Canadá cuenta con uno de los sistemas de protección infantil más robustos del mundo desde el punto de vista legal e institucional. Sin embargo, expertos y organizaciones advierten que persisten desafíos estructurales que impactan de manera desproporcionada a comunidades marginadas, entre ellas la población latino-canadiense en la provincia de Ontario.
El país ha construido una base sólida para la protección de la infancia. Las leyes federales y provinciales garantizan la protección contra el maltrato físico, emocional y la negligencia, mientras que programas como el Canada Child Benefit (CCB) contribuyen a reducir la pobreza infantil en los últimos años. Además, el principio del “deber de informar” obliga a profesionales y ciudadanos a reportar sospechas de abuso que se traducen en una red activa de vigilancia.
No obstante, el aumento del costo de la vida, la presión sobre los servicios sociales y las limitaciones de recursos debilitan la capacidad de respuesta del sistema. En Ontario, agencias de protección infantil reportan saturación, con casos de niños alojados temporalmente en hoteles por falta de hogares de acogida, una señal clara de crisis en la infraestructura de cuidado.
Datos recientes muestran que niños de comunidades indígenas, afrodescendientes y latino-canadienses están sobrerrepresentados en el sistema de bienestar infantil. En Toronto, las familias latinas son investigadas 2.3 veces más que el promedio por sospechas de maltrato, pese a representar una proporción mucho menor de la población infantil, registra la Comisión de Derechos Humanos de Ontario.
Investigaciones académicas apuntan a múltiples factores detrás de esta realidad. Según el académico Henry Parada, antes de sacar conclusiones es necesario analizar el contexto: “El 22 por ciento de las denuncias en familias latinas corresponde a abuso físico, el 25 por ciento a exposición a violencia de pareja y un 6 por ciento a abuso sexual, una cifra alta comparada con promedios generales”. Estos datos, sin embargo, no explican por sí solos la sobrerrepresentación.
Especialistas señalan que factores como las barreras lingüísticas, diferencias culturales en la crianza y las experiencias migratorias influyen en la interacción con instituciones como escuelas, policía y servicios sociales, que son precisamente las principales fuentes de denuncias. Además, uno de cada cinco casos involucra a familias con menos de cinco años en el país, lo que evidencia vulnerabilidades asociadas al proceso de asentamiento.
La Comisión de Derechos Humanos de Ontario ha advertido sobre la presencia de perfilamiento racial en el sistema de bienestar infantil. Según sus hallazgos, familias racializadas enfrentan un escrutinio desproporcionado, lo que aumenta la probabilidad de investigaciones prolongadas e incluso de separación familiar. “El perfilamiento racial es una forma particularmente dañina de discriminación que socava la seguridad”, subraya la Comisión.
Herramientas de evaluación de riesgo aparentemente neutrales pueden reproducir sesgos estructurales, al obviar factores como la pobreza o las diferencias culturales. En algunos casos, condiciones económicas —como el hacinamiento— son interpretadas como negligencia, lo que deriva en intervenciones del sistema de protección.
A esto se suma un contexto económico adverso. En Toronto, la pobreza infantil alcanzó el 25.3 por ciento en 2022 y habría afectado a más de 117,000 niños. Aunque el CCB ha mitigado parte del impacto, expertos advierten que el aumento del costo de vida erosiona sus beneficios.
El panorama general también genera preocupación a nivel internacional. Un informe reciente de UNICEF Canada sitúa al país en el puesto 19 de 36 naciones ricas en bienestar infantil. “Uno de cada cinco jóvenes reporta sufrir acoso frecuente y uno de cada cuatro no desarrolla habilidades sociales clave”, alertó su directora, Sevaun Palvetzian, y señaló que estos problemas pueden extenderse hasta la adultez.
En este contexto, la protección de la infancia en Canadá se presenta como una paradoja: un sistema fuerte en su diseño, pero con fallas en su implementación. Para comunidades como la latina en Ontario, estas brechas son parte de la realidad que se traducen en mayor vigilancia, riesgo de intervención estatal y barreras adicionales para el bienestar infantil.
Organizaciones y expertos coinciden en que la solución pasa por reformas profundas: inversión en servicios sociales, capacitación contra prejuicios, mejora en los sistemas de evaluación y una mayor inclusión de las comunidades afectadas en el diseño de políticas.
