Cuando el pasado 13 de septiembre el Congreso de Argentina dio luz verde a la Ley de financiamiento universitario, parecía que la oposición se había anotado un importante triunfo con la aprobación de esa medida rechazada por el presidente del país, Javier Milei, empeñado en objetar cualquier tipo de gasto que atente contra el equilibrio fiscal.
Sin embargo, ni los impulsores de la norma, ni decenas de miles de estudiantes universitarios a su favor, pudieron celebrar la entrada en vigor, pues el mandatario decidió vetarla de inmediato, y el 9 de octubre, después de numerosas maniobras para contar con respaldo suficiente en el Legislativo, Milei consiguió que la Cámara de Diputados apoyara su decisión.
Desde entonces, las tensiones entre el Gobierno y los centros de altos estudios de la nación no han dejado de crecer, con tomas de edificios en las instituciones docentes, asambleas estudiantiles, paros y la celebración de clases públicas en las calles.
LOS PUNTOS DE LA LEY
Según el sitio web argentino Chequeado.com, la legislación en disputa proponía declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
La iniciativa proponía actualizar las partidas del presupuesto de acuerdo con la inflación acumulada y después aplicar un incremento bimestral siguiendo la evolución del Índice de Precios al Consumidor; establecía nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades; y encomendaba al Ejecutivo recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional.
Cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso indican que la normativa tendría un costo fiscal del 0,14 por ciento del Producto Interno Bruto, equivalente a 738 mil 595 millones de pesos (unos 754 millones de dólares).
Un análisis sobre el tema publicado por la página digital de la cadena de radio Aire de Santa Fe indicó que con los subsidios que reciben las personas más ricas en Argentina, expresados en las exenciones vigentes del impuesto a los Bienes Personales, se podría pagar 24 veces el incremento del presupuesto para las universidades públicas.
“En modo Hood Robin (al contrario del célebre Robin Hood), el presidente Javier Milei le quita recursos a las clases medias y bajas para agrandarle el bolsillo a los ricos”, expresó Javier Gatti, el autor de ese texto.
UNIVERSIDADES TOMADAS
Durante la última semana, las universidades públicas de Argentina realizaron un paro general de actividades, mientras sus alumnos ocuparon sedes de las casas de altos estudios en rechazo al veto de Milei.
Al cierre de esta edición, alrededor de un centenar de facultades y rectorados de centros de educación superior permanecían tomados por sus estudiantes y profesores como expresión de protesta.
Según informó el diario Clarín, ocho facultades de la Universidad de Buenos Aires, la más reconocida y concurrida del país, y decenas de establecimientos en el conurbano bonaerense y el interior de Argentina decidieron profundizar las medidas para reclamar al Gobierno las partidas destinadas a dichas instalaciones en el Presupuesto 2025 que ahora se debatirá en el Congreso.
Para el año próximo, el Ejecutivo propone solo la mitad de los recursos que piden las universidades.
Al respecto, Milei ha dicho que si los diputados deciden otorgar lo demandado por esas instituciones, pueden hacerlo, pero tendrían que reducir la asignación de otra partida, porque “el déficit (fiscal) cero no se negocia”.
Mientras avanzan los debates sobre el tema en el Legislativo, se espera que continúen las acciones del estudiantado y los docentes.
