México-EE.UU. García Luna, rostro de la corrupción.

Pocas veces un juicio ha tenido tanta resonancia en dos países como el proceso recientemente concluido contra el exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, cuyo veredicto de culpabilidad decretado en una corte de Estados Unidos tiene profundas implicaciones para la nación latinoamericana.

Su historia contiene tintes cuasi novelescos, al tratarse de una figura con un vertiginoso ascenso, que llegó a convertirse en poco tiempo en el zar antidrogas de México y gozó de una amplia influencia política durante las administraciones de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).

El hombre de 54 años de edad, quien nació en la Ciudad de México y es ingeniero mecánico de formación, fue reclutado en 1989 como agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), área de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación, y una década después pasó a la desaparecida Policía Federal Preventiva.

Ascenso vertiginoso y caída

En septiembre de 2001, Fox ordenó la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI), un organismo cuya estructura y formas de capacitación buscaban ser similares a las adoptadas por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, y García Luna fue designado como su director.

Según relata el diario mexicano La Jornada, al principio de su gestión al frente de la AFI, el extitular sostuvo que se eliminaría la corrupción en la corporación federal, y para eso realizó despidos masivos de agentes, contrató a jóvenes egresados de cualquier licenciatura e impuso un proceso de exámenes de confianza, a los que él mismo nunca se sometió.

Además, se encargó de designar para los mandos de la dependencia a personas que lo habían acompañado en el Cisen, y algunas de ellas, ya en 2003, eran señaladas por encubrir a bandas de secuestradores y apoyar a Ismael El Mayo Zambada, actual líder del cártel de Sinaloa. 

Tras su paso por la AFI, García Luna fue designado en 2006 titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del sexenio de Calderón, quien le otorgó el poder “para construir la más numerosa de las corporaciones policiacas y para la adquisición de sistemas de espionaje que fueron utilizados legal e ilegalmente, y que sirvieron para perseguir no sólo a narcotraficantes y secuestradores, sino también a políticos y opositores gubernamentales, mientras se protegían las operaciones de grupos delictivos cómplices”, de acuerdo con La Jornada.

La SSP fue fundamental para el lanzamiento de la llamada guerra contra el narcotráfico en México, una controvertida cruzada de la que García Luna fue protagonista.

Transformado en uno de los hombres más poderosos del país, llegó a ser también el más cercano aliado de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, y recibió condecoraciones por parte de esa entidad, del FBI y de la Agencia Central de Inteligencia, que en 2012 le otorgó un premio por su “amistad, colaboración y apoyo”.

Después del fin del mandato de Calderón, el exsecretario se trasladó a vivir a Estados Unidos, donde específicamente en Dallas, Texas, fue detenido el 9 de diciembre de 2019, pues en el juicio contra el connotado narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, entonces líder del cártel de Sinaloa, su nombre se vinculó con esa organización criminal.

Richard P. Donoghue, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, indicó tras el apresamiento que García Luna estaba acusado de tomar millones de dólares en sobornos de ese cártel mientras controlaba la Policía Federal mexicana y era responsable de asegurar la seguridad pública de tal nación.

Juicio, testigos y condena

Con esos antecedentes, el pasado 23 de enero comenzó en dicho distrito estadounidense el juicio a García Luna, que fue visto como una continuación del realizado a El Chapo.

En el proceso contra el capo, quien fue condenado a cadena perpetua, un antiguo miembro del cártel de Sinaloa declaró que entregó maletas al exsecretario mexicano con al menos seis millones de dólares en efectivo en 2005, 2006 y 2007.

Durante la causa contra García Luna los fiscales argumentaron que el otrora funcionario permitió a ese grupo operar libremente en México y transportar drogas de manera segura y sin interferencias hacia Estados Unidos, además de que lanzó ataques contra bandas rivales. En total, dijeron, el acusado recibió alrededor de 274 millones de dólares en sobornos desde 2001 hasta 2012.

