicio de un diálogo frontal y formal entre representantes del Gobierno nacional y los sectores campesinos indígenas”, dijo Castillo al canal Teleamazonas.
No obstante, Vargas recalcó que el movimiento indígena mantiene su postura firme frente a las medidas económicas impuestas por el Ejecutivo y advirtió que la resistencia continuará en todo el país.
Las manifestaciones, iniciadas el 22 de septiembre, dejan reportes de más de un centenar de violaciones de derechos, según organizaciones de la sociedad civil, mientras la Conaie insiste en que no dará “ni un paso atrás” hasta derogar el decreto que elevó el precio del diésel de 1,80 a 2,80 dólares por galón.
