La influencia política de Ricardo Martinelli continúa muy fuerte en Panamá, donde el exmandatario (2009-2014), condenado a prisión y asilado en la embajada de Nicaragua, no pudo participar como candidato en las elecciones presidenciales del 5 de mayo, pero logró que su fiel compañero José Raúl Mulino se impusiera en las urnas, y esa victoria seguramente lo favorecerá en el futuro.
Martinelli quiso buscar un nuevo periodo como jefe de Estado en los comicios del último domingo, pero el 2 de febrero pasado la Corte Suprema de Justicia de Panamá confirmó la sentencia de 10 años y ocho meses de cárcel que había sido dictada en su contra por delitos de corrupción en el caso conocido como New Business, relacionado con blanqueo de capitales.
El exgobernante, quien había anunciado su candidatura presidencial desde 2023, se asiló el 7 de febrero en la referida sede diplomática, al argumentar “razones políticas y encontrarse en riesgo inminente su vida, integridad física y seguridad”, y a raíz de esos hechos fue su compañero de fórmula quien lo relevó como aspirante al Palacio de las Garzas, sede del Ejecutivo.
Con el 98 por ciento de las mesas escrutadas, el candidato del partido Realizando Metas consiguió el 34,3 por ciento de los votos, suficiente para vencer a Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, quien con un 24,7 por ciento del apoyo de los votantes superó las previsiones de las encuestas.
También aventajó al expresidente Martín Torrijos (16 por ciento), del Partido Popular; y al resto de los contendientes, incluido José Gabriel Carrizo (5,8), del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), relegado al sexto lugar como reflejo del muy bajo nivel de aprobación que tiene el actual mandatario panameño, Laurentino Cortizo.
Mulino, calificado por medios de prensa locales e internacionales como el delfín político de Martinelli, asumirá la presidencia del país el próximo 1 de julio, para un periodo de cinco años.
Durante la campaña electoral el ahora presidente electo manifestó que piensa “ayudar” a evitar que el exgobernante cumpla la sentencia en su contra, bajo el argumento de que la condena es resultado de una persecución política injusta.
¿QUIÉN ES JOSÉ RAÚL MULINO?
En abril del pasado año, cuando ya se movía en el país centroamericano la contienda rumbo a las urnas, Mulino declaró a la prensa que se veía retirado de la vida política, pero después de esos pronunciamientos se unió a Martinelli como compañero de fórmula en el intento de este último de regresar a la presidencia.
Luego de que en marzo último el Tribunal Electoral inhabilitara al exmandatario como aspirante al Ejecutivo, Mulino tomó su lugar en la boleta y se convirtió así en el último candidato en incorporarse a la contienda, para desplegar una campaña breve en la que ni siquiera llegó a participar en un debate con los demás contendientes.
Sin embargo, no es un desconocido para los panameños, pues el hombre de 64 años de edad ha desempeñado varios cargos públicos e, incluso, ha estado también implicado en escándalos de corrupción.
Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Santa María La Antigua y máster en Derecho Marítimo por la estadounidense Tulane University, en 1990 se convirtió en viceministro de Relaciones Exteriores del Gobierno de Guillermo Endara (1989-1994), el cual se instaló tras la invasión de Estados Unidos a Panamá.
Posterior a la muerte del titular de esa cartera se convirtió en canciller, y de 1994 a 1996 se desempeñó como magistrado suplente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema, pero su etapa de mayor notoriedad comenzó en 2009, cuando Martinelli lo nombró primero como ministro de Gobierno y Justicia, y luego en 2010 lo designó ministro de Seguridad Pública.
En esta última cartera desplegó políticas de mano dura y enfrentó controversias como las desatadas por la represión en julio de 2010 de trabajadores bananeros que realizaban protestas en la provincia de Bocas del Toro, con saldo de dos muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos.
Como recordó la agencia española EFE, al comienzo del gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) fue acusado de corrupción relacionada con la empresa italiana Finmeccanica por recibir supuestamente comisiones por la compra de 19 radares, caso por el que fue encarcelado de manera preventiva durante siete meses hasta abril de 2016.
A raíz de esa causa, que fue anulada en agosto de 2017, Mulino llegó a definirse como “preso político”. En las elecciones de 2019 fue precandidato presidencial por la formación Cambio Democrático, aunque sufrió una derrota en los comicios primarios a manos de Rómulo Roux y después se cambió a Realizando Metas, el partido fundado por Martinelli en 2020.
