El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá anunció esta semana una medida que afectará directamente a los refugiados y solicitantes de asilo que llegan al país.
A partir del 1 de mayo, estas personas, que actualmente cuentan con cobertura médica completa y gratuita financiada por el gobierno federal, deberán pagar parte de los tratamientos médicos y de los medicamentos que necesiten en Canadá.
La medida alcanza a quienes han solicitado refugio y están a la espera de su audiencia, más de 300 mil personas, a quienes fueron rechazados pero se encuentran en proceso de apelación, y también a los refugiados patrocinados por el gobierno canadiense o por organizaciones sociales, como es el caso de muchos sirios y afganos.
Desde esa fecha, deberán realizar un copago: el 30 por ciento del costo de determinados servicios de salud y cuatro dólares por cada medicamento recetado. Hasta ahora, estos beneficiarios no pagaban absolutamente nada.
A partir de mayo, cada receta implicará un pago adicional de cuatro dólares, suma que se acumulará si se trata de más de un medicamento.
Según el Ministerio, el copago del 30 por ciento se aplicará únicamente a productos y servicios suplementarios no cubiertos en su totalidad por el Interim Federal Health Program (IFHP), financiado por el gobierno federal.
Para evitar confusiones, las autoridades aclararon que la atención médica esencial continuará cubierta al 100 por ciento. Por ejemplo, en caso de un accidente que requiera atención hospitalaria, exámenes, diagnósticos o tratamientos de urgencia, el IFHP seguirá cubriendo todos los costos. Lo mismo ocurrirá con las consultas al médico de familia.
El copago se aplicará, entre otros casos, a urgencias dentales, atención oftalmológica, consejería en salud mental, terapia ocupacional, fisioterapia, terapia del lenguaje, así como a dispositivos de asistencia —prótesis, ayudas para la movilidad, aparatos auditivos—, cuidados domiciliarios o cuidados de largo plazo. En estos casos, el IFHP cubrirá el 70 por ciento del costo y el beneficiario deberá pagar directamente al profesional el 30 por ciento restante.
El anuncio ha generado fuertes críticas, especialmente entre profesionales del ámbito migratorio y organizaciones comunitarias. El gobierno justifica la medida señalando el fuerte aumento en el número de solicitudes de refugio y la acumulación de casos pendientes ante el Consejo de Refugiados de Canadá.
En diciembre del año pasado, había 300 mil 163 solicitudes pendientes de decisión. Sin embargo, los propios datos gubernamentales indican que la recepción anual de nuevas solicitudes disminuyó de forma significativa: de 190 mil 39 en 2024 a 108 mil 60 en 2025.
El IFHP fue creado en 1957 para ofrecer cobertura médica temporal a refugiados y personas protegidas que no calificaban para los sistemas provinciales de salud. Según Inmigración Canadá, el programa cubrió a 623 mil 365 beneficiarios en el año fiscal 2024-2025, frente a los 90 mil 328 de hace una década. El gasto ascendió a 896,5 millones de dólares, un aumento de 306,1 millones respecto al período anterior, atribuido al mayor volumen de solicitudes.
No obstante, los críticos sostienen que el argumento de la “sustentabilidad” no se sostiene. En los últimos años se han implementado restricciones significativas, como la ampliación del Tratado del Tercer País Seguro, que hoy cubre toda la frontera canadiense, limitando severamente el acceso al asilo desde Estados Unidos. A esto se suma la posible aprobación de la ley C-12, que impediría solicitar refugio a quienes hayan permanecido en el país por más de un año.
Estas medidas ya han provocado una caída en el número de solicitantes, tendencia que, según especialistas, continuará. Por ello, resulta cuestionable que se imponga un copago alegando un aumento futuro de la demanda.
Cabe recordar que en 2012, durante el gobierno del primer ministro Stephen Harper, se eliminaron beneficios médicos a dos grupos de refugiados. La medida fue impugnada y finalmente la Corte Federal determinó que negarlos constituía una violación de derechos fundamentales, ya que toda persona que pisa suelo canadiense está protegida por la Carta Canadiense de Derechos y Libertades y por los derechos humanos, entre ellos el acceso a la salud.
Tras esa decisión judicial, el gobierno liberal de Justin Trudeau restituyó automáticamente los beneficios médicos a los refugiados.
Ahora, queda por verse si la nueva exigencia de copago del 30 por ciento derivará en nuevas demandas ante la Corte Federal.
Mientras tanto, es importante reiterar que la atención hospitalaria y las consultas médicas básicas seguirán siendo gratuitas bajo el IFHP. El pago se aplicará únicamente a los servicios suplementarios.
Desde una perspectiva humanitaria, resulta especialmente preocupante que se cobre por servicios de salud mental, cuando una gran parte de los refugiados llega a Canadá con trastornos de estrés postraumático, consecuencia de la violencia, el abuso y las experiencias vividas en sus países de origen. En estos casos, al menos, debería existir una excepción: ninguna persona refugiada debería pagar para acceder a apoyo psicológico o consejería en salud mental.
Vilma Filici
Consultora de Inmigración certificada
