En la columna de la semana antepasada dejé al descubierto que el anuncio de un supuesto nuevo programa migratorio impulsado por el gobierno canadiense éste y el próximo año para otorgar residencia permanente a 33,000 residentes temporales a quienes se les está por vencer sus permisos, resultó ser una mentira técnica. Al final, dicho programa realmente no existe, sino que es un mero tecnicismo del Ministerio de Inmigración.
En la columna de la semana pasada me referí al aumento que parece estar ocurriendo en la trata laboral y en la trata de personas, justo en momentos en que las avenidas migratorias con las que tradicionalmente ha contado Canadá se están cerrando, lo que en concreto reduce el número de inmigrantes que llegan al país.
La realidad es que desde que el primer ministro Mark Carney asumió el poder, el gobierno federal ha impulsado una serie de cambios migratorios que, aunque presentados como medidas de “estabilización”, representan un giro profundo en la manera en que Canadá concibe su relación con la inmigración. Y como suele ocurrir cuando se habla de números sin mencionar personas, el debate público se ha llenado de simplificaciones que ocultan las consecuencias humanas de estas decisiones.
El anuncio más llamativo ha sido la reducción de las metas de inmigración permanente a alrededor del uno por ciento de la población. El gobierno lo presenta como un acto de responsabilidad frente a la crisis de vivienda y la presión sobre los servicios públicos. Pero esta narrativa, repetida sin matices, ignora que la falta de inversión en infraestructura no es culpa de los inmigrantes, sino de decisiones políticas acumuladas durante décadas.
Reducir la inmigración no construye viviendas, no abre más cupos en hospitales ni mejora el transporte público. En cambio, limita la llegada de personas que, históricamente, han contribuido al crecimiento económico y demográfico del país.
Pero quizás el cambio más preocupante es el límite del cinco por ciento de la población para residentes temporales. Esta categoría incluye a estudiantes internacionales, trabajadores agrícolas, cuidadores y empleados esenciales en sectores en los que la mano de obra canadiense no alcanza.
El gobierno insiste en que el sistema estaba “fuera de control”. Pero lo que realmente estaba fuera de control era la dependencia de instituciones educativas y empresas privadas que se beneficiaron durante años de estos programas sin supervisión adecuada. En lugar de corregir esos abusos, el gobierno ha optado por castigar a quienes menos responsabilidad tienen: los propios migrantes.
El primer ministro Mark Carney ha intentado presentar estas medidas como decisiones técnicas, casi matemáticas. Pero la inmigración no es una ecuación: es un proceso humano, complejo, que involucra sueños, familias, trayectorias profesionales y proyectos de vida.
Cuando se reduce la conversación a porcentajes y topes, se pierde de vista que detrás de cada número hay una persona que eligió Canadá porque este país prometía oportunidades, estabilidad y un trato digno. Esa promesa está hoy en entredicho.
Los sectores que dependen de trabajadores temporales ya están advirtiendo sobre escasez de mano de obra. Las universidades y colleges, especialmente los públicos, enfrentan déficits multimillonarios debido a la caída en la matrícula internacional. Y las provincias con poblaciones envejecidas ven con preocupación cómo se cierran las puertas a quienes podrían sostener sus economías locales.
Paradójicamente, estas políticas podrían terminar debilitando la competitividad de Canadá justo en un momento en que otros países están compitiendo agresivamente por atraer talento global.
Canadá ha construido su reputación internacional sobre la base del multiculturalismo y la apertura. No es un mito: es una política pública que ha funcionado durante décadas. Pero las nuevas medidas, aunque moderadas en comparación con otros países, envían un mensaje claro: Canadá retrocede.
Y cuando un país retrocede en materia de inmigración, no solo pierde trabajadores o estudiantes, sino también credibilidad, dinamismo y la confianza de quienes podrían haber contribuido a su futuro.
Si el objetivo del gobierno es realmente aliviar la presión sobre vivienda y servicios públicos, la solución no es cerrar puertas, sino invertir en vivienda asequible, en infraestructura, en transporte, en reconocimiento de credenciales, y en supervisión de instituciones educativas y empleadores.
La realidad es que todavía tenemos necesidad de suplir la fuerza laboral con inmigrantes. Todavía tenemos el problema de una población de adultos mayores que se están pensionando y van a seguir pensionándose y se va a perder como el 20 por ciento de la fuerza laboral canadiense. Ya estamos viendo los resultados de estos cortes en distintas áreas, sobre todo las rurales alejadas de las metrópolis. Estamos viendo en distintas industrias que todavía tienen la necesidad de contar con trabajadores extranjeros, así que no tenemos que perder las esperanzas.
Lo otro es que vendrán cambios radicales a los programas de residencia permanente de la clase económica, ya que en este momento el gobierno realiza consultas para ver cómo va a funcionar, para escuchar la opinión de las personas en términos de cómo funcionaría este nuevo programa para traer residentes permanentes bajo la clase económica.
En estos momentos es muy importante que la comunidad se involucre en estas charlas, que participe cuando haya espacios abiertos para las distintas comunidades, que los congresos y las organizaciones comunitarias tomen cartas en el asunto, porque todo apunta a que los planes del gobierno nuevamente consisten en traer personas altamente calificadas, con altísimo nivel de estudios; errores que se han cometido en el pasado, porque después no pueden trabajar en sus profesiones, y a su vez están dejando de lado nuevamente la mano de obra, que es uno de los vacíos más notables que tenemos en la fuerza laboral canadiense.
Entonces hay que involucrarse en estas conversaciones, ponerse en contacto con los miembros del parlamento de nuestras zonas, y dar nuestra opinión porque las medidas del primer ministro pueden parecer pragmáticas, pero corren el riesgo de convertirse en un retroceso histórico. Canadá no puede darse el lujo de renunciar a uno de sus mayores motores de crecimiento, y mucho menos puede permitirse abandonar los valores que lo han convertido en un referente mundial.
Vilma Filici
Consultora de Inmigración certificada
