Al estilo, quizás, de uno de los guiones de las famosas telenovelas de Brasil llegaron estos elementos: convocatoria de un hijo senador a una vigilia frente al condominio del arresto domiciliario, daños a la tobillera electrónica, diferentes versiones particulares para ese proceder, arresto preventivo, satisfacción entre opositores e inconformidad de los copartidarios…
Sin embargo, no se trata de ficción; fueron los hechos reales, según versiones periodísticas, del último fin de semana relacionado con el expresidente ultraderechista de ese país sudamericano Jair Bolsonaro, quien en días posteriores continuó en titulares de otras naciones diferentes a la suya.
Entonces, el martes último, Bolsonaro se convirtió en el primer exgobernante democrático de Brasil en ingresar de manera formal a prisión para cumplir una condena de 27 años y tres meses por intentar quebrantar el orden constitucional.
Para diversas voces, su reclusión en la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia, donde estaba desde el 22 de noviembre, representa el clímax de un proceso judicial exhaustivo y una prueba de fuego para las instituciones nacionales frente a los intentos de subversión golpista.
SENTENCIA FIRME
Como era esperado, correspondió concluir el caso al Supremo Tribunal Federal (STF), que declaró firme la sentencia contra el otrora mandatario por cinco delitos: organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daños agravados mediante violencia y amenazas graves, y deterioro del patrimonio histórico.
Todo eso como evidencia de un plan coordinado para desestabilizar el sistema electoral tras los comicios generales de 2022, que perdió ante Luiz Inácio Lula da Silva, el actual jefe de Estado.
Durante el proceso judicial fue demostrada la existencia de una organización criminal que actuó en diversos frentes para ejecutar la ruptura de la democracia, desde discursos públicos hasta presiones al alto mando de las Fuerzas Armadas.
Además de Bolsonaro, el STF condenó a seis de sus aliados, incluidos generales ya tras las rejas, como Walter Braga Netto, Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, y el excomandante de la Marina Almir Garnier. Mientras tanto, el teniente coronel Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, y el diputado Alexandre Ramagem están libres, pues el primero llegó a un acuerdo de culpabilidad y cumplió la condena estipulada en el pacto, y el segundo huyó a Estados Unidos antes de que finalizara el proceso.
Resulta probable que algunos abogados defensores de los golpistas presos intenten apelar ante el pleno del STF, pero las posibilidades de triunfo, en opinión de analistas, parecen casi nulas.
POLARIZACIÓN SOSTENIDA
Como escribimos en este periódico en septiembre pasado, cuando se divulgó la sentencia contra Bolsonaro, la división en la sociedad brasileña resulta evidente, aunque la fortaleza institucional demostrada por el STF, plantean expertos, resulta fundamental para evitar que las diferencias políticas degeneren en violencia o crisis institucionales mayores.
Existen pocas dudas, reiteramos ahora, de que la condena limita la capacidad de Bolsonaro para influir directamente en futuras contiendas electorales y representa un precedente legal para posibles procesos contra otros actores políticos relacionados con prácticas anticonstitucionales.
En términos más amplios, el caso Bolsonaro evidencia la importancia de la justicia constitucional como garante efectiva de la democracia frente a movimientos populistas autoritarios.
Adicionalmente, fortalece la noción de que los mecanismos legales y jurídicos son los únicos caminos válidos para dirimir disputas políticas, diametralmente opuestos a las manifestaciones violentas.
CRITERIO DE LULA
De acuerdo con Lula, por primera vez en la historia de Brasil hay alguien encarcelado por intento de golpe de Estado.
“No por el encarcelamiento de nadie, estoy contento porque el país demostró que tiene la madurez suficiente para ejercer la democracia en su pleno sentido”, subrayó el gobernante en un acto oficial.
Expresó que tal práctica es un derecho de 215 millones de brasileños, de todos sus compatriotas, y no un privilegio de nadie.
“Por eso me alegro”, recalcó Lula, quien también ocupó la Presidencia desde el primero de enero de 2003 hasta el mismo día de 2011 durante dos periodos consecutivos de cuatro años cada uno.
