La destitución de Dina Boluarte como presidenta de Perú ensanchó la prolongada crisis política de ese país sudamericano, en la cual se combinan inseguridad ciudadana, escándalos de corrupción y dosis de autoritarismo.
En la madrugada del pasado 10 de octubre, el Congreso peruano aprobó por unanimidad, con 118 votos a favor, la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, una figura constitucional que ha terminado con las administraciones de casi todos los presidentes desde 2018.
Tal determinación situó como sucesor de Boluarte a José Jerí, presidente de la entidad legislativa y responsable de asumir el nuevo cargo en el contexto de una ola de violencia criminal que colmó la paciencia de sus colegas, incluso de integrantes de los partidos que hasta entonces habían sostenido a la mandataria.
Detonante y crisis agravada
El ataque armado contra la banda de cumbia Agua Marina durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos fue el punto de quiebre para acelerar el proceso.
Ocurrido en un recinto de alta seguridad simbólica, ese suceso evidenció la impunidad con que operan las organizaciones dedicadas a la extorsión, pues, según investigaciones periodísticas, el grupo musical había recibido amenazas previas de un criminal apodado El Monstruo, quien les exigió el pago de “un cupo” para poder presentarse en la zona.
Datos oficiales revelan que Perú se ha vuelto más violento de manera progresiva: en el primer semestre de 2025 se registraron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024 y, solo en agosto pasado, hubo 209.
La respuesta del gobierno de Boluarte contra el problema —decretar estado de emergencia y desplegar a las fuerzas armadas en diferentes lugares del país— había demostrado su ineficacia para contener la criminalidad, expusieron reportes de prensa.
A la par, para septiembre último, apenas el tres por ciento de los peruanos aprobaba la gestión de la presidenta, y el respaldo era nulo en los jóvenes de 18 a 24 años, cifras inéditas de cualquier gobernante en tiempos modernos.
Corrupción como factor de desgaste
Junto a la crisis de seguridad, sucesivos escándalos de corrupción dañaron la imagen de Boluarte, quien enfrentaba al menos siete investigaciones, incluida la acusación de cohecho impropio por haber aceptado presuntamente regalos de relojes Rolex y joyas de alto valor cuyo origen no pudo explicar.
En diciembre de 2024, la Fiscalía abrió otra pesquisa por presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono del cargo, después de que se revelara que la presidenta se había ausentado para someterse a cirugías estéticas sin informar al Congreso, como exige la ley.
Boluarte negó todas las acusaciones y llegó a afirmar en marzo del presente año que las investigaciones en su contra formaban parte de un golpe de Estado blando orquestado por el Ministerio Público.
Ruptura de la democracia
Más allá de su presentación en 2023 como una mujer de paz, concertadora y creyente en la democracia, el accionar de Boluarte en el poder reveló un patrón diferente, opinan analistas.
También sostienen que la dura represión contra las protestas después de la destitución del entonces presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022, con saldo de 49 muertos, la alejó definitivamente de los sectores indígenas, campesinos y de izquierda.
La ruptura con sus bases se consumó cuando Boluarte decidió no convocar a comicios anticipados y, en cambio, intentó completar el periodo para el que fue elegido Castillo, mediante alianza con el fujimorismo y otras fuerzas de derecha.
Sucesión y desafíos
José Jerí, un abogado de 38 años de edad y miembro del partido Somos Perú, asumió la presidencia tras la vacancia de Boluarte, y antes de la sucesión constitucional se había desempeñado como presidente del Congreso.
Sin embargo, recordaron adversarios políticos, su figura no está exenta de controversia, pues ha enfrentado investigaciones por denuncias de abuso sexual (posteriormente archivadas) y presuntos actos de corrupción que él ha desestimado.
En sus primeras palabras como mandatario, Jerí se comprometió a declararle la guerra al crimen y prometió liderar un gobierno de reconciliación, que, además, deberá manejar de forma adecuada la creciente presión sobre las finanzas públicas.
Aunque algunos estimados refieren un crecimiento de la economía peruana, existen preocupaciones por medidas que reducen ingresos o implican mayor gasto en los próximos años.
Criterios de expertos recalcan que Boluarte hizo poco o nada por detener los ataques al Estado de Derecho e incluso implementó políticas que contribuyeron a la erosión de las normas democráticas.
Por otro lado, la vacancia por incapacidad moral se ha convertido en un mecanismo recurrente con el fin de “resolver” conflictos políticos en Perú, que debe celebrar elecciones presidenciales en abril de 2026 y donde imperan también la debilidad institucional, la corrupción endémica y la falta de capacidad para garantizar seguridad ciudadana.
