INMIGRANDO A CANADÁ

Comité del Senado pide cambios importantes al proyecto de ley C-12

 Esta semana se abrió una ventana de alivio para comunidades migrantes en Canadá. El Comité de Asuntos Sociales del Senado propuso que el Comité de Seguridad Nacional elimine o modifique sustancialmente las disposiciones migratorias del proyecto de ley fronterizo C-12, una iniciativa que ha generado fuerte preocupación entre organizaciones civiles y expertos en derechos humanos.

   El Comité de Seguridad Nacional es el encargado de revisar el texto artículo por artículo e introducir enmiendas. Sin embargo, el Comité de Asuntos Sociales realizó un estudio detallado de las medidas relacionadas con inmigración y refugio, escuchando a especialistas, abogados y organizaciones sociales que alertaron sobre sus posibles impactos.

   Conviene recordar que la propuesta fue presentada originalmente como Proyecto de Ley C-2. Tras las elecciones y la llegada de un nuevo gobierno liberal, fue reintroducida como C-12, manteniendo buena parte de su contenido en materia migratoria.

   Uno de los puntos más controvertidos otorga a la ministra de Inmigración la facultad de cancelar solicitudes en trámite por “interés público”, un concepto que el texto no define con precisión. Esto implicaría que expedientes con años de espera podrían ser anulados por razones administrativas, acumulación de atrasos o decisiones de política migratoria. Al incorporarse en la Ley de Inmigración, esta atribución no solo aplicaría a la actual ministra, sino también a futuras administraciones.

   La inquietud no es abstracta. Entre 2012 y 2013 ya se registraron cancelaciones masivas de solicitudes, dejando a miles de personas en un limbo migratorio tras años de espera. La posibilidad de repetir ese escenario genera incertidumbre jurídica y humana.

   Otra disposición establece que las personas deberán solicitar asilo dentro de los primeros 12 meses de su ingreso al país. De no hacerlo, perderían la elegibilidad. Aunque el proyecto menciona excepciones, no las detalla. Además, la medida tendría carácter retroactivo hasta junio de 2025, lo que podría afectar a quienes ingresaron desde esa fecha y aún no han presentado su solicitud. En esos casos, solo quedaría como recurso una evaluación de riesgo previa a la deportación (PRRA).

   Más aún, la redacción sugiere que la persona debió haber pedido refugio en su primera llegada a Canadá. Esto implicaría que alguien que estuvo en el país años atrás, sin necesidad de asilo en ese momento, no podría solicitarlo hoy aunque enfrente persecución reciente. Organizaciones jurídicas consideran que esta disposición ignora la naturaleza cambiante de los contextos políticos y sociales en los países de origen.

   Según informó la ministra de Inmigración, Lena Diab, ante el Senado, el 37 por ciento de las solicitudes presentadas entre junio y octubre de 2025 —unas 19 mil de 50 mil— serían rechazadas bajo los nuevos criterios de inelegibilidad, de acuerdo con reportes de prensa. Testigos como el Colegio de Abogados de Canadá y Amnistía Internacional advirtieron que el texto podría crear un sistema de asilo de dos niveles y limitar garantías procesales, especialmente para personas vulnerables como miembros de la comunidad LGBTQ+ o sobrevivientes de violencia doméstica.

   El informe del Comité de Asuntos Sociales recomienda, en caso de que no se eliminen las disposiciones migratorias, incorporar mecanismos de supervisión parlamentaria más sólidos y una cláusula de caducidad que obligue a revisar la ley tras un período determinado. También propone ampliar de uno a cinco años el plazo para solicitar refugio desde la primera entrada al país.

   En cuanto a la facultad de cancelar documentos migratorios ya emitidos —incluidas tarjetas de residencia permanente— por razones de “interés público”, los expertos alertaron que la redacción amplia podría dar lugar a decisiones arbitrarias o discriminatorias. Por ello, el comité propone que estas potestades estén sujetas a una supervisión parlamentaria estricta.

   El informe también sugiere asignar mayores recursos a la Junta de Inmigración y Refugiados (IRB), que enfrenta un atraso cercano a 300 mil casos pendientes, una cifra que refleja problemas estructurales más que abusos individuales del sistema.

   Respecto al intercambio de información personal con otras entidades gubernamentales o extranjeras, el comité recomienda excluir a residentes permanentes y ciudadanos naturalizados y establecer una revisión obligatoria por parte del comisionado de privacidad.

   Mientras el Senado se prepara para revisar el proyecto artículo por artículo, la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA) anunció la contratación de mil nuevos agentes para reforzar arrestos y deportaciones de personas sin estatus regular. Ya se han reportado operativos en sitios de construcción en Calgary, en un contexto que diversos colectivos califican de creciente presión sobre trabajadores migrantes.

   Ante este panorama, organizaciones comunitarias instan a la ciudadanía a contactar a sus representantes parlamentarios para expresar preocupación por las disposiciones consideradas injustas. También reclaman retomar el debate sobre un programa de regularización para personas indocumentadas, una demanda histórica que enfrenta hoy un clima político menos favorable.

   Para quienes se encuentran en situación vulnerable, abogados recomiendan informarse sobre opciones de regularización —como permisos de trabajo vinculados a tratados comerciales o evaluaciones de impacto en el mercado laboral (LMIA)— y buscar asesoría legal especializada.

   El debate en torno al C-12 no solo es técnico o administrativo. Toca el núcleo de la política migratoria canadiense y plantea preguntas de fondo sobre equilibrio entre control fronterizo, debido proceso y compromisos internacionales en materia de derechos humanos.