Bolivia: a la sombra de un golpe de Estado arropado en las urnas

A pocas horas de que las urnas se abran en las primeras elecciones presidenciales en Bolivia después de la renuncia del expresidente de esa nación suramericana, Evo Morales (2006-2019), el Movimiento al Socialismo (MAS) alerta ante la posibilidad de un segundo golpe de Estado derechista que violente la voluntad de los electores.

El domingo 18 de octubre, miles de bolivianos concurrirán a las urnas a votar por el presidente y vicepresidente de la República, los 36 miembros del  Senado y los 130 escaños de la Cámara de Diputados, en un ejercicio cívico que puede ser empañado por los mismos actores que generaron la crisis y alimentaron el caos político a fines del año pasado.

Las últimas encuestas reconocen como principales contendientes al candidato de MAS, Luis Arce, quien avanza primero en la intención de votos con 42.2%, seguido por Carlos Mesa, de la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), con 33.1%, y en tercer lugar Luis Fernando Camacho, de la alianza Creemos, con 16.7%.

Según la Constitución de Bolivia, en caso que los candidatos presidenciales no alcancen el 50% de los votos emitidos, o el 40% y con un margen superior al 10% respecto al oponente más cercano, habrá que celebrar una segunda vuelta electoral que se realizaría el 29 de noviembre.

Pero… ¿por qué el peligro de un segundo golpe de Estado?

Según la portavoz del MAS, Marianela Paco, existen claros indicios de un posible fraude electoral y una abierta manipulación de la información en urnas, que buscarán a toda costa privar de la victoria electoral al binomio socialista de Luis Arce y David Choquehuanca.

Después de los infructuosos intentos de la derecha boliviana por proscribir al MAS del escenario político electoral, incluso de anular la candidatura del economista Luis Arce, el gobierno de facto que encabeza la presidenta Jeanine Áñez “organiza” las elecciones aplicando restricciones ciudadanas, sin garantizar transparencia en el conteo rápido de votos por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y llamando a filas a los mismos actores que provocaron la crisis boliviana a fines de 2019 y que terminó con la renuncia del expresidente Evo Morales.

Todos los que siguieron las elecciones de octubre de 2019 en Bolivia, recordarán las manipulaciones políticas de la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de sus observadores, y del informe emitido por el secretario general de esta organización, Luis Almagro, a tono con la posición de Estados Unidos abiertamente en contra de una eventual reelección de Morales, el primer indígena en dirigir los destinos de esa nación andina.

A pesar de los desmentidos hechos por el Centro de Investigación Económica y Política de Estados Unidos al informe de los observadores de la OEA, que demostró la inexistencia de irregularidades en los comicios efectuados el 20 de octubre de 2019 en Bolivia, la organización panamericanista con sede en Washington -¿casualidad?- vuelve a enviar a los mismos observadores que mintieron el año pasado, a fiscalizar los comicios del próximo 18 de octubre.

Por si fuera poco, el gobierno de Áñez designó al ejército y a la policía como custodios de las actas electorales, cuando precisamente fueron los militares y los gendarmes quienes obligaron al expresidente Morales a dimitir.

A esto se suma, según la denuncia de Marianela Paco, la declaratoria de toque de queda por seis días, lo que impedirá cualquier atisbo de reclamo popular ante una eventual manipulación de las urnas.

Los bolivianos han tenido tiempo suficiente para comparar entre los 13 años de gestión gubernamental del MAS, con Evo Morales al frente, y el año de neoliberalismo bajo la batuta de Áñez, que ni siquiera pudo cumplir su sueño de participar en la disputa presidencial por el mínimo apoyo con que contó su candidatura. Sólo resta esperar al domingo y que se hagan públicos los resultados del sufragio. Todavía las sombras de los golpistas siguen ensombreciendo los cielos de América Latina.