El primer testigo presentado por la fiscalía fue Sergio El Grande Villarreal, exintegrante del cártel de los Beltrán Leyva, quien afirmó que cuando esa organización era una facción del cártel de Sinaloa sus miembros reunían dinero para sobornar a García Luna y a otras autoridades de la AFI.

Según ese testimonio, la AFI también les proporcionó credenciales y vehículos falsos, lo que les facilitó las actividades de tráfico y la expansión de su influencia en el territorio mexicano.

Otros testigos con declaraciones similares fueron el exlíder del cártel del Milenio Óscar Nava Valencia, quien manifestó que le dio a García Luna tres millones de dólares; y Edgar Veytía, exfiscal general del estado mexicano de Nayarit, quien dijo tener información de que el cártel de Sinaloa le había pagado al acusado cinco millones.

Jesús Zambada García, hermano de Ismael El Mayo Zambada, fue la última persona llamada al estrado por los fiscales. En su declaración sostuvo que empacó personalmente millones de dólares entregados a García Luna en un restaurante de la capital mexicana después de que se convirtió en secretario de Seguridad. 

En total, se escucharon los alegatos de 27 testigos, muchos de ellos antiguos integrantes de grupos criminales. Sobre esos testimonios se sustentó todo el peso del juicio, que no contó con otras evidencias como grabaciones o fotografías.

Esto último fue usado por César de Castro, el abogado principal de García Luna, para aducir que el caso carecía de pruebas y tratar de descalificar las palabras de los testigos, al tildarlos de asesinos, secuestradores y estafadores.

Pese a ese esfuerzo de la defensa, los 12 miembros anónimos del jurado que deliberaron en secreto consideraron suficiente el peso de los alegatos para determinar la responsabilidad del extitular mexicano. 

Así, el 21 de febrero el juez Brian Cogan leyó el fallo que encontró a García Luna culpable de los cinco cargos por los que estaba acusado: tres de conspiración para traficar cocaína, uno por delincuencia organizada y otro por declaraciones falsas.

Con tal veredicto, se convirtió en el funcionario mexicano de más alto rango en ser hallado culpable en Estados Unidos por cargos de corrupción vinculados con el narcotráfico, y enfrenta una sentencia que se anunciará en junio próximo y podría estar entre los 20 años de prisión y cadena perpetua.

Otros cuestionamientos

Sobre el proceso desarrollado en Nueva York, un artículo del diario español El País subrayó: “El juicio contra García Luna destapó los sobornos millonarios que aceitaron durante años la maquinaria del cártel de Sinaloa y que permitieron la aniquilación de sus rivales y su expansión hasta convertirse en una de las mayores fuerzas criminales del mundo. Los capos mataron, secuestraron, torturaron, se disfrazaron de policías y sembraron el terror en el país. Todo, con la colaboración de funcionarios en las esferas más altas del poder en México. Todo, mientras el Gobierno presumía de los resultados de la guerra para combatirlos”.

Para diversos analistas y medios de prensa, el proceso contra García Luna renovó las fuertes críticas a la guerra contra las drogas apoyada por Washington, y confirmó los estrechos vínculos numerosas veces denunciados entre el Estado mexicano y el mundo del narcotráfico.

“Aunque del juicio no surgieron acusaciones sólidas contra los gobiernos de Estados Unidos y México, los expertos dicen que el veredicto debe considerarse como una acusación más amplia de corrupción política en ambos lados de la frontera, a expensas de las víctimas de la guerra militarizada contra las drogas”, apuntó la revista digital The Intercept.

Luego del fallo contra García Luna, ganaron fuerzas las interrogantes acerca de si sería posible encausar también a los expresidentes Fox y Calderón.

El actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, un crítico acérrimo de lo que considera una corrupción imperante en los gobiernos anteriores, ha señalado la posibilidad de que el exsecretario colabore con las autoridades y les brinde información acerca de si recibía órdenes de alguien.

En específico, el presidente ha pedido aclarar el rol que desempeñaron en esos hechos Fox y Calderón, así como el papel de las autoridades de Estados Unidos, las mismas que llegaron a premiar a García Luna.

José Oscar Fuentes
+ posts