El 13 de agosto tuvieron que operar a mi nieto Matteo, de 4 meses. Fue una cirugía muy delicada de la cabeza, en la que intervinieron varios médicos. Afortunadamente todo salió bien y tiene un buen pronóstico. Ahora viene el proceso de recuperación. Tuvo que estar un par de días en cuidados intensivos y antes de cumplir la semana en el hospital, le dieron de alta.
Este evento inesperado, muy duro para los padres porque lo que menos imaginaban era que algo así pudiera pasar, los angustió enormemente. Es comprensible. Se trata de la vida y el bienestar de su primer hijo.
Tristemente, en medio de la aflicción y la incertidumbre que les provocaba la situación de Matteo, también pesaba sobre la joven pareja la preocupación de ¿cómo pagar los gastos hospitalarios y la atención de los médicos? Y allí reparé en algo que ocurre en muchos países de América Latina: es la familia e incluso las amistades cercanas, las que proveen de protección social, no el Estado.
Que precario y débil es el servicio de salud pública en Guatemala. No es de calidad y tampoco ofrece cobertura universal. La ciudadanía no tiene asegurado acceso a los servicios de salud que necesita, en el momento y en el lugar donde los necesita, sin tener que sufrir angustias y dificultades económicas por ello. Al contrario, el gasto de bolsillo para hacerle frente a los gastos médicos es gigantesco.
La OMS define el gasto de bolsillo como “el gasto que el beneficiario realiza en el momento de la atención y, en general, en el punto de acceso. Incluye los copagos de los seguros, los pagos no oficiales a los proveedores (regalos y pagos “bajo la mesa”) y los pagos de hogares netos de reembolsos”. Algunos ejemplos de este tipo de pago son las compras de medicamentos y otros bienes con minoristas, los copagos en servicios de salud en seguros (públicos y privados) y los copagos en servicios ofrecidos por el gobierno y otras entidades públicas y privadas.
En su informe de 2023 sobre la situacion de las Cuentas de Salud en América Latina, la OMS indica que en la Región de las Américas, el promedio regional del gasto de bolsillo es de 30%, bastante más alto que el recomendado por la OPS, que es de 20% como máximo. Cuarenta y seis por ciento de los países está por encima del promedio regional (Guatemala, Honduras,Haití) y 20% de los países se encuentra por debajo de la recomendación de la OPS (Canadá, Costa Rica, Colombia).
Este gasto de bolsillo puede sin duda provocar una crisis financiera catastrófica en la familia. La OMS destaca que por eso la protección financiera debería ser un componente clave de la salud universal. Esto quiere decir que todas las personas puedan recibir los servicios de salud que necesitan y que todas estén protegidas de las dificultades financieras potenciales resultantes de utilizar dichos servicios. El hecho de que este gasto o pago directo sea un requisito para recibir atención o productos de salud representa una barrera de acceso a la atención, además de ser injusto.
Para los hogares pobres es aún más injusto porque los empobrece aún más o los coloca en una disyuntiva terrible. Puede suponer que no acudan por los servicios de atención que necesitan, aun cuando el bienestar o la vida misma de un familiar este en juego. Simplemente no pueden hacer frente a estos gastos.
No soy una experta en el tema. Simplemente la situación familiar que nos acaba de tocar vivir me puso de cara frente a esta terrible realidad que enfrentan millones de familias en América Latina. Estoy segura de que, si los Estados invirtieran más en sus sistemas de salud, ese gasto de bolsillo se reduciría considerablemente y los hogares no tendrían por qué verse en angustias y crisis financieras terribles.
Ana Cristina Castañeda Sánchez
Periodista y comunicadora
