Métodos de guerra de tiempos antepasados en la era moderna. Es la estrategia que el Gobierno de Estados Unidos cierne sobre la vida de 10 millones de cubanos que habitan el archipiélago caribeño y otros millones de inmigrantes que desde otras regiones del mundo mantienen el vínculo con sus allegados en ese territorio insular.
“Las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla que amenaza los derechos a la salud, la vida, la alimentación y el desarrollo”, denuncian con claridad varios relatores de derechos humanos de Naciones Unidas en un informe reciente.
Los expertos calificaron como “intento de alterar el orden constitucional de un Estado soberano mediante amenazas y coacción”, las medidas que desde enero de este año pesan sobre las vidas de los habitantes del país caribeño.
En su informe instan a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se desate una “Gaza silenciosa” en la isla, tal como advirtieron cuatro miembros del Congreso estadounidense tras visitar Cuba en julio pasado.
Las sanciones unilaterales de EE.UU., que se han recrudecido desde junio para afectar a sectores clave de la economía cubana, incluyen desde el 23 de julio a empresas energéticas. Esa decisión ha entorpecido aún más la adquisición de combustible, incluso por motivos humanitarios.
Los expertos señalaron que el sector energético, el transporte, el riego y los servicios básicos fallan de manera simultánea. Como “desproporcionada” señalan la afectación a mujeres, niños, ancianos y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos de la economía rural.
Las agencias de la ONU en Cuba han advertido de los crecientes riesgos de inseguridad alimentaria y de escasez de medicamentos y artículos de primera necesidad, con repetidos colapsos de la red eléctrica nacional y apagones prolongados que interrumpen los servicios de salud y causan una escasez crítica de medicamentos y de capacidad para el tratamiento de enfermedades como cáncer y otros padecimientos en la población infantil.
“La alimentación nunca debe utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que privan deliberadamente a una población de los medios para sobrevivir atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban el núcleo de la dignidad humana”, afirmaron los expertos.
Con el propósito de incriminar a la nación antillana, el 20 de julio, el Departamento de Estado de EE.UU. publicó un informe titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI”, en el que cataloga al país y a su gobierno como una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica.
Los expertos cuestionaron ese señalamiento sin que se presenten pruebas concretas de que Cuba apoye el terrorismo o actividades subversivas.
Los expertos denotaron como ilegales y coercitivas las medidas de EE.UU. contra Cuba y subrayaron que contravienen el Artículo 2 de la Carta de la ONU y forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen que abarca un embargo de décadas.
“El Gobierno de Estados Unidos debe cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país y que son contrarias al derecho internacional”, afirmaron los expertos.
Recomendaron además que el Consejo de Seguridad y la Asamblea General deberían abordar urgentemente estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales.
