Aquella locución proverbial de “ir por lana y volver trasquilado” parece venir como “anillo al dedo” a la hora de describir los resultados del Gobierno de Ecuador en los comicios del pasado 5 de febrero.
La administración, encabezada por el presidente Guillermo Lasso, perseguía una rotunda victoria en las urnas, pero ese objetivo, a diferencia de los vaticinios de las encuestas previas a la consulta, quedó sin hacerse realidad.
Para apuntarlo de otra manera: el referendo constitucional impulsado por Lasso para avanzar su agenda política, el cual incluyó ocho preguntas sobre diversos temas, recibió el rechazo en unas votaciones cuya convocatoria abarcó a 13,4 millones de ecuatorianos.
Según el Consejo Nacional Electoral, en los sufragios, para escoger también a autoridades provinciales y municipales, y a los siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, participó el 80 por ciento de los inscritos en el registro.
Criterios de miembros del Gobierno sostuvieron que el proceso tenía una importancia trascendental para este país, sumido entre otros males en creciente inflación, inseguridad, delincuencia y redes de narcotráfico.
De obtener un sí como respuesta, afirmaron las opiniones oficiales, la administración podría combatir los problemas más apremiantes de los ecuatorianos, incluidos la proliferación del crimen organizado, la corrupción, la falta de representatividad y el abuso de los recursos naturales.
Vinculado con la seguridad, el grupo inicial de consultas expuso dos interrogantes: la primera solicitó el permiso para extraditar a criminales y la segunda propuso a la Fiscalía evaluar, capacitar y sancionar a sus propios servidores, una labor que actualmente corresponde al Consejo de la Judicatura.
Las siguientes cuatro preguntas tuvieron relación con la democracia, y una de ellas pidió autorización a la ciudadanía para reducir el número de integrantes de la Asamblea Nacional, cuando ahora 137 integran la unicameral entidad legislativa y en 2025 deben ser 151.
El propósito era dejar en 120 el número de legisladores, con más cantidad de carácter nacional y menos de nivel provincial.
A juicio de expertos en el tema, se buscaba concentrar el debate y la gestión asamblearia en diputados nacionales y reducir la representación de las provincias más pequeñas y de los ecuatorianos en el exterior para generar una mayor centralización.
Por otra parte, el Ejecutivo también solicitó autorización a los ciudadanos para exigir que los movimientos políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1,5 por ciento del registro electoral de su jurisdicción.
Sugirió, asimismo, impedir que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nombre autoridades, y cambiar el proceso de designación de los miembros de ese organismo para ponerlo en manos del parlamento.
El Estado ecuatoriano consta de cinco poderes: legislativo, ejecutivo, judicial, de transparencia y control social, y electoral.
Dicho Consejo debe incentivar, promover y dar recursos a mecanismos permanentes de participación ciudadana más allá de las elecciones, y escoger a las autoridades de control de las funciones judicial, de transparencia y control social, y electoral (por ejemplo, los jefes de la Contraloría, la Defensoría Pública y el Consejo Nacional Electoral).
Finalmente, las dos últimas preguntas, consideradas las de más posibilidades de ser aprobadas, se relacionaron con el medio ambiente. Con ellas la administración pretendía incorporar un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas y garantizar las compensaciones a las personas y entidades que contribuyan a la generación de servicios de este sector.
Para críticos de la administración de Lasso, que cuenta con bajos niveles de preferencia popular según diferentes sondeos, la aplicación de medidas encaminadas a proteger el entorno, como esas propuestas, no necesita un referendo o su inclusión en la carta magna.
Organizaciones defensoras del medio ambiente recalcaron que las enmiendas constitucionales a tener en cuenta por los ciudadanos no significarían una modificación de gran importancia.
EL ROSTRO DE LA DERROTA
Ante la decisión de sus compatriotas en las urnas de oponerse a las ocho interrogantes, Lasso reconoció el fracaso del referendo constitucional e instó a un acuerdo a nivel de país para enfrentar los problemas de manera satisfactoria.
Si bien los sondeos previos eran positivos para el mandatario, en realidad desde el inicio su iniciativa de lanzar esta consulta generó rechazo en el país, donde muchas personas la consideraban innecesaria e insuficiente en aras de resolver desafíos como la alta inseguridad.
Diversas organizaciones y voces opositoras tildaron la alternativa gubernamental de elitista, nacida de un ejecutivo neoliberal y no del pueblo, con el propósito de levantar los bajos niveles de aprobación del jefe de Estado.
