Ayotzinapa, Crimen de Estado ¿y qué más?

Mexico's Undersecretary of Human Rights Alejandro Encinas speaks as he attends a report on the 43 missing students of the Ayotzinapa Teacher Training College by members of a team of international experts, at the National Palace, in Mexico City, Mexico August 18, 2022. REUTERS/Henry Romero

La Comisión para el Acceso a la Verdad y Justicia sobre los 43 de Ayotzinapa rindió un informe sobre su investigación que revolvió el avispero al proclamar Crimen de Estado la desaparición de los jóvenes.

Se trata de un criterio que puede cambiar radicalmente la dinámica de la investigación, la cual rompió la inercia criticada para colocarse en un punto complicado y difícil pero esperanzador de la aclaración de todo.

Humberto Guerrero, especialista en derecho penal internacional y miembro de la comisión, explica que, como tal, “el Crimen de Estado no existe en el ordenamiento jurídico mexicano, pero sí en el Derecho Internacional cuando hablamos de delitos como la desaparición forzada y la tortura, y se convierten en crímenes de lesa humanidad cuando se cometen de manera sistemática o generalizada”.

El Crimen de Estado no exime de responsabilidad ante un delito a quien está obedeciendo órdenes. Ni en estructuras altamente jerarquizadas como la militar. Por lo tanto, declarar Ayotzinapa así es un total cambio de enfoque al caso.

Esto supone que tanto la Fiscalía como los juzgadores mexicanos van a tener que aplicar el conjunto de reglas desarrolladas en el Derecho Penal Internacional para analizar la desaparición de los 43 estudiantes, y las conductas desplegadas después para ocultar lo ocurrido.

Con este reconocimiento, agregó, se demuestra que en Guerrero existía una red criminal conformada no solo por delincuencia organizada sino también por autoridades de los tres niveles de gobierno, y que lo ocurrido no fue un hecho aislado sino formaba parte de un patrón de actuación y la investigación debería reflejar eso, afirma Guerrero.

Casi ocho años después de los execrables hechos de Iguala, que se cumplirán el 26 y 27 de septiembre, surge por vez primera vez una luz que abre esperanzas sobre el esclarecimiento total de uno de los crímenes más atroces, abominables e injustificables en un país de violencia como lamentablemente es México.

Lo más importante es que la comisión, después de más de tres años de una tenaz búsqueda e investigación, logró reunir un gran cúmulo de pruebas, evidencias y rastros que le permitieron tipificar como Crimen de Estado la desaparición y asesinato de los 43 normalistas de la “Raúl Isidro Burgos”, algo sumamente relevante.

Es el resultado, como explicó con mucha claridad el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien encabeza la comisión, de separar las aguas en dos vertientes bien definidas entre sí, pero al mismo tiempo dependientes. La primera, el macabro hecho en sí del asesinato y la salvaje forma en que procedieron sus autores.

El segundo es el que más sombras y dudas arroja: el ocultamiento exprofeso del crimen, lo cual generó un “pacto de silencio” que involucró a decenas de personas amparadas durante todo este tiempo por una mampara blindada por las propias autoridades del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), llamada “Verdad Histórica”, una farsa nunca creída pero tampoco desmentida, que les permitió impunidad.

DESPEJAR INCÓGNITAS

La comisión, integrada por representantes de numerosas instituciones estatales y civiles, logró despejar una enorme cantidad de incógnitas en la primera vertiente -el hecho criminal- que permitió desmontar y dejar en el esqueleto la “verdad histórica” inventada.

También contextualizar el episodio criminal de Ayotzinapa, dejar al descubierto la actuación de los autores e incluso personalizar a una gran parte de los responsables o actores, los cuales pueden sumar casi un centenar.

Fue este desbrozamiento del camino hacia la aclaración de los hechos lo que permitió a los comisionados definir posteriormente la intervención de las autoridades de distintos órdenes de gobierno en el encubrimiento de lo ocurrido la trágica noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De cómo se trabajó para llegar a la realidad de los hechos lo explicó el propio Encinas en una conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la que citamos solamente unos pocos datos:

“El análisis que hemos realizado se sustenta en la evaluación de 87 millones de registros telefónicos depurados para ubicar 84 mil de ellos claves, 17 números analizados rigurosamente a lo largo de los últimos dos años, que nos permitió hacer un mapeo y geolocalización de otros 116 y al mismo tiempo complementar esta información con los 41 mil 168 documentos que fueron aportados por la Administración Pública Federal y otros órganos autónomos”.

En la investigación quedó documentado con pruebas el asesinato y posterior desaparición de los jóvenes desde el mismo momento que salieron de Ayotzinapa hasta Iguala, los propósitos del viaje de participar en una marcha organizada en Ciudad de México, que nunca estuvieron juntos ni viajaron en caravana los 43, ni el asesinato fue masivo y en un solo lugar, el basurero de Cocula, donde incineraron a unos cuantos.