Ocho millones de hogares quedaron oscuros, el Gobierno del presidente Gabriel Boric decretó toque de queda en varias regiones del país y las clases fueron suspendidas a nivel nacional… Así, de manera breve, se puede describir el impacto de un apagón en Chile.
Sin embargo, al decir de diversas voces, el evento de esta semana que fue calificado por el Ministerio de Energía como una “falla en cadena” expuso vulnerabilidades críticas en la matriz energética de esa nación sudamericana.
También, recordaron medios de prensa, trajo nuevos debates relacionados con la gestión de infraestructuras estratégicas, la preparación ante emergencias y la desigualdad en el acceso a servicios básicos.
¿QUÉ SUCEDIÓ?
El periódico La Tercera y el portal en línea EMOL divulgaron que el apagón comenzó alrededor de las 20:30 hora local del 25 de febrero, cuando falló una subestación clave en el Sistema Eléctrico Nacional y eso desconectó centrales de generación desde Antofagasta hasta La Araucanía.
La administración descartó inicialmente un ciberataque o sabotaje, y la Coordinadora Eléctrica Nacional apuntó en un comunicado que la interrupción se originó por “problemas de coordinación en la transmisión”.
Menos de una hora después del incidente, 12 de las 16 regiones chilenas carecieron de electricidad y el Ministerio del Interior activó el protocolo de emergencia, con el respectivo despliegue de Carabineros y las Fuerzas Armadas para resguardar el orden público.
CRÍTICAS A LAS MEDIDAS
La decisión del Gobierno de decretar toque de queda en regiones como Metropolitana, Valparaíso y Biobío generó controversia.
A juicio de Radio Bío Bío, tal determinación, vigente de las 23:00 a las 05:00 hora local del 26 de febrero recordó los peores momentos de la pandemia o el estallido social de 2019.
Por su parte, vecinos de las comunas Puente Alto y La Pintana relataron a periodistas que la oscuridad total facilitó saqueos a supermercados y farmacias, mientras que Carabineros reportó más de 150 detenciones por desórdenes.
También, la suspensión nacional de clases por dos días dejó en evidencia la dependencia de la educación pública de la energía eléctrica.
Datos expuestos por La Tercera muestran que el 70 por ciento de los colegios en Chile carece de generadores de respaldo, lo que imposibilita incluso el funcionamiento de sistemas básicos como iluminación o bombas de agua.
Resulta inaceptable que un país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico no tenga protocolos destinados a garantizar la continuidad pedagógica, criticó el Colegio de Profesores en un comunicado.
A eso se suma que durante las primeras horas, las autoridades minimizaron la magnitud del apagón y lo atribuyeron a “fallas localizadas”, mientras usuarios en redes sociales reportaban caos en hospitales y cortes en servicios de urgencia.
Por ejemplo, en La Serena adultos mayores dependientes de equipos médicos eléctricos tuvieron que ser trasladados a clínicas privadas, relató un familiar a Radio Cooperativa y recalcó que “nadie nos avisó; tuvimos que improvisar”.
ACTITUD DE BORIC Y OTRAS CONSECUENCIAS
El presidente chileno reconoció en un discurso televisado que “hubo errores en la respuesta inicial”, pero defendió el despliegue de las fuerzas del orden.
Para analistas políticos, el problema refleja una “miopía crónica” en la planificación de infraestructura, y Chile, aunque es líder regional en energías renovables, continúa dependiendo de un sistema centralizado de transmisión, sin redes locales autónomas capaces de evitar colapsos nacionales.
También, el apagón hizo más marcadas las brechas socioeconómicas pues en barrios acomodados los generadores privados mantuvieron luces y cercas eléctricas, y en campamentos y zonas rurales la oscuridad fue total.
De acuerdo con la Organización No Gubernamental Ciudadano Inteligente, el 30 por ciento de las familias vulnerables carece de acceso a linternas o pilas.
LECCIONES
Expertos citados por medios de prensa coincidieron en que el apagón debe impulsar reformas estructurales, y sugirieron descentralizar la matriz energética, fortalecer estándares de resiliencia y lograr la transparencia en datos.
Mientras tanto, la oposición y organizaciones sociales exigen una investigación independiente, pues como planteó un editorial en The Clinic “un apagón no es solo un problema técnico; es un síntoma de un Estado que prioriza el crecimiento económico sobre la seguridad ciudadana”.