En un mensaje transmitido en cadena nacional tras los comicios, el presidente ecuatoriano manifestó que en sus propuestas estaban las soluciones a las principales dificultades, y consideró que el Gobierno tuvo un llamado del pueblo y no eludirá esa responsabilidad.
Nos han pedido a todos los partidos y agrupaciones que dejemos de abonar rencillas entre nosotros y nos pongamos de una vez por todas a solucionar los problemas urgentes y concretos de nuestra gente, expresó.
Acepto que no están de acuerdo con mis planteamientos, pero necesitamos un debate serio y sin dogmas sobre cómo enfrentar la amenaza del narcotráfico y sus vínculos con la política, sostuvo Lasso, del Movimiento Creando Oportunidades (CREO) y quien en mayo próximo cumplirá dos años en el cargo.
CRÍTICAS AL PRESIDENTE
Como una de las respuestas al gobernante, Marcela Holguín, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro de la bancada Unión por la Esperanza, calificó de falsa y mentirosa la invitación de Lasso a la unidad.
No es la primera vez que el Gobierno hace una convocatoria al diálogo y no resulta, puntualizó la legisladora, quien se refirió a la necesidad de evaluar si es es el momento de adelantar elecciones.
De otro lado, el derechista Partido Social Cristiano, que fue aliado de Lasso y propició su ascenso a la presidencia, aseveró que no será parte de un acuerdo nacional convocado por este Gobierno.
Lo que el presidente de la República sugiere y hace, siempre termina afectando los intereses del pueblo ecuatoriano, señaló la organización en un comunicado.
Por su parte, Rafael Correa, quien gobernó Ecuador de 2007 a 2017 y encabeza el movimiento Revolución Ciudadana, consideró que un gran acuerdo nacional pasa por adelantar comicios.
Debemos superar el simplismo de que democracia es esperar elecciones cada cuatro años. Lasso es un gran fraude, cómplice de la destrucción de la Patria, y constitucionalmente debe ser removido, opinó el expresidente, cuya fuerza política resultó la gran vencedora del 5 de febrero.
Además, en entrevista con Radio Pichincha, Correa valoró la victoria de su organización, y estimó que en condiciones de persecución política lograr un triunfo de tal magnitud resulta poco menos que un milagro.
Volvimos a ser Revolución Ciudadana, ganar las elecciones seccionales es un gran paso, pero la destrucción del país es inmensa, lo que tomará años superar. El dolor humano causado en los perseguidos políticos, los exiliados y los refugiados en la Embajada de Argentina no se va a recuperar, precisó.
Datos del Consejo Nacional Electoral indicaron que los seguidores de Correa lograron las prefecturas de al menos nueve provincias: Imbabura, Azuay, Sucumbíos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Santa Elena, Cañar, Pichincha, Guayas y Manabí, esas tres últimas las más pobladas de la nación.
Tales territorios tienen unos 11,7 millones de personas, aproximadamente el 67 por ciento del total del país, que alcanza los 17,5 millones de habitantes.
A la par, la Revolución Ciudadana conquistó más de 60 alcaldías, entre las cuales aparecen las de Quito y Guayaquil, cuyo nivel de importancia supera al resto de las ciudades.
Después de más de seis años de persecución, de quitarnos la personería jurídica de nuestra organización, de encarcelar injustamente a nuestros compañeros y a otros obligarlos a vivir en el exilio, en estas elecciones seccionales demostramos que somos la principal y mayor fuerza política de Ecuador, destacó la organización en un comunicado.
A su vez, el partido Pachakutik, estructura del movimiento indígena ecuatoriano, se alzó con al menos cinco prefecturas: Bolívar, Cotopaxi, Morona Santiago,Tungurahua y Napo; y el Partido Social Cristiano obtuvo tres: Esmeraldas, Los Ríos y El Oro.
Más allá de victorias y derrotas, estas elecciones estuvieron manchadas por la violencia política, pues cinco candidatos o personas vinculadas a ellos fueron asesinados. También, una decena recibió ataques en la etapa previa a los sufragios, incluso en actos de campaña, reportaron medios de prensa.
Un caso lamentable tuvo como víctima a Omar Menéndez, aspirante por la Revolución Ciudadana a la alcaldía de Puerto López, en la provincia de Manabí, y quien resultó asesinado el día antes de los comicios con más de 10 disparos.
Pese a su muerte, la población de la mencionada localidad le concedió a Menéndez el 46,22 por ciento de los votos, suficientes para alcanzar el éxito. Sin dudas, este hecho representó otro fracaso para la gestión de Lasso, un presidente que anda trasquilado.
