Seis presidentes diferentes han desfilado por el Palacio de Gobierno de Perú desde 2016, y esa cifra, a todas luces elevada, es reflejo de la grave inestabilidad política en un país donde la Constitución establece que los mandatarios deben ocupar el cargo por un periodo de cinco años.
Ahora, la actual ocupante de la jefatura de Estado, Dina Boluarte, se encuentra envuelta en otra crisis en momentos en los que su nivel de aprobación va cada vez más en picada.
Esta nueva sacudida tiene como punto de inicio el escándalo generado por su posesión no declarada de cerca de 15 relojes Rolex, una de las marcas más conocidas y caras del mundo, lo cual ha despertado sospechas de corrupción.
Medios locales y foráneos de prensa reportan desde hace varios días sobre los detalles de un caso que ha incluido allanamientos a la vivienda de Boluarte y a la sede del Ejecutivo.
Algunos señalan que lo acontecido en el presente es otra manifestación de lo frágil que resulta la institucionalidad peruana, fracturada una y otra vez durante las últimas décadas.
EL CASO ROLEX
El más reciente escándalo en torno a la gobernante comenzó el 14 de marzo pasado, cuando el portal digital La Encerrona divulgó los resultados de una investigación en la cual analizó miles de fotos de Boluarte mientras ejercía como ministra de Desarrollo e Inclusión Social durante 2021 y 2022, y desde que asumió la presidencia el 7 de diciembre de ese último año.
Según ese análisis, la jefa de Estado posee una gran colección de relojes, entre ellos al menos dos Rolex valorados en miles de dólares, que no fueron declarados en su registro de propiedades ante el Jurado Nacional de Elecciones, a pesar de que las autoridades electas deben informar de cualquier activo con un valor superior a los dos mil 774 dólares, y consignar cualquier regalo recibido de terceros.
Marco Sifuentes, director de La Encerrona, declaró a la cadena BBC Mundo que su equipo inició la investigación sobre el tema en febrero, tras recibir informes de varias fuentes.
Para abordar este asunto, decidieron examinar las fotografías de las actividades públicas de Boluarte archivadas por el propio Gobierno, a partir de las cuales armaron una base de datos y notaron que la mandataria, desde que comenzó sus actividades como ministra, ha lucido unos 15 relojes.
En sus primeras apariciones, exhibió uno marca Michael Kors, que no tenía un valor mayor a los 200 dólares, pero mientras pasaron los meses en ese sector, y luego de que asumió la presidencia, comenzó a ser vista con modelos que se cree son más caros, entre ellos un Rolex valorado por lo menos en 14 mil dólares, explicó el periodista.
“Pedimos información a la Cancillería, que se encarga del protocolo, a ver si había comprado algún reloj, también al despacho presidencial, pero nos dijeron que no. También le pedimos explicaciones a Dina Boluarte, pero no nos respondió. En sus declaraciones juradas no hay un asomo de estos aparatos. Si fueron regalos, también tenía que haberlos declarado”, añadió Sifuentes.
Las revelaciones del medio noticioso despertaron las alarmas, y el 18 de marzo la Fiscalía de la nación latinoamericana empezó sus diligencias preliminares contra la dignataria por presunto enriquecimiento ilícito y por no declarar adecuadamente estos lujosos accesorios, en tanto la Contraloría dio a conocer que lanzó un proceso de recopilación y evaluación de sus declaraciones de ingresos, bienes y rentas.
Boluarte declaró a la prensa que cuanto tenía era “fruto del esfuerzo y de su trabajo por años”. Sin embargo, el periodista peruano Martín Riepl dijo a BBC Mundo que la mandataria antes de ocupar sus posiciones políticas, tenía un sueldo de poco más de mil dólares, mientras que su salario como ministra era de ocho mil, cifra que se redujo a la mitad cuando asumió la presidencia, lo cual hace que diversas voces se cuestionen que tales sumas le hayan permitido adquirir ese tipo de accesorios.
Además, expertos afirmaron que algunas de las piezas señaladas no superaban los cuatro años de antigüedad.
El diario La República difundió que la jefa de Estado también posee diversas joyas valiosas, entre ellas una pulsera Cartier valorada en 50 mil dólares; y las autoridades bancarias detectaron unos 300 mil dólares en depósitos de origen desconocido en sus cuentas personales antes de asumir el cargo.