Durante la campaña de este año el político de derecha lanzó propuestas enfocadas en la recuperación económica, el desarrollo de infraestructura para la rehabilitación de carreteras y el fortalecimiento del alcance de la energía eléctrica, y expresó que su gobierno estará enfocado en regresar al auge que afirma vivió el país durante el ejecutivo de Martinelli.
RETOS DEL NUEVO GOBIERNO
Justamente la cuestión de la economía es uno de los principales desafíos que enfrenta su futura presidencia, así como luchar contra la corrupción, recuperar la confianza en el país y borrar las dudas de si pretende acometer un cambio constitucional, estimó EFE.
A criterio de diversas fuentes, la crisis de Panamá se evidencia en el descenso del ritmo de crecimiento del Producto Interno Bruto, que se espera sea de alrededor del 2,5 por ciento al cierre de este año frente al 7,3 por ciento de 2023. Tal problema se atribuye a las consecuencias de la pandemia de Covid-19 y su manejo.
La economía y el empleo no terminan de recuperarse tras la caída del 17,9 por ciento de dicho indicador en 2020, y a eso se adiciona el estrés hídrico en el canal interoceánico que hará mermar los ingresos de la vía y sus aportes al Estado, y el cierre a finales de 2023 de la gran mina Cobre Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals.
El nuevo gobierno tiene un número de retos no desconocidos, claramente identificados, pero para los cuales se requiere que existan algunos pasos o requisitos previos encaminados a permitir enfrentarlos de manera exitosa, opinó a la citada agencia el economista panameño Felipe Chapman.
Consideró que el primer desafío es “recobrar la confianza en un país donde las encuestas revelan que se ha elevado de forma importante la desconfianza hacia los distintos actores de la sociedad”.
Si lo logra sería un paso fundamental en la dirección correcta, y a su vez ese mensaje le favorecería también en el trabajo ante una nueva Asamblea bastante heterogénea, con grupos importantes de diputados que no fueron electos en su misma plataforma política, reflexionó Chapman, al tener la alianza electoral de Mulino 15 diputados de 71, en un Congreso además de 21 miembros independientes.
Criterios de especialistas apuntan además que Mulino debe intentar enfilar su gestión al respeto al orden constitucional y a la división de poderes, y gestionar un Gobierno de unidad nacional, como anunció en su discurso de la victoria.
Aquí tendrán a un presidente de mucha conciliación respetuosa. Respeto a la autonomía de cada órgano del Estado, pero le toca al Ejecutivo, y así será, conducir los destinos de la nación panameña, manifestó.
Para Ernesto Cedeño, diputado electo por Movimiento Otro Camino, lo primero que debe hacer la nueva administración es motivarse a respetar el Estado de Derecho y el orden constitucional.
“Tiene que respetar el orden constitucional, pero adicional, para minimizar los actos de corrupción, y estar pendiente a fortalecer la separación de poderes”.
A juicio de Cedeño, “eso quiere decir que debe permitir que la Asamblea, libremente, con el presupuesto adecuado funcione y que ejerza su papel sin cortapisa alguna”.
Relacionado con el respeto al Estado de derecho y el orden constitucional, insistió que el futuro gobierno no debe promover normas que se aparten del tenor constitucional. Por ejemplo, promover algún indulto por tema que no sea político, o que sus diputados provean una amnistía en la Asamblea para casos vinculados con corrupción.
Sin embargo, luego del triunfo de Mulino, y más allá de los numerosos desafíos que tiene por delante, la pregunta que muchos se hacen es si podrá gobernar con independencia o si tendrá a Martinelli como un presidente en la sombra.
Rodrigo Noriega, analista de políticas públicas y temas de justicia de Panamá, apuntó que Mulino tendrá la opción de otorgarle un salvoconducto para que el exmandatario salga de Panamá rumbo a Nicaragua, una solicitud rechazada antes por la administración de Cortizo.
En su opinión, es la única opción que posee, pues en base a la Constitución panameña, Martinelli no podría ser beneficiario de un indulto presidencial o de una amnistía legislativa, “porque estas medidas solo son aplicables a delitos políticos y no a un delito común como el blanqueo de capitales”.
Resulta previsible, subrayó, una confrontación entre el gobierno de Mulino y el órgano judicial, no solo por la condena de Martinelli, sino también por otras a miembros del gabinete del expresidente.
