No son solo datos, son vidas

Honduras (6,0), República Dominicana (2,9) , El Salvador y Uruguay (1,6 en ambos países) están a la cabeza con las tasas más altas de feminicidio, de un total de 26 naciones de América Latina y el Caribe que reportaron datos para el año 2022.  Se trata de muertes violentas de mujeres por razón de género (en números absolutos son 4,050 en estos 26 países), reportadas por Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

MundoSur, una Asociación Civil Franco-Argentina, también ha venido haciendo un esfuerzo por visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres en América Latina desde 2021. El Mapa Latinoamericano de Feminicidios (MLF) es una plataforma de libre acceso que funciona para “visibilizar, comunicar y proporcionar datos de feminicidios en la región contrastando datos estatales con los provenientes de fuentes territoriales, actualizados semana a semana”.

Esta herramienta reportó 2,864 feminicidios entre enero y noviembre de 2023 en 15 naciones: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. 45.7% de estas muertes ocurrieron en Brasil. En la mayoria de los casos el agresor fue su pareja o ex pareja.

Detras de estas frías cifras hay rostros y vidas de mujeres, historias truncadas, sueños rotos. Vivimos en ciudades y países que no nos dan respiro, que nos violentan continuamente, sin tregua, a toda hora, en la calle, el trabajo, en los propios hogares. Canadá no es la excepción. Me sorprendió leer en el Globe and Mail una nota que destaca como la violencia de género se ha intensificado en Ontario, incluidos 62 feminicidios el año anterior. Más de 100 agrupaciones de distinto tipo, solicitaron al Primer Ministro de la provincia que declare la violencia de pareja (intimate-partner violence) como una epidemia.

En realidad es una epidemia a escala mundial, silenciosa pero de gran alcance, que está matando sin piedad y exponiendo a niñas y mujeres, y también a personas de la diversidad sexual, a una violencia implacable. Es difícil comprender cómo es posible que como sociedades seamos tolerantes e insensibles a esta barbarie. Los Estados sin duda pueden y deben ofrecer respuestas más contundentes.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer estableció que los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia y proporcionar una indemnización.

Como bien dice la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, la violencia comienza antes del homicidio y continúa después como violencia institucional.

El grupo chileno La Tesis lo gritó en las calles de Santiago y ese grito se esuchó en cientos de plazas alrededor del mundo “El Estado opresor es un macho violador. Y la culpa no era de ella, ni dónde estaba, ni como vestía. El violador eres tú”.

La deuda es inmensa. Las mujeres merecemos una vida libre de violencia. En palabras de la escritora Cristina García Garza “somos mujeres vivas, reclamando nuestro derecho a seguir vivas sobre un suelo manchado de sangere. Mujeres en busca de justicia, mujeres exhaustas y juntas. Hartas ya, pero con la paciencia que solo marcan los siglos”.