En la columna de la semana pasada expliqué que es muy probable que antes de que finalice el año el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá lance un programa especial de regularización para las personas que viven sin estatus en el país. Varios días después, el periódico Toronto Star confirmó mi información ampliando los detalles de este programa que ya se está trabajando y que estaría por ser anunciado.
Tal y como explicaba, todo indica que no va a ser una amnistía general sino que un programa de regularización especial que implicará que las personas cumplan algunos requisitos para que puedan acceder sus beneficios. Dichos requisitos obviamente aun no se conocen, pero por la experiencia de programas piloto que ha implementado el gobierno en el pasado, queda claro que un manejo adecuado del idioma, inglés o francés, y un buen historial laboral van a ser elementos clave para poder calificar.
Los esfuerzos por lograr la implementación de un programa como este no son nuevos, y tengo que mencionar que hace varios años, una coalición de organizaciones dio a conocer una investigación acerca de las personas indocumentadas que vivían en Canadá. La investigación, que fue financiada por la Labour International Union of North America, LIUNA Local 183, y que fue publicada en el año 2005, llegó a la conclusión de que en el país había entre 300 y 500 mil personas indocumentadas. A la fecha de hoy, diversas fuentes plantean que ese número puede andar un poco arriba del millón de personas.
A lo largo de estos últimos años, diversos medios de comunicación han hecho eco de esta realidad que vive el país y han presentado como ejemplo de esta población a familias de origen latinoamericano, las cuales, después de que se les venció su visa de turistas, decidieron quedarse en el país.
Recuerdo un artículo en particular, donde un periodista explicaba lo honesta que era una familia, lo trabajadores que eran sus miembros y el buen establecimiento económico que tenían en Canadá. De igual forma mencionaba que esta familia estaba preparando la documentación necesaria para solicitar su residencia permanente basada en Razones Humanitarias y de Compasión, dado que definitivamente no querían regresar a su país de origen. Hoy esta familia tiene su residencia y son dueños de una importante empresa en la cual le dan trabajo a decenas de residentes y ciudadanos canadienses.
Traigo a colación esta historia sobre la cual escribí ya hace algún tiempo, porque lo que planteaba dicho artículo es la realidad que muchas personas viven no solamente en Toronto, sino que, a lo largo y ancho del Canadá. Personas que después de haber perdido su caso de refugio decidieron quedarse, o que llegaron como visitantes y cuando se les venció su visa de turistas se quedaron.
También es el caso de estudiantes internacionales que se quedaron después de haber terminado su carrera, y también de trabajadores temporales que después de haber terminado su contrato decidieron hacer de Canadá su hogar aun sin tener la documentación legal necesaria para residir en el país.
A partir del 2015 también fue el caso de miles de trabajadores temporales que en ese momento aun tenían permiso de trabajo, pero que decidieron quedarse aunque fuera de forma indocumentada ya que ese año empezó a funcionar la nueva normativa que establecía que después de cuatro años de trabajar en Canadá, ciertos trabajadores no podían renovar su permiso de trabajo.
Según datos proporcionado por la organización Migrant Workers Alliance for Change el año pasado, al menos 1 de cada 23 personas en Canadá (más de 1,6 millones) son residentes no permanentes. Los migrantes viven en el país a través de permisos de estudio, trabajo o humanitarios, o carecen de documentación. Muchos migrantes están excluidos de la atención médica universal, del acceso a ayudas económicas de emergencia y del trabajo decente. Muchos están separados de sus familias.
Los indocumentados particularmente son personas que generalmente han vivido en Canadá durante muchos años. Yo personalmente conozco personas que han estado en el país por más de diez años sin estatus y que están muy bien establecidas, que tienen hijos nacidos aquí, tienen trabajo, muchos de ellos tienen sus propias compañías y algunos vienen de países que están en crisis económica o política y que por lo tanto no sería difícil legalizarlos. Hay que destacar que estas son personas que pagan impuestos provinciales, municipales y a veces, hasta federales.
Si observamos los trabajos que hacen las personas indocumentadas vemos que la mayoría están involucrados en las áreas de servicios, de salud, de cuidado de niños, de cuidado de ancianos, en la construcción, en la limpieza, etc., es decir que la mayoría hacen trabajos esenciales y fueron fundamentales durante la pandemia.
Vilma Filici
Consultora de Inmigración certificada