Panamá en la encrucijada del repunte económico

La economía de Panamá sufre hoy el ‘efecto cascada’ de la reciente rebaja de grado de inversión hecho por la calificadora estadounidense Fitch Ratings, lo que a corto plazo pudiera afectar al sector financiero.

La estabilidad del país la deterioró la pandemia de Covid-19 desde 2020, cuando los ingresos fiscales se desmoronaron tras la casi inmovilidad en una larga cuarentena para tratar de reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas en una crisis sanitaria que se ensañó contra la pequeña nación de 4,3 millones de habitantes.

Esperanzas llegadas desde evaluadores internacionales apuntaban que este nuevo año las cosas serían distintas y las fuentes generadoras de riquezas irrumpirían con el mayor crecimiento de la región y vaticinios repetidos por el Gobierno Nacional de 5,5 por ciento de crecimiento en 2021.

Transcurridos los primeros 45 días del actual año, las ansiadas noticias positivas constituyen una quimera, mientras se impone la cordura de las autoridades sanitarias de abrir actividades productivas y de servicio escalonadamente para evitar una tercera ola de la fatídica enfermedad.

La calificación de Fitch Ratings al rebajar a negativo (BBB-) el grado de inversión en el país, vino a desbordar la copa de los problemas y como un alud de nieve esa entidad disminuyó también la confianza en algunas empresas y en al menos cinco de los más importantes bancos locales.

El criterio de esas firmas que monitorean las finanzas mundiales es tomado en cuenta por inversionistas y acreedores, quienes le ponen un precio al ‘riesgo’ y lo suman a los intereses de préstamos para créditos bancarios o financiamiento de obras.

Al explicar su acción, la evaluadora expresó que tomó en cuenta ‘un marcado deterioro en los déficits fiscales y un aumento significativo de la carga de la deuda del gobierno’, parte de la cual fueron compromisos de la administración precedente, calculados en 1,8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aseveró la fuente.

Esta situación financiera heredada parecía ser un escollo a salvar en los primeros meses de 2020, pero el 9 de marzo pasado comenzó la tragedia sanitaria y se desmoronaron todos los planes de rescate de la disciplina fiscal y de romper con la cadena de impagos que ralentizó la circulación monetaria interna.

La estimación más reciente del Ministerio de Economía y Finanzas señaló que preliminarmente en 2020 la contracción alcanzó el 17 por ciento del PIB, a partir del balance del sector público no financiero que arrojó un déficit fiscal de cinco mil 350 millones de dólares, por caída de ingresos y aumento de gastos.

Desde los sectores obreros y empresariales aumentan las presiones para la apertura total y el inicio de la recuperación productiva; pero la realidad de los hospitales impone la responsabilidad por la vida. La bifurcación sugiere intereses opuestos y una decisión peliaguda.