El Parlamento cubano aprobó esta semana la implementación de profundas transformaciones en el modelo económico y social vigente en el país en medio de un complejo escenario que el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez califica como “las horas más difíciles de este siglo”.
Las propuestas alcanzan el número de 176, agrupadas en 23 ejes y buscan reactivar la economía y corregir distorsiones. Sin embargo, según puntualizó el mandatario, “cualquier propuesta de transformación parte de la premisa de no renunciar a la preservación de las principales conquistas de la Revolución.”
Los cambios amplían la participación de todos los actores económicos en igualdad de condiciones, el impulso a la inversión extranjera y la utilización de mecanismos de mercado para la asignación de recursos, entre otras novedades.
El primer ministro Manuel Marrero Cruz, al presentar las propuestas, subrayó que no se trata de “una claudicación, sino una respuesta a las circunstancias concretas que enfrenta el país”, bajo el principio rector de “hacer lo necesario para conservar lo esencial”.
De modo general, las trasformaciones alcanzan a las formas de propiedad, la gestión empresarial, la inversión extranjera, el comercio exterior, el turismo, el sector productivo y de servicios, las finanzas y la banca, el empleo, entre otros.
En cuanto a la inversión extranjera las acciones buscan ampliar de forma significativa su alcance con nuevas facilidades de operación, mayor autonomía financiera y cambios en el marco regulatorio.
Según se anunció, se incentiva la inversión extranjera en empresas privadas, una modalidad que hasta el momento no estaba permitida, así como la ampliación de los contratos de asociación económica.
En materia de derechos sobre bienes y activos, los diputados estuvieron de acuerdo en extender el derecho de superficie hasta 99 años y el derecho de usufructo hasta medio siglo, para una mayor estabilidad a los proyectos de inversión a largo plazo.
Las novedades incluyen además la flexibilización operativa financiera de los inversionistas extranjeros, la autorización para que los negocios inmobiliarios desarrollen actividades de compraventa, la contratación directa, una mayor descentralización y agilidad en el proceso de autorización.
De igual forma, se permitirá la inversión extranjera en zonas específicas como La Habana Vieja.
En el sector turístico, las transformaciones van orientadas a redefinir el modelo de desarrollo y modernizar el sistema de transporte, con una mayor apertura a formas de gestión no estatales, la inversión extranjera y nuevos esquemas de negocio.
Ahora se incorporan nuevas modalidades de negocio, entre ellas los arrendamientos, el uso de usufructo sin carácter oneroso y la venta de inmuebles —con evaluación particular de cada caso— tanto para cubanos residentes en el país como en el exterior.
Estas oportunidades serán contempladas en la cartera de proyectos de inversión que cada año Cuba publica, con especial énfasis en zonas de desarrollo económico que cuenten con incentivos diferenciados.
Todas las modalidades de negocio estarán permitidas en destinos estratégicos como los cayos, La Habana Vieja, Trinidad y otros territorios con alto potencial turístico, y a la par se autorizará el desarrollo inmobiliario en todas las zonas turísticas que lo requieran.
Se incluye también la habilitación de empresas mixtas y esquemas de arrendamiento para marinas, la creación de un banco cooperativo en línea orientado a la promoción de activos virtuales, y la autorización de la renta de autos por parte de empresas mixtas, la inversión extranjera y otras formas de gestión no estatal.
También se podrán constituir agencias de viajes administradas por empresas mixtas, actores privados y formas de gestión no estatal.
En general, el listado de medidas ensancha las facultades del sistema empresarial estatal y la participación de las diferentes formas de gestión económica en actividades vitales para el desarrollo de la nación.
De ahí que, en lo adelante, el sector privado podrá importar y vender combustible, incluso de manera minorista. Sin dudas, una decisión que busca reducir los efectos del bloqueo energético impuesto desde el 29 de enero por la actual administración de Donald Trump.
