En un veredicto que tiene más de político que judicial, la Corte Suprema de Justicia de Argentina avaló la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la exmandataria Cristina Fernández.
Los tres magistrados del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, firmaron un dictamen histórico que cambia el mapa de la política argentina.
El lunes pasado en una reunión con la dirigencia del Partido Justicialista (PJ) la exmandataria y su titular se anticipó al dictamen y le expresó a los líderes peronistas: “Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo porque lo siento de esa manera”.
Con ese comentario, Cristina se animó a afirmar: “Soy una fusilada que vive y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios”. Y precisó: “Me meterán presa, pero esto no resolverá los graves problemas que vive Argentina”.
El veredicto no obstante absuelve a la exdignataria del delito de asociación ilícita, pedido por la fiscalía, que fue la principal imputación en el proceso de la instancia menor que la sentenció.
Para analistas y políticos esta es la consumación del “Lawfare” que golpeó a otros líderes populares en Latinoamérica, igual al que llevó al brasileño Inácio Lula Da Silva a prisión en Brasil y la condena contra el ecuatoriano Rafael Correa en Ecuador.
La sentencia inhabilita de por vida de manera inmediata a la expresidenta a ocupar cargos públicos por lo que no podrá ser candidata a diputada en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires para lo que anunció su postulación a las elecciones locales del 7 de septiembre.
Por ser mayor de 70 años (tiene 72), Cristina podrá gozar del beneficio de la prisión domiciliaria. Se especuló con distintas posibilidades, pero la opción más probable es que lo haga en su departamento de San Cristóbal, adonde se mudó tras su paso por Recoleta.
