Embargos por deuda estudiantil causan rechazo y preocupación en Chile

Como un hecho grave consideran hoy dirigentes políticos y sindicales la decisión del gobierno chileno de vaciarle las cuentas bancarias a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La semana pasada muchas personas al revisar sus depósitos se percataron de que la totalidad o parte de sus fondos fueron retenidos por la Tesorería General de la República (TGR) debido a deudas asociadas al CAE, un beneficio otorgado a los alumnos con dificultades para pagar estudios superiores.

La presidenta del Frente Amplio (FA), Constanza Martínez, calificó como gravísimas las denuncias de ciudadanos a quienes les retuvieron el dinero y exigió a la Tesorería esclarecer los criterios utilizados para estos embargos masivos.

Martínez consideró como una paradoja que el Gobierno deje sin recursos a los que menos tienen y entre a sus cuentas, y al mismo tiempo rechace levantar el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero del crimen organizado.

Esta semana la jefa de la bancada del Partido Comunista e independientes, la diputada Daniela Serrano, presentó un proyecto de ley para impedir que los salarios de los trabajadores sean embargados.

La iniciativa, respaldada por legisladores de su partido, del FA, del Socialista y la Democracia Cristiana, busca lograr que la retención de los sueldos sea ilegal.

“Se aplicaron vaciamiento de cuentas bancarias a familias que no saben cómo llegar a fin de mes”, denunció Serrano.

En una declaración publicada aquí, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) denunció que estas medidas afectan directamente el sustento de miles de familias y golpean a quienes viven de su trabajo.

“Cuando se embargan recursos esenciales para vivir, cuando se castiga a quienes buscaron progresar mediante el estudio, se profundiza la desigualdad y se destruyen las posibilidades de desarrollo de amplios sectores de la sociedad”, denunció la CUT.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el expresidente chileno Gabriel Boric criticó los procedimientos de cobro impulsados por la tesorería contra quienes mantienen deudas, lo cual provoca “graves situaciones de crisis en las economías familiares”.

Boric recordó que durante su administración existió un acuerdo técnico para reformar el CAE, pero la derecha impidió su avance legislativo.

Tras expresar su solidaridad con los afectados, Boric llamó a retomar la discusión sobre un nuevo mecanismo de financiamiento para la educación superior.