La condena contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos estremeció el panorama político en Argentina, América Latina y el mundo.
Confirmado la semana pasada por la Corte Suprema de Justicia del país sudamericano, el fallo de un tribunal inferior, en un proceso que según varias voces estuvo repleto de irregularidades, marca un antes y un después en la historia nacional.
Mandataria de 2007 a 2015 y luego vicepresidenta (2019-2023), Cristina fue hallada
culpable de administración fraudulenta en perjuicio del Estado en el contexto de la llamada causa Vialidad.
El proceso de investigación correspondiente determinó que durante sus gobiernos, la exjefa de Estado favoreció de manera sitemática a un empresario allegado, Lázaro Báez, con la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, muchas de las cuales presentaron sobreprecios, demoras injustificadas o quedaron inclonclusas.
La instancia federal que dictó la condena en 2022 consideró probada la existencia de una estructura destinada a direccionar fondos públicos en beneficio de Báez y, por extensión, del propio entorno presidencial.
Tras varios recursos legales, la Corte Suprema de Justicia ratificó la sentencia al desestimar los argumentos de la defensa y confirmar las referisas penas, aunque la primera será de prisión domiciliaria.
REPERCUSIONES POLÍTICAS Y SOCIALES
En Argentina, la reacción fue inmediata y polarizada, con la denuncia de los sectores afines al peronismo y al kirchnerismo de una persecución judicial y política, lo que en América Latina se conoce como “lawfare”.
Para esos segmentos, la condena no es más que un intento de proscribir a una de las figuras más influyentes de la política argentina contemporánea e impedir que compita en futuras elecciones.
A la par, los opositores a dichas tendencias y buena parte de la sociedad civil celebraron la decisión como un avance en la lucha contra la corrupción y la impunidad, dos males endémicos en la historia de este país.
El presidente argentino, Javier Milei, calificado como liberal e históricamente en contra del kirchnerismo, saludó el fallo con la frase “Justicia, la república funciona”.
Por otra parte, la noticia de la condena contra Cristina Fernández acaparó espacio en la prensa internacional, que la calificó como “histórica” y “sin precedentes”.
Medios de comunicación masiva como el periódico The New York Times subrayaron el carácter simbólico del fallo y apuntaron que se trata de una rara ocasión en la que un exjefe de Estado latinoamericano enfrenta consecuencias judiciales tangibles por corrupción.
Líderes progresistas, incluidos presidentes y primeros ministros de la región, denunciaron la sentencia como una maniobra política con el fin de eliminar a una mujer popular durante las dos últimas décadas de la contienda electoral.
También, organizaciones como el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista advirtieron sobre el riesgo de que la justicia se utilice como herramienta de persecución política.
IMPACTO DE LA CONDENA
A juicio de analistas, la sentencia contra Cristina tiene profundas implicancias para el futuro de la política argentina, pues cierra cualquier posibilidad de que la exmandataria regrese a la consulta en las urnas, como era su intención para las próximas elecciones legislativas.
Y por otro lado, opinan, abre un nuevo capítulo de tensión y confrontación entre el oficialismo, la oposición y el poder judicial, en un país marcado de manera histórica por la polarización.
Además, el fallo plantea preguntas sobre la independencia del poder judicial y la solidez de las instituciones democráticas en Argentina, y observadores, como el reconocido jurista español Baltasar Garzón, consideran que posee un claro tinte político y evidencia parcialidad.
Más allá de la figura de la expresidenta, estiman otros expertos, la sentencia interpela a toda la sociedad argentina sobre los límites de la corrupción y la vigencia del Estado de derecho.
