Las noticias e imágenes sobre tiroteos masivos en Estados Unidos se repitieron en las últimas semanas con una frecuencia conmovedora y a tal ritmo que algunos expertos aseguran que se trata de una verdadera epidemia sin control comparable, diferencias aparte, con el daño que ocasiona la Covid-19.
Los esfuerzos por llegar a un consenso mínimo nacional para resolver el asunto, y al menos disminuir esas cifras escalofriantes, han sido en vano.
En ese escenario, influyen como obstáculos principales, las disputas de carácter político, incluso interpretaciones diferentes de la famosa Segunda Enmienda de la Constitución, junto a un poderoso sistema de cabildeo implantado por la Asociación Nacional del Rifle y otras entidades ligadas a la compraventa de armas de fuego por parte de los civiles.
Un artículo reciente publicado en el diario The Hill, especializado en temas legislativos, señala que, si bien la ciudadanía aplaude al presidente Joe Biden por su voluntad y coraje para intentar reducir el número de víctimas de la violencia armada, los cambios que el mandatario propone no van lo suficientemente lejos.
Los pasos propuestos por el gobernante autorizan el primer estudio sobre el tráfico de armas en 20 años, brindan recursos a través del Departamento de Justicia para abordar la violencia con armas de fuego a nivel comunitario, entre otras provisiones, pero los especialistas insisten en que esto resulta muy poco ante la gravedad del asunto.
En los últimos dos años, por ejemplo, apenas 25 millones de dólares anuales se dedicaron a la lucha contra la violencia armada por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y otras agencias relacionadas con acciones preventivas, para una verdadera “epidemia” que según cifras oficiales cuesta 280 mil millones al año.
De acuerdo con estadísticas de entidades especializadas, en Estados Unidos alrededor de 300 personas reciben disparos y más de 100 mueren cada día y, sin embargo, el Ejecutivo, el Congreso y el poder judicial no logran ponerse de acuerdo para implementar acciones decisivas con el fin de combatir este mal que enferma a la sociedad estadounidense.
Pero en el centro de estas reiteradas acciones violentas está el tema de la brutalidad policial, que a su vez provoca una reacción en cadena de protestas, de lo cual fue un ejemplo fehaciente el caso del afroamericano George Floyd, asesinado por las fuerzas del orden en mayo de 2020, y cuya muerte provocó una ola de protestas en todo el país y en decenas de ciudades de otras naciones.
Incluso el juicio contra Dereck Chauvin, acusado de matar a Floyd, que se desarrolló en las últimas semanas fue motivo para que las organizaciones que rechazan la violencia policial se manifestaran una vez más, hasta que en la tarde del 20 de abril el exoficial fue declarado culpable de homicidio por el jurado que lleva el caso.
Según estadísticas publicadas el 21 de abril por el diario The Washington Post, aunque la mitad de las personas asesinadas a tiros por la policía son blancas, los estadounidenses negros reciben disparos a un ritmo desproporcionado.
A pesar de que los afronorteamericanos representan menos del 13 por ciento de la población de este país, las fuerzas del orden las matan en más del doble de la tasa de los blancos.
De acuerdo con cifras de Gun Violence Archive, en lo que va de 2021 se registraron en Estados Unidos 150 tiroteos masivos, y durante todo 2020, hubo un total de 610 incidentes de ese tipo en este país, frente a los 417 de 2019.
Políticos de diversas tendencias, en particular los demócratas progresistas insisten en que Biden debe arreciar las medidas ejecutivas con vistas a enfrentar esta situación que se agrava por día.
Al mismo tiempo reconocen que una acción bipartidista en el Congreso es extremadamente difícil, como lo ha sido en años anteriores, incluso con niveles de violencia armada similares o incluso superiores en el país.
No obstante, destacan los especialistas, el jefe de la Casa Blanca tiene a su favor el hecho de que, según encuestas recientes, más del 60 por ciento de los estadounidenses apoyan mayores restricciones al uso y tenencia de armas de fuego.
Quienes siguen de cerca el desarrollo de hechos violentos en Estados Unidos en los últimos años coinciden en señalar que no se trata de algo que un presidente, o incluso el Congreso, pueden detener, pues existen causas raigales, como la discriminación, la desigualdad social y la falta de oportunidades, en particular para los afroamericanos, que inciden en la continuidad de este grave e impredecible escenario.
Decenas de proyectos de leyes, acciones ejecutivas y medidas a nivel de los gobiernos locales fracasaron en las últimas décadas para combatir la violencia con el empleo de las armas de fuego, la otra epidemia que padece el país.
