México: democracia en cuidados intensivos

La democracia llegó a México en 1996 después de una larga transición que empezó en 1977. En este año de 2023 que empieza parece que el régimen democrático que se inauguró entonces llega a su fin. De ser así, este régimen democrático de entre siglos habrá durado 27 años en los que se sucedieron cuatro gobiernos de tres signos politicos distintos: Partido Acción Nacional (PAN) 2000-2012; Partido Revolucionario Institucional (PRI) 2012-2018; y MORENA 2018 al presente. Dice el politólogo polaco Adam Przeworski que la democracia es un sistema en el que “los partidos de gobierno pierden elecciones”. Nunca fue más cierto eso que en México en estos años de democracia.

Digo que la transición empezó en 1977 porque ese año fue aprobada la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales (LOPPE), la cual otorgó garantías a los partidos de oposición y permitió el arribo de sus diputados al Congreso por la via de representación proporcional. Para citar a otro gran teórico sobre democracia, Guillermo O’Donnell, “La señal típica de que la transición ha comenzado se presenta cuando estos gobernantes autoritarios, por la razón que sea, comienzan a modificar sus propias reglas en la dirección de brindar garantías más seguras para los derechos de individuos y grupos”.

Siguiendo la misma lógica de O’Donnell, una regresión democrática iniciaría cuando un gobernante “por la razón que sea” modifica las reglas en dirección contraria, socavando las garantías y derechos políticos de individuos y grupos. Eso es justamente lo que han hecho Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su partido MORENA al aprobar un paquete de leyes que debilitan al Instituto Nacional Electoral (INE), entre las que destacan: reducción de su presupuesto, eliminación de conteos rápidos, despidos masivos de sus trabajadores, desaparición de las 300 juntas distritales, remoción anticipada del Secretario Ejecutivo, entre otras medidas que avanzan en el mismo sentido. Todo lo cual dificulta o de plano impide la operación de procesos electorales confiables. Pero vayamos por partes.

Lo he dicho antes: la construcción de la democracia en México es la construcción de autoridades electorales. Y no es que éstas fuesen deficientes en el pasado, es que simplemente no existían. Crease o no, hubo un tiempo en que los funcionarios de casilla eran designados en orden de llegada: los primeros votantes en llegar al centro de votación se hacían del control del material y la autoridad electoral. En esos tiempos la validez de las elecciones federales la declaraba el Congreso mexicano integrado por… los mismos diputados electos, haciendo de juez y parte.

Tomó mucho tiempo crear instituciones democráticas. Fue un proceso harto azaroso y accidentado. Existe, sin embargo, un patrón bien establecido que la académica Caroline Beer describe como “iteraciones constantes de fraude electoral, protesta de la oposición y reforma electoral”. En cada paso de este prolongado proceso, la principal disputa entre los gobiernos del PRI y los partidos de oposición fue la autonomía de las autoridades electorales respecto del poder ejecutivo. Es decir, el PRI-gobierno sacaba las manos de las elecciones a cambio de apaciguar al país o de apoyo legislativo para aprobar leyes en el Congreso. De forma tal que la autonomía del INE se fue dando en abonos a través de subsecuentes reformas electoral en 1986, 1989–1990, 1993, 1994 y 1996. Fue finalmente en ese año de 1996 en que el INE y el Tribunal Electoral finalmente obtuvieron su completa autonomía.

Todo muy bien hasta aquí, la pregunta que salta a la vista entonces es: ¿por qué AMLO quiere eliminar al INE? Recordemos que fue el INE el que organizó las elecciones de 2018 en las que arrasó. Recordemos también que AMLO ha recibido carretadas de dinero público gracias al generoso financiamiento a los partidos que reparte el INE, y que MORENA hoy gobierna en 21 de los 32 estados del país. Tomando en cuenta lo anterior, es evidente que AMLO se ha beneficiado enormemente de las libertades y recursos que la democracia y sus instituciones garantiza. Se podría pensar incluso que estuviera agradecido con la democracia que construimos una generación entera de mexicanos. Pero lo cierto es que vemos todo lo contrario: un presidente inflamado de ira contra el INE y sus consejeros.

Hay quien responden a la pregunta arriba formulada desde la psicología, señalando un enganche emocional negativo de parte de AMLO contra el INE por sus derrotas en 2006 y 2012. En mi opinion la realidad es más pedestre: este presidente ha decidido dedicar su tiempo y esfuerzos en concentrar y retener el poder público en México. Debilitar al INE y/o ponerlo bajo su órbita de influencia modifica el tablero electoral en favor suyo y de su partido MORENA, y les deja manos libres para desviar recursos públicos a campañas electorales sin miedo a represalias. Así de claro.

Hoy la responsabilidad la tienen los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes deberán resolver la constitucionalidad del bodrio de reformas contra la autonomía y capacidad administrativa del INE. Por ello, la SCJN se ha convertido en una suerte de unidad de cuidados intensivos (UCI) para la menguante democracia mexicana de entre siglos. Y no nos hagamos falsas esperanzas: el pronóstico es grave. Un resultado fatal nos aboca de lleno a entrar a terra incognita pero con rumbo definido: el autoritarismo competitivo que describe Lucan Way: “En los regímenes autoritario-competitivos, las instituciones democráticas formales son ampliamente vistas como el medio principal para obtener y ejercer la autoridad política. Sin embargo, los gobernantes violan esas reglas con tanta frecuencia y en tal medida que el régimen no cumple con los estándares mínimos convencionales para la democracia.”