Listo para su promulgación está en Chile el proyecto que crea la figura jurídica de Ausente por Desaparición Forzada, el cual busca reconocer a las víctimas de ese delito durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La moción fue aprobada en su tercer trámite en la Cámara de Diputados, por 89 votos a favor, 28 en contra y cuatro abstenciones, y será enviada al Ejecutivo para su publicación como ley de la República.
Impulsada por la legisladora Lorena Pizarro, del Partido Comunista de Chile (PCCh), la iniciativa prevé la creación de un registro público y gratuito de los detenidos desaparecidos durante los 17 años del régimen de Pinochet.
La inscripción detallará el nombre, nacionalidad, fecha de nacimiento, edad de la persona al momento de su detención, y el día del arresto, secuestro o privación de libertad.
De las 40 mil víctimas de la dictadura, todavía hoy se desconoce el paradero de mil 100 personas. El 50,28 % de ellas eran obreros o campesinos y 13,6 % menores de 21 años.
Para la parlamentaria Carmen Hertz (PCCh), este es un paso fundamental que responde a las obligaciones estatales de reparación, prevención y no repetición de las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en dictadura.
Mientras tanto, Carolina Tello, del Frente Amplio, declaró que este proyecto “viene a hacer justicia ante tantos años de impunidad” y recordó que “durante mucho tiempo cientos de familias han vivido sin verdad ni siquiera con el reconocimiento legal de la ausencia de sus seres queridos”.
En fecha reciente, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, declaró que con este proyecto “se salda una deuda del Estado con el país y, sobre todo, con los familiares”.
“La creación de este registro permitirá a las familias tener un certificado que diga que sus seres queridos están ausentes por desaparición forzada”, explicó.
El 11 de septiembre, durante un acto en el Palacio de La Moneda, con motivo del 52 aniversario del golpe de Estado, el presidente Gabriel Boric expresó que la figura jurídica de ausente “facilita la vida de sus familiares” y constituye un paso más hacia la justicia y la memoria histórica.
