La madrugada del 3 de enero de 2026 marcó un punto de inflexión en la dinámica política y de seguridad del hemisferio occidental.
Tras meses de tensiones crecientes y un amplio despliegue de fuerzas militares en el Caribe, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una incursión militar en Venezuela que culminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos ante la justicia estadounidense.
La acción, denominada por Washington como Operación Determinación Absoluta, generó reacciones divididas a nivel internacional, con pronunciamientos que van desde cuestionamientos por presuntas violaciones del derecho internacional hasta análisis aún en curso sobre su impacto regional y global.
ATAQUE
La operación militar comenzó alrededor de las 02:00, cuando una flota de aproximadamente 150 aeronaves estadounidenses ejecutó ataques contra sistemas de defensa aérea e infraestructuras estratégicas en Caracas y en varios estados venezolanos, con el objetivo de facilitar la extracción del liderazgo político.
Trump calificó la incursión como un “asalto espectacular” y una de las demostraciones más notables de la capacidad militar de Estados Unidos.
De acuerdo con reportes oficiales, siete efectivos estadounidenses resultaron heridos durante la operación. Del lado venezolano, las autoridades informaron de al menos 100 fallecidos, entre personal militar y civiles. Asimismo, se reportaron 32 bajas entre colaboradores cubanos presentes en el país sudamericano.
La Casa Blanca y miembros del gabinete justificaron la intervención como una acción de aplicación de la ley en el marco de la lucha contra el narcoterrorismo, al reiterar acusaciones contra Maduro por presuntos vínculos con el tráfico de drogas y con organizaciones criminales como el llamado Cártel de los Soles, cuya existencia ha sido objeto de debate.
La operación, sin precedentes en América del Sur, fue denunciada por el gobierno venezolano como un secuestro y recibió críticas de expertos en derecho internacional, quienes la consideran incompatible con la Carta de las Naciones Unidas.
Paralelamente, varios países que no reconocían a la administración de Maduro manifestaron su respaldo al desenlace de los acontecimientos. En un comunicado emitido el mismo día, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, señaló que su gobierno veía en la situación una oportunidad para avanzar hacia la libertad, la democracia, la paz y la prosperidad del pueblo venezolano.
Carney expresó también su apoyo a un proceso de transición pacífico, negociado y liderado por venezolanos, que respete la voluntad democrática, al tiempo que reiteró la importancia del derecho internacional.
Dos días después de su captura, Maduro y Flores comparecieron ante un tribunal federal en Nueva York, donde se declararon inocentes de los cargos presentados, que incluyen conspiración para narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer dichos armamentos. Durante la audiencia, Maduro afirmó considerarse un “prisionero de guerra”.
¿CREACIÓN DE UN PRECEDENTE?
Más allá del desarrollo judicial del caso, persisten interrogantes sobre el futuro político de Venezuela, donde la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta encargada.
Rodríguez ha declarado que gobernará sin injerencias externas, mientras Trump ha reiterado que Estados Unidos desempeñará un papel activo en el proceso de transición, e incluso ha insinuado una administración indirecta desde Washington.
El mandatario estadounidense advirtió sobre posibles nuevas acciones si las autoridades venezolanas no actúan conforme a los intereses de Estados Unidos, entre los cuales destaca el acceso a los recursos energéticos.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, un factor que ha ocupado un lugar central en el discurso de Trump. Analistas, académicos y diversos medios internacionales han señalado que el control de ese recurso podría haber sido un objetivo estratégico de la operación, por encima de consideraciones relacionadas con democracia o narcotráfico.
Mientras sectores de la oposición venezolana y ciudadanos en el exterior celebraron la captura de Maduro, dentro del país se registraron movilizaciones que exigen su liberación y sostienen que continúa siendo el presidente constitucional.
ONU
Durante una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, varios Estados, incluidos algunos aliados de Washington, expresaron objeciones a la intervención y rechazaron declaraciones posteriores de Trump sobre una eventual ampliación de acciones militares hacia México, Colombia u otros territorios.
El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la operación estadounidense podría sentar un precedente relevante para las relaciones internacionales futuras, una preocupación compartida por líderes políticos, medios de comunicación y analistas, ante el riesgo de que se normalicen acciones unilaterales de captura de jefes de Estado.