¿QUÉ ESPERAR AHORA?
En la noche del 30 de marzo, la Policía y la Fiscalía de Perú llevaron a cabo un allanamiento sorpresa en la casa de la presidenta como parte de la investigación en curso, y en la madrugada siguiente procedieron de forma similar en el Palacio de Gobierno, donde estuvieron durante varias horas y realizaron registros en el despacho y la zona residencial del complejo.
Tales hechos ocurrieron en respuesta a una orden judicial, y después de que Boluarte no se presentara a una cita programada con fiscales para mostrarles tres relojes Rolex y explicar su procedencia.
Según reportó la agencia británica de noticias Reuters, los abogados de Boluarte, que hace días habían pedido a la fiscalía postergar las comparecencias de la presidenta, solicitaron ahora que se le tome declaración el viernes 5 de abril, “en vista de la turbulencia política que se viene produciendo” debido a las pesquisas.
Por su parte, la cadena estadounidense CNN reportó que, si la investigación avanza, la gobernante solo respondería a un eventual juicio cuando culmine su mandato, después de julio de 2026, de acuerdo con lo que dicta la Constitución.
Boluarte ya está en el centro de otras indagaciones de la Fiscalía por presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”, en un caso abierto el año pasado tras la muerte de más de 50 ciudadanos en las manifestaciones que atravesó el país en diciembre de 2022 y enero de 2023, recordó la televisora.
Más allá del curso judicial que siga el caso Rolex, la bancada parlamentaria de Perú Libre, el partido que llevó al Gobierno al encarcelado exmandatario Pedro Castillo y al que pertenecía también Boluarte como su compañera de fórmula, presentó una moción de vacancia presidencial contra esta última por “permanente incapacidad moral”, debido a la posesión de los mencionados artículos de lujo.
Esta es la segunda vez en que se interpone una acción de ese tipo contra la mandataria, luego de que fallara un intento previo el año pasado.
Aunque en la actualidad Boluarte carece de bancada propia en el Congreso unicameral, CNN apuntó que cuenta con el respaldo de varias fuerzas que son mayoría en ese órgano, de ahí que en el presente no parezca muy probable que se obtengan los dos tercios de votos necesarios (87 de 130 escaños) para sacarla del cargo.
Pero aun cuando el escándalo no lleve a un desenlace en su contra a nivel judicial o parlamentario, sí complica más la maltrecha gestión de la gobernante, en un momento en que el país se encuentra en recesión económica (tras una contracción del 0,6 por ciento del Producto Interno Bruto en 2023), con niveles pobreza que alcanzan a un 33 por ciento de la población, y un incremento de las tasas de criminalidad.
A ello se suma que en una encuesta del Instituto Nacional de Estadística e Informática, apenas un tres por ciento de los peruanos expresó confianza en los partidos políticos, al tiempo que la presidenta solamente cuenta con un nivel de aprobación de nueve por ciento, frente a una desaprobación del 85 por ciento, y varios ministros de su gabinete presentaron su renuncia.
Para varias fuentes, cuanto se vive hoy en Perú con Boluarte es solo el último capítulo de una continua crisis heredada del destituido y controvertido expresidente Alberto Fujimori, quien gobernó en la década de 1990.
La nación sudamericana se encuentra desde entonces envuelta en continuos escenarios de corrupción, polarización política y problemas para garantizar la gobernabilidad.
“Perú ha tenido una ruta de crisis política permanente en los últimos 20 años, después de la experiencia del fujimorato o fujimorismo, que fue muy compleja, con una permanente crisis política que se caracteriza por la fragilidad de la institucionalidad peruana a partir de una corrupción sistémica, nada novedoso desgraciadamente para nuestra región”, declaró el año pasado Nayar López, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, a la Gaceta de ese centro de altos estudios.
Como recordó recientemente el diario mexicano El Economista, solo desde 2016, los presidentes Castillo y Martín Vizcarra fueron destituidos; mientras Pedro Pablo Kuczynski dimitió para evitar correr igual suerte. Por su parte, el expresidente Alan García se suicidó en 2019 para evitar ser detenido por un caso de corrupción.
Con tales antecedentes y el contexto actual, el camino presidencial de Boluarte parece lleno de escollos, y surge la interrogante de si ella logrará llegar a 2026 en el Palacio de Gobierno o tendrá un desenlace parecido al de sus predecesores.
