La paz sigue siendo escurridiza para Colombia, nación latinoamericana sumida desde hace más de seis décadas en un conflicto armado que ha dejado profundas heridas todavía abiertas y que por estos días se profundizan y sangran aún más en la noreste región del Catatumbo.
En esa zona próxima a la frontera con Venezuela, donde predominan los bosques y selvas, y existe gran variedad de recursos naturales, se produjo un nuevo recrudecimiento de la violencia.
A la par, existe una crisis humanitaria a causa del enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las FARC, otro golpe contra el objetivo de paz total promovido por el presidente Gustavo Petro y anhelado por millones de personas.
La noticia el pasado lunes del hallazgo de 13 cuerpos en el corregimiento de La Cecilia, en el municipio de Teorama, representó un nuevo momento de conmoción para Colombia y otra muestra de que la violencia en el Catatumbo no se detiene, a pesar de las medidas anunciadas a nivel gubernamental para tratar de solucionar una crisis con profundo impacto humano.
Medio locales e internacionales de prensa que han seguido de cerca los hechos apuntan que lo que en principio parecía ser un problema regional aislado, adquirió magnitudes impredecibles, con un saldo de muertos que varía entre 60 y 100, según las estimaciones de la Defensoría del Pueblo y otras fuentes del país sudamericano.
Cifras del Ministerio de Defensa indican que más de 48 mil personas han sido desplazadas de la región, entre ellas 21 mil que se movieron hacia Cúcuta, capital departamental; 13 mil 313 que se encuentran en Tibú, otra parte del Catatumbo; y nueve mil 272 en Ocaña, segunda ciudad del Norte de Santander.
¿QUÉ DESENCADENÓ LA CRISIS ACTUAL?
La agencia española EFE reportó que el 16 de enero último el ELN lanzó un operativo militar de una magnitud inédita y advirtió que seguiría “corriendo sangre en el Catatumbo” hasta que se entregue alias Richard, identificado como Richard Suárez y uno de los comandantes en la zona de las disidencias de las FARC.
El guerrillero firmó el acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y ese grupo, pero retomó las armas como algunos jefes que perdieron la fe en el proceso encaminado a ponerle fin al conflicto bélico, añadió el medio.
Precisamente, al menos cinco firmantes de aquel convenio se encuentran entre los muertos en la región en las pasadas jornadas, y otros 11 están en paradero desconocido.
“De los 464 firmantes (del acuerdo de paz) que hoy habitan los municipios del Catatumbo, 102 son desplazados con sus familias”, advirtió Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación, entidad gubernamental encargada de coordinar la reintegración de los desmovilizados de los grupos armados ilegales.
Frente a la creciente violencia, el gobierno de Petro lanzó el 23 de enero una ofensiva militar contra el ELN y reactivó órdenes de captura que habían sido suspendidas como parte de la política de “paz total”, la cual busca integrar a todos los grupos armados ilegales en negociaciones.
Además, el mandatario declaró el estado de Conmoción Interior, que le otorga facultades especiales para emitir decretos con el objetivo de devolver la seguridad al territorio afectado.
La decisión del presidente colombiano de dar ese paso es vista como una prueba de la magnitud de la crisis. Mientras que el Ejército Nacional continúa con la llamada Operación Catatumbo para estabilizar el territorio y avanzar en la ofensiva contra las estructuras que operan en la zona, la situación confirma lo complejo que resulta alcanzar la paz total perseguida por Petro.
En este contexto, las comunidades civiles siguen siendo las más vulnerables, atrapadas en medio de los enfrentamientos, desplazadas de sus hogares, y expuestas a un ciclo de violencia que parece interminable.
