Hace un año ocurrió un hecho que cambió el rumbo de la ciudadanía en Canadá. En diciembre de 2023, un juez del Tribunal Federal determinó que una parte de la Ley de Ciudadanía no era justa. Se trataba de la regla conocida como “límite de primera generación”, que impedía que un canadiense nacido fuera del país transmitiera la ciudadanía a un hijo también nacido en el extranjero. Esa decisión judicial abrió un debate nacional sobre quién es realmente canadiense, cómo se transmite la ciudadanía y por qué tantas familias estaban quedando atrapadas entre normas confusas y desactualizadas. Ese día marcó el inicio del proceso que culminó con el proyecto de ley C-3, aprobado en noviembre de 2025.
Para entender por qué esta reforma era necesaria, es útil recordar cómo funcionaba la ley. Durante muchos años, Canadá permitía que un ciudadano nacido en el país transmitiera su ciudadanía a sus hijos nacidos en el extranjero sin dificultad. Sin embargo, si ese ciudadano canadiense había nacido fuera de Canadá, aunque hubiese vivido casi toda su vida dentro del país, no podía hacer lo mismo. Podía tratarse de una persona que llegó de bebé, estudió, trabajó, pagó impuestos y formó su familia en Canadá, pero aun así carecía de los mismos derechos que alguien nacido en territorio canadiense. Este sistema provocó situaciones absurdas: hermanos con estatus distintos, hijos de ciudadanos canadienses que no eran reconocidos como tales y jóvenes que crecieron creyendo que eran ciudadanos solo para descubrir en la adultez que legalmente no lo eran.
Ese problema afectó a miles de personas y dio origen al término “canadienses perdidos”: individuos con vínculos reales con Canadá que, debido a reglas antiguas, no podían acceder al estatus que en lógica y justicia les correspondía. También perjudicó a familias con mucha movilidad internacional por razones laborales —diplomáticos, militares, trabajadores de organizaciones internacionales o profesionales que vivían por temporadas fuera—. No eran menos canadienses; simplemente su estilo de vida no encajaba en una ley que nunca fue actualizada para reflejar la realidad moderna de un mundo interconectado.
El fallo judicial de diciembre de 2023 fue el detonante. El juez concluyó que la regla violaba los principios de igualdad de la Carta de Derechos y Libertades porque trataba de forma desigual a canadienses nacidos dentro y fuera del país. Señaló que el lugar de nacimiento no podía determinar el valor de la ciudadanía ni limitar los derechos de una persona. A partir de ahí, surgió una fuerte presión para que el gobierno actuara. Organizaciones, familias, abogados, académicos y políticos exigieron una corrección legislativa. La discusión se volvió nacional y, por primera vez en años, el país habló de ciudadanía no solo como un documento, sino como un derecho que influye directamente en la vida, la identidad y el sentido de pertenencia.
En respuesta, el gobierno presentó el proyecto de ley C-3 en 2024. Su objetivo era corregir injusticias y modernizar la legislación. Finalmente, el 21 de noviembre de 2025, el proyecto se convirtió en ley. Aunque aún no ha entrado en vigor —el gobierno debe anunciar la fecha oficial de implementación—, su contenido ya está cambiando las expectativas de muchas familias.
Uno de los cambios más importantes es la eliminación del límite de primera generación. Esto significa que, una vez aplicada la ley, un ciudadano canadiense podrá transmitir la ciudadanía a sus hijos nacidos en el extranjero sin importar si él mismo nació dentro o fuera del país. Este cambio permitirá que miles de niños y adultos que quedaron fuera del sistema finalmente sean reconocidos como ciudadanos. Es un avance significativo para corregir injusticias de larga data.
La reforma también contempla medidas para personas que perdieron la ciudadanía debido a reglas antiguas, algunas de ellas basadas en normas discriminatorias relacionadas con el género o el estado civil. Hubo mujeres que perdieron su ciudadanía al casarse con extranjeros o hijos que no pudieron obtenerla por leyes que ya no tienen sentido. Ahora tendrán la oportunidad de recuperar lo que nunca debieron perder.
Sin embargo, la ley introduce un nuevo requisito clave: la “conexión sustancial” con Canadá. Para que un hijo nacido o adoptado en el extranjero pueda recibir la ciudadanía, el padre o madre canadiense deberá demostrar al menos 1.095 días de residencia en el país (tres años). La intención es equilibrar la transmisión de la ciudadanía con la existencia de un vínculo real con Canadá.
Este requisito podría afectar a familias que pasan largos periodos fuera, por lo que será esencial conservar documentos que prueben la residencia: declaraciones de impuestos, recibos de pago, contratos de alquiler, historiales escolares, registros médicos, documentos migratorios o sellos de pasaporte.
Aunque la ley está aprobada, todavía no se aplica, y el proceso no será automático. Quienes deseen beneficiarse deberán presentar una solicitud formal para obtener un certificado de ciudadanía. Por ello conviene preparar la documentación con anticipación.
El impacto será profundo. Beneficiará a canadienses que viven temporalmente en el extranjero, a familias mixtas, a personas afectadas por reglas injustas y a quienes adoptan fuera del país. Además, refleja una visión moderna de la ciudadanía: reconoce familias diversas, internacionales y móviles, y entiende que vivir fuera temporalmente no disminuye los vínculos con Canadá.
Hace un año, una decisión judicial abrió la puerta al cambio. Hoy, con la aprobación del proyecto de ley C-3, Canadá da un paso importante hacia una ciudadanía más justa, humana y acorde con el mundo actual. Aunque faltan detalles oficiales, este es un momento histórico para miles de familias que, por primera vez, ven un camino claro hacia el reconocimiento pleno de su identidad canadiense.
Vilma Filici
Consultora de Inmigración certificada
