Uruguay es uno de los países más armados de América Latina, según un informe del Ministerio del Interior (MI) divulgado en su capital, Montevideo.
El reporte da cuenta del registro de 617 mil armas, por lo que uno de cada seis habitantes posee un revólver u otro tipo de armamento. Señala que entre 2013 y 2024, los delitos cometidos con armas de fuego crecieron un 300 por ciento, con una marcada expansión hacia el interior del país.
Entre 2011 y 2024, los homicidios aumentaron un 87 por ciento, y la mayoría de ellos se cometen con armas de fuego. Otro factor que contribuye a este escenario de violencia es el consumo de drogas, tanto legales como ilegales.
El informe consigna que la principal causa de conducta criminal sigue siendo el consumo de cocaína y pasta base, especialmente en contextos de exclusión social, cárceles y entre personas en situación de calle. Esta situación, añade, agrava los problemas de salud mental que afectan a la población sin hogar.
Respecto a la respuesta del sistema penal, se indica que el gasto en seguridad aumentó un 21 por ciento en términos reales entre 2013 y 2024, pero el egreso por recluso disminuyó en un 27 por ciento.
De acuerdo con su población, Uruguay cuenta con una de las mayores fuerzas policiales de la región, con 21 mil 146 efectivos dedicados a tareas de prevención y represión, lo cual equivale a 591 policías por cada 100 mil habitantes.
Asimismo, el país posee una de las tasas de encarcelamiento más altas del mundo, con 444,7 presos por cada 100 mil habitantes.
El 65,6 por ciento de las personas liberadas reincide en menos de tres años, según el informe.
En sus conclusiones generales, el documento señala una paradoja en la situación de seguridad del país: Uruguay combina altos niveles de control penal —en cantidad de efectivos y capacidad represiva— con baja capacidad preventiva y de análisis sobre las conductas delictivas actuales.
Al mismo tiempo, el aumento sostenido de las armas y del consumo de drogas impulsa la delincuencia y, especialmente, los homicidios.
