El pasado 22 de julio, la Asociación de Abogados de Inmigración de Quebec (AQAADI, por sus siglas en francés) envió una carta a la ministra de Inmigración de Canadá, Lena Metlege Diab, instándola a implementar una política migratoria que facilite la reunificación familiar humanitaria para los venezolanos que fueron afectados por los terremotos del 24 de junio de 2026.
Ahora, con la tragedia similar ocurrida el pasado lunes 10 de agosto en Colombia, esta iniciativa inicial debe convertirse en un llamado latinoamericano para quienes han sido golpeados por los terremotos.
Hay momentos en que una sociedad tiene que mirar más allá de las fronteras, de los procedimientos administrativos y de las estadísticas migratorias para recordar algo fundamental: detrás de cada solicitud hay una persona, una familia y una historia. Y los terremotos que han golpeado recientemente a Venezuela y a Colombia han creado uno de esos momentos.
La iniciativa presentada por la Asociación de Abogados de Inmigración de Quebec merece ser apoyada y ampliada, porque ahora existe una nueva realidad que no podemos ignorar.
Por eso, desde la comunidad latinoamericana debemos hacer un llamado para que el Gobierno canadiense implemente una respuesta humanitaria especial para los ciudadanos venezolanos y colombianos directamente afectados por estas catástrofes.
No se trata de competir por solidaridad. Se trata de sumar una tragedia a otra y pedir una respuesta humana para ambas. Canadá ya ha respondido así en el pasado y la propuesta no carece de precedentes.
El país tiene una historia de adoptar medidas migratorias especiales cuando una catástrofe o una crisis extraordinaria deja a personas en circunstancias que el sistema migratorio ordinario no fue diseñado para resolver.
Después del devastador terremoto de Haití en 2010, el Gobierno canadiense anunció medidas especiales para acelerar solicitudes de inmigración de haitianos que tenían familiares en Canadá y permitió que haitianos que ya se encontraban temporalmente en el país pudieran extender su permanencia. El objetivo declarado era ayudar a reunificar familias afectadas por el desastre.
Más de una década después, Canadá volvió a utilizar herramientas extraordinarias tras los terremotos que devastaron Turquía y Siria en 2023. El Gobierno dio prioridad a determinadas solicitudes de residencia temporal y permanente y facilitó la extensión del estatus de personas de esos países que ya estaban en Canadá y que no podían regresar debido a la destrucción causada por los terremotos.
No estamos, por lo tanto, hablando de una idea ajena a la tradición canadiense.
De hecho, el propio Gobierno mantiene actualmente una página dedicada a sus respuestas migratorias ante situaciones extraordinarias en el extranjero y enumera entre sus precedentes recientes las medidas adoptadas después de los terremotos de Marruecos, Siria y Turquía.
Entonces, la pregunta no debería ser si Canadá tiene la capacidad de actuar, sino si está dispuesto a hacerlo ahora con Venezuela y Colombia. Porque una tragedia no termina cuando dejan de aparecer las imágenes.
El terremoto que golpeó a Colombia el 10 de agosto, con una magnitud de 7,4, ha dejado una situación de emergencia de enormes proporciones. Las cifras de muertos, heridos y personas desaparecidas continúan aumentando mientras los equipos de rescate trabajan entre los edificios destruidos. Y eso es lo que debemos recordar cuando hablamos de una respuesta migratoria humanitaria.
Porque el problema tampoco termina cuando concluye la búsqueda entre los escombros, después vienen los días, meses y años de reconstrucción.
Hay familias que han perdido sus casas, personas que han perdido sus empleos, niños que han perdido sus escuelas, personas que han quedado separadas de sus familiares. Y hay quienes, sencillamente, ya no tienen las condiciones mínimas para reconstruir su vida en el lugar donde estaban.
Para algunas de esas personas, tener familiares en Canadá podría significar una alternativa de seguridad mientras sus comunidades se recuperan.
Esto no significa pedir una política migratoria sin controles sino todo lo contrario. El Gobierno canadiense debe establecer criterios precisos: personas directamente afectadas por el desastre, familiares de ciudadanos o residentes permanentes en Canadá, personas que hayan perdido su vivienda o sus medios de subsistencia y otros criterios objetivos de vulnerabilidad.
Podría ser un programa temporal y podría tener un número limitado de beneficiarios. También podría contar con estrictos mecanismos de verificación, pero debería existir una puerta humanitaria.
Lo que nosotros le debemos decir a la ministra de Inmigración, Lena Metlege Diab, es que Canadá puede hacer la diferencia, y que de hecho ya ha demostrado que puede responder de manera excepcional cuando circunstancias excepcionales lo exigen.
Lo que estamos pidiendo es que el sistema tenga la flexibilidad necesaria para responder cuando una tragedia natural destruye, de un día para otro, las condiciones normales de vida de miles de personas.
Pero corresponde a la comunidad latinoamericana que vive en Canadá levantar la voz, porque sería un error pensar que esta responsabilidad corresponde solamente a los abogados que presentaron la iniciativa.
Nos corresponde a todos. La comunidad venezolana debe apoyar la petición para sus compatriotas y la comunidad colombiana debe sumarse para pedir que sus compatriotas afectados también sean considerados. Y el resto de la comunidad latinoamericana debe entender que esta lucha no es solamente venezolana ni colombiana, sino que es una cuestión de solidaridad, porque si hoy podemos unir nuestras voces para ayudar a una familia venezolana o colombiana, mañana podremos hacerlo por cualquier otra comunidad latinoamericana que enfrente una tragedia.
La presión pública importa, y en una democracia, hacer cabildeo no significa amenazar ni confrontar. Significa participar, escribirles a nuestros diputados, solicitar reuniones con los representantes políticos,
contactar a la ministra, firmar peticiones, hablar con periodistas, utilizar las redes sociales. Significa pedir a las asociaciones comunitarias, profesionales, religiosas y empresariales que se pronuncien y que nuestros representantes sepan que este tema importa a miles de personas.
Los gobiernos reciben innumerables solicitudes todos los días, y una petición aislada puede pasar inadvertida, pero una demanda respaldada por organizaciones, abogados, líderes comunitarios y ciudadanos de diferentes nacionalidades tiene una fuerza muy diferente.
Obviamente la presión pública no garantiza una decisión positiva, pero aumenta las posibilidades de que una causa sea escuchada, y es por eso por lo que debemos actuar ahora, mientras la tragedia todavía está presente en la conciencia pública.
No pidamos privilegios, simplemente pidamos humanidad. Porque hay una diferencia fundamental entre pedir un privilegio y pedir una respuesta humanitaria: No estamos diciendo que los venezolanos y colombianos deban saltarse las leyes canadienses, sino que, ante una circunstancia extraordinaria, el Gobierno canadiense puede crear mecanismos extraordinarios.
Y para una persona que acaba de perder su hogar, su familia o sus medios de subsistencia, esa puerta puede significar la diferencia entre quedar atrapada en una situación desesperada y tener una oportunidad para reconstruir su vida.
Este es el momento de unirnos. La iniciativa de la Asociación de Abogados de Inmigración de Quebec para los venezolanos nos ofrece un punto de partida, y la tragedia en Colombia nos obliga ahora a ampliar la conversación.
La ministra Lena Metlege Diab tiene ahora la oportunidad de escuchar este llamado, pero nosotros tenemos la responsabilidad de hacérselo llegar. Porque los gobiernos escuchan cuando las comunidades hablan, pero escuchan mucho más cuando las comunidades se organizan y hablan con una sola voz.
Hoy esa voz debe ser latinoamericana.
Vilma Filici
Consultora de Inmigración certificada
