El actual desabastecimiento de medicinas en Colombia merece el calificativo de crisis y el debate en torno al problema traspasa el ámbito sanitario para apuntar a un conflicto político, económico y ético, según diversos criterios.
Para el gobierno del presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Salud, la situación se debe a fallas estructurales del sistema sanitario, monopolios en la distribución farmacéutica y prácticas especulativas; pero las empresas gestoras alegan deudas estatales.
De acuerdo con la mencionada entidad, cinco empresas al estilo de Audifarma, Cruz Verde, Éticos Serrano, Colsubsidio y Cafam controlan el 80 por ciento del mercado nacional, y esa concentración, en opinión de especialistas, suele derivar en prácticas anticompetitivas, como fijación de precios o restricción de la oferta.
Por ejemplo, divulgaron medios de prensa, la Superintendencia Nacional de Salud encontró en bodegas de Audifarma 113 mil dosis de insulina sin distribuir, pese a las demandas de pacientes.
Como plantean economistas, tal acaparamiento refleja un problema sistémico: la dependencia de pocos actores permite manipular la disponibilidad de medicamentos esenciales, para dañar a poblaciones vulnerables.
En el caso del factor de crecimiento, usado en pacientes con enfermedades graves y vendido a sobrecostos de 183 por ciento, resulta evidente cómo la falta de competencia facilita la inflación de precios.
Fuentes oficiales sostienen que dichas gestoras facturan a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) valores muy superiores a los reales, y así ocurre el desvío de recursos que deberían destinarse a la atención.
CADENA DE SUMINISTRO EN PROBLEMAS
Reportes de prensa apuntan que el gobierno ha transferido unos 385 millones de dólares a distribuidores en los últimos cinco meses, pero persisten las deudas con laboratorios, lo cual reduce la producción.
De esa manera, existe un quiebre en la cadena de pagos, pues los recursos públicos no llegan a los productores, posiblemente por retenciones o malas prácticas financieras de los intermediarios.
Países con sistemas de salud fragmentados, como varios en América Latina, han generado crisis similares debido a la corrupción y la intermediación excesiva, recalcan medios de comunicación.
Sin embrago, precisan, la diferencia radica en que, en este caso, la administración vincula directamente el desabastecimiento con una estrategia para sabotear su reforma a la salud, que busca reducir el papel de los privados y fortalecer la red pública.
REFORMA SANITARIA
Petro ha comparado el acaparamiento de medicamentos con tácticas golpistas, y esa analogía, aunque polémica, subraya la dimensión política del conflicto al evidenciar la resistencia de grupos económicos a cambios regulatorios que afectarían sus ganancias.
La reforma propuesta por el mandatario intenta modificar el modelo de las EPS, criticadas durante décadas por ineficiencia y corrupción, y centralizar la compra de medicamentos en el Estado.
Por su parte, al retener insumos los gestores farmacéuticos perjudican a pacientes y construyen un relato de caos sanitario para deslegitimar la iniciativa del jefe de Estado, quien ha llamado asesinos a los acaparadores de fármacos.
Mientras tanto, la solicitud de investigaciones por parte de la Fiscalía busca responsabilizar a los gestores, y a la vez también expone la lentitud de las instituciones para actuar ante emergencias sanitarias.
No obstante, surgen diferentes preguntas: ¿Hay pruebas contundentes de una conspiración empresarial? ¿O el desabastecimiento es resultado de múltiples factores, como ineficiencias estatales?
Si bien se hallaron medicamentos retenidos, explicaron los medios de comunicación, se requiere una auditoría independiente para determinar si esto responde a una estrategia coordinada o a fallas logísticas.
¿UN SISTEMA EQUITATIVO?
A juicio de diversas voces, la crisis colombiana refleja un dilema global acerca de cómo garantizar el acceso a la salud en sistemas dominados por intereses privados.
Más allá de sanciones a los especuladores, la solución, afirman los entendidos en el tema, requiere de desmonopolización del mercado, regulación de precios, fortalecimiento de lo público, y transparencia financiera.
Sin dudas, el camino es complejo; pero urgente, pues, al decir de muchos, la salud no debe ser un negocio y sí un derecho que exige mecanismos de control y una ética colectiva a favor de la vida sobre el lucro.
