La decisión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de iniciar conversaciones con el grupo criminal “Clan del Golfo”, la estructura armada ilegal con mayor presencia en el país, se da a conocer cuando se cumplen dos años del lanzamiento de su plan de “paz total”.
Mediante la resolución 257 del 2024, que fue publicada en el Diario Oficial el 5 de agosto, el mandatario autorizó la instalación de un espacio de conversación sociojurídico con esa organización, autodenominada como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como parte de la Ley 2272 de 2022, conocida como ley de Paz Total.
Esa normativa otorga facultades al jefe de Estado para adelantar acercamientos con organizaciones delincuenciales en aras de iniciar diálogos de paz o procesos de sometimiento a la justicia, dentro de un plan que pretende dar una solución definitiva al conflicto armado de larga data en la nación sudamericana.
Para encabezar la representación del Gobierno en el diálogo con el Clan del Golfo se designó a Álvaro Jiménez, exnegociador de la guerrilla del Movimiento 19 de abril (M-19). Por el Ejecutivo también estarán María Gaitán, nieta del asesinado líder Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948); Armando Custodio Wouriyu; Víctor Negrete; y Águeda Plata.
Del lado de la agrupación armada, en tanto, se reconoce a seis voceros, de quienes la resolución pide el levantamiento de sus órdenes de captura para poder instalar el espacio de conversación, cuya misión será “verificar la voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, fijar los términos de sometimiento a la justicia en los términos permitidos en la Ley”.
INTERROGANTES Y RETOS
Según señala el diario español El País, esta es la primera vez que se toma una decisión en firme para dialogar entre el Gobierno de Petro y el Clan del Golfo, que se ha apoderado de varias regiones de Colombia en los últimos años.
La noticia ahora puede generar expectativas, pero también supone diversos desafíos jurídicos, entre ellos el hecho de que el grupo ha dicho que no quiere negociaciones que apunten a un sometimiento a la justicia, hacia lo cual parece apuntar la resolución difundida esta semana.
Jesús Ávila Villadiego, conocido como “Chiquito Malo”, y quien es el máximo jefe del EGC, expresó en recientes declaraciones a Caracol Radio que no existe ninguna posibilidad de que se acepte una Ley de Sometimiento, al señalar que, en el pasado, varias agrupaciones armadas como las Autodefensas Unidas de Colombia aceptaron una normativa de ese tipo que no condujo a una paz estable y duradera.
Para Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, se abre un proceso que podría tardar hasta un año de discusión, porque no hubo un trabajo exploratorio en el que se dejaran claros los pedidos mínimos de las partes.
Con las interrogantes acerca de los frutos que podrían dar estas conversaciones, Petro comenzó el 7 de agosto su tercer año de Gobierno.
Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte (Barranquilla), manifestó a la agencia española EFE que el jefe de Estado han logrado en sus dos primeros años una “disminución de la violencia homicida”, al negociar treguas con bandas criminales en tres ciudades clave: Buenaventura, Quibdó y Medellín.
Sin embargo, advirtió que llega a la mitad de su mandato sin haber podido convencer a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de renovar el cese al fuego bilateral más largo del país, que terminó el 3 de agosto, y con unas negociaciones con el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC que parecieran simbólicas.
Los retos hasta 2026 son numerosos.
