Transición democrática mexicana: ¿qué, cómo, cuándo, dónde y por qué?

Lo he dicho antes: la transición democrática en México empieza en el año 1977 con la aprobación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE). Tomo como referencia el trabajo de Guillermo O’Donnell (Buenos Aires, 1936), quien señala que: “La señal típica de que la transición ha comenzado llega cuando los gobernantes autoritarios, por cualquier motivo, comienzan a modificar sus propias reglas en el sentido de brindar garantías más seguras para los derechos de las personas y grupos.” ¿Cuál fue el motivo del hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI)? Respuesta: dotarse de una hoja de parra democrática para esconder la desnudez de su autoritarismo. Pero también lo he dicho antes: la transición termina en 1996 con la llamada “reforma definitiva” que le otorga total autonomía con respecto al ejecutivo a las autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Esta autonomía fue siempre el objeto deseado de la oposición al PRI, y por ello la transición siempre giró en torno a ella. Como lo señala Caroline Beer en su libro, “la historia de la transición democrática en México es en esencia una serie de décadas de iteraciones constantes de fraude electoral, protesta de la oposición y reforma electoral.”

Esto que acabo de decir, y que digo cada vez que puedo, no termina de asentarse en el inconsciente colectivo del país. En buena medida porque hay al menos tres diferentes narrativas sobre la transición. Examinémoslas.

La primera sostiene que la transición comienza en el año 1988 cuando el PRI por primera vez enfrentó un verdadero reto en las presidenciales de ese año. Hasta entonces, el PRI acostumbraba ganar con setenta u ochenta por ciento de los votos. Ese año, sin embargo, su voto se desplomó al cincuenta por ciento, algo nunca visto. Para muchos analistas, tanto de derecha como de izquierda, esto marca el fin del partido hegemónico y el principio de las elecciones competitivas en el país. El problema con esta narrativa es que confunde democratización con competencia electoral, y no son lo mismo. Hay muchas jurisdicciones en donde un partido gana de forma continua de forma arrolladora (vean el caso de la provincia de Alberta en Canadá) y no por ello sus autoridades son menos democráticas. Lo mismo sucede al revés: puede haber elecciones competidas y no haber democracia. Las elecciones presidenciales de 1988 son un ejemplo de ello.

La segunda narrativa es que la transición empezó con el triunfo de Vicente Fox en 2000, en lo que sus proponentes llaman la alternancia. Esta lectura sugiere que todos los gobiernos del PRI (1929-2000) eran igualmente autoritarios, y que el triunfo de Fox inauguró un nuevo régimen democrático. Como David contra Goliat, Fox aparece aquí como el héroe que por sí solo vence de forma improbable al gigante filisteo y se alza con su cabeza. Pero sin restarle méritos a Fox, es evidente que su triunfo obedece en primerísimo lugar a la autonomía del INE lograda en 1996 tras largos años de negociaciones entre el PRI, el Partido Acción Nacional (PAN), y las izquierdas. Sin un INE autónomo, la tentación para el PRI de dar un manotazo en la mesa y cancelar las elecciones habría sido mayúscula. La autonomía del INE elevó los costos del PRI de salir con un domingo siete. Haciendo de la necesidad virtud, el presidente Zedillo (1994-2000) reconoció el triunfo de Fox y pasó a la historia como partero de la democracia y paladín de la transición.

La tercer narrativa, esta sí exclusiva de la izquierda, es que la transición democrática en México empezó en 2018 con el triunfo de AMLO. Sugieren sus promotores que el PRI y el PAN son lo mismo, y que por ello la alternancia de 2000 fue un mero cambio de caretas entre las élites económicas y políticas. Sugieren además que el INE es parte de esas élites y que colaboró activamente en las derrotas de AMLO en 2006 y 2012. No sería entonces sino hasta 2018 en lo que un ideólogo del gobierno llama “la insurgencia electoral” que el “pueblo” habría vencido, inaugurando así una transición hacia lo que él llama (en un giro orwelliano del lenguaje) la “verdadera” democracia. En este sentido el presidente AMLO ha sido muy claro al respecto: ganamos no gracias al INE, sino a pesar de ellos.

Tres lecturas distintas y las tres equivocadas. Pero algo tienen en común: ninguna de ellas señala cuándo termina la transición. Por el contrario, las tres señalan que el resultado de la transición es incierto, y lo más que se puede decir es que tenemos una democracia germinal, incipiente, joven, que necesita profundizarse, ayudarle, tenerle paciencia y cariño, porque es chiquita, pobrecita. Pongámonos ya serios: la transición mexicana termina en 1996 cuando el INE obtiene la autonomía con respecto al ejecutivo. Mi referente otra vez es O’Donnell: “la transición termina cuando la ‘anormalidad’ ya no es la característica central de la vida política, es decir, cuando los actores se han asentado y obedecen un conjunto de reglas más o menos explícitas que definen los canales que pueden utilizar para acceder a los roles de gobierno.”¿Qué era lo anormalidad en México? El hecho de que PRI-gobierno organizara las elecciones. ¿Cuándo se acaba esta anormalidad? En 1996 con la reforma “definitiva”.

La democracia en México se incubó a lo largo de dos décadas, y en este 2021 cumplió veinticinco años. Va siendo hora de tratarla como adulta.