Chile sin nueva Constitución

   Las esperanzas de millones de chilenos de contar con una Constitución que sustituya a la proveniente de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990) quedaron truncadas después de un segundo intento infructuoso por aprobar una nueva carta magna en el país sudamericano.

   Si en septiembre de 2022 la mayoría de los participantes en el llamado plebiscito de salida rechazaron un proyecto constitucional más progresista que contaba con el respaldo del presidente Gabriel Boric, el 17 de diciembre pasado corrió igual suerte una propuesta promovida por la derecha y la extrema derecha.

   Con este desenlace, de momento queda pospuesta la idea de cambiar la ley de leyes vigente desde 1980, que ha sido sometida a unas 70 reformas desde el regreso de la etapa democrática a la nación latinoamericana.

   Según expresó Boric el domingo pasado, durante el resto de su mandato se cierra el proceso constitucional para enfocarse en otras urgencias.

   EL CAMINO HACIA EL SEGUNDO INTENTO

   A raíz de un estallido social ocurrido en 2019 contra el Ejecutivo de Sebastián Piñera (2018-2022), el 26 de octubre de 2020 se realizó un plebiscito en el cual cerca del 80 por ciento de los chilenos estuvo de acuerdo con reemplazar la ley suprema, y en mayo de 2021 fueron seleccionados los 155 miembros de una Convención Constituyente que estaría a cargo de redactar ese texto.

   Tal esfuerzo chocó contra los intereses de la derecha política, grandes grupos empresariales y dueños de los principales medios de comunicación, que comenzaron a atacar la iniciativa desde muchos frentes.

   La propuesta inicial comprendía ampliar el derecho al aborto, otorgar más soberanía a los pueblos indígenas y consagrar los derechos al aire limpio, a la vivienda, a cuidar y ser cuidados “desde el nacimiento hasta la muerte”, y al acceso a Internet.

   Ese diseño de un documento diferente al pinochetista se vio envuelto en controversias y divisiones, vinculadas con temas como la autonomía de los pueblos indígenas, el carácter plurinacional del Estado, la interrupción voluntaria del embarazo, la reelección presidencial y el sistema de justicia.

    Según reportó entonces la agencia Prensa Latina, el chileno promedio creyó falsedades sobre la iniciativa, entre ellas que permitiría la pérdida de la patria potestad sobre los hijos, la confiscación de casas y otras propiedades, y que los pueblos originarios se convertirían en ciudadanos de primera clase en detrimento del resto de la población.

   Fue así como esas y otras contradicciones condujeron a que el 4 de septiembre de 2022 fracasara el primer intento por cambiar la carta magna, cuando el 62 por ciento de los participantes se opuso al proyecto constitucional, frente a un 38 por ciento que le otorgó su respaldo.

   El 12 de diciembre de ese año el Senado y la Cámara de Diputados dieron a conocer el denominado Acuerdo por Chile, firmado por todas las fuerzas representadas en el órgano legislativo, con la excepción del ultraderechista Partido Republicano. Ese documento estableció la creación de tres órganos rectores del segundo proceso, entre ellos el Consejo Constitucional, que estaría conformada por 50 miembros.

   Dicha entidad, encargada de redactar el documento, se conformó en los comicios celebrados el 7 de mayo de 2023, en los cuales el Partido Republicano logró elegir a 22 integrantes para ese cuerpo.

   Gracias a una alianza alcanzada entre esa formación y la coalición Chile Seguro, que consiguió 11 escaños, ambos partidos lograron una mayoría absoluta y la capacidad de veto, frente a solo 16 consejeros de las fuerzas progresistas y un representante de los pueblos indígenas.

   UN PROYECTO MÁS CONSERVADOR QUE EL ACTUAL

   La labor protagónica de la derecha llevó a que se elaborara un proyecto considerado incluso más conservador que la Constitución actual, por tratarse de una iniciativa que limitaba el rol del Estado en la economía de mercado, abría la puerta a revisar el derecho al aborto en sus tres causales (violación, inviabilidad del feto y riesgo para la madre) y promovía la expulsión inmediata de extranjeros que entraran de forma irregular al país, entre otras cuestiones polémicas.

   Durante el plebiscito del 17 de diciembre, en el cual hubo una participación del 84,36 por ciento de los votantes, el 55,76 por ciento rechazó el diseño propuesto, frente a un 44,24 por ciento que lo apoyó. En sentido general, la oposición al texto predominó en la mayoría de las 16 regiones del territorio sudamericano.

   El país se polarizó, se dividió, y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva Constitución redactada para todos, expresó Boric, quien dijo que continuarán con la carta magna vigente, porque luego de dos propuestas “ninguna logró representar ni unir a Chile en su hermosa diversidad”.

    Marcelo Mella, politólogo de la Universidad de Santiago de Chile, declaró a la agencia Télam que para entender el último proyecto sometido a consideración había que prestar atención a dos focos: derechos y sistema político.

   El primero, explicó, se refiere a los artículos en materia de derechos, que han generado aprensiones de los sectores de centro y progresistas del país, porque representarían retrocesos culturales e ideológicos incluso con relación al texto de 1980, como sucede con el tema del aborto, la expulsión inmediata de extranjeros, o la reclusión domiciliaria de reos mayores de 75 años con enfermedades terminales.

   Sobre esta última cuestión hubo controversia porque no excluye a los sentenciados por violaciones a los derechos humanos, como los presos por crímenes cometidos durante la dictadura, varios de los cuales tienen patologías de ese tipo.

    En cuanto al sistema político, manifestó que se reflejaban algunos elementos novedosos con respecto a la actual ley suprema, como es la disminución de los diputados de 155 a 138, y el establecimiento de un mínimo de cinco por ciento de los votos para que los partidos políticos puedan ingresar al Congreso.

   LAS CAUSAS DEL RECHAZO

   Un estudio de dos politólogos estadounidenses citado por el diario The New York Times señaló que el rechazo consecutivo a dos proyectos de Constitución es bastante inusual en la historia, pues en 181 votaciones de ese tipo analizadas desde 1789, solo 11 veces antes de los referendos chilenos las naciones donde se celebraron ejercicios similares se opusieron a los textos propuestos.

   El periódico apuntó que, en ambos casos, los chilenos eligieron en su mayoría a personas ajenas a la política -médicos, ingenieros, abogados, agricultores, trabajadores sociales y otros- para formar parte de convenciones encargadas de redactar los documentos, pero esos órganos acabaron escribiendo constituciones largas y complicadas, y también las discusiones de cada grupo derivaron más en debates políticos que en análisis de las propuestas en sí.

   Mencionó específicamente que en los días previos a la votación el Partido Republicano centró su discurso, no en defender los méritos del texto, sino en la idea de que votar a favor castigaría a Boric, quien enfrenta altos niveles de impopularidad en medio de las preocupaciones por el aumento de la delincuencia.

    Analistas consultados por BBC Mundo expusieron que una de las razones que explican el más reciente triunfo del “en contra” es que los principales contenidos del texto no reunían un acuerdo transversal.

   Quienes criticaron el diseño lo calificaron de “profundamente neoliberal” y afirmaron que no respondía a las principales demandas que surgieron con fuerza en las masivas manifestaciones de 2019, como reformas a los sistemas de salud, educación y pensiones.

   A ello se une lo que diversos medios describen como fatiga constitucional, referida al hecho de que una buena parte de la población estaba hastiada del tema tras cuatro años de esfuerzos por sustituir la ley de leyes, durante los cuales se realizaron cinco elecciones entre plebiscitos y comicios para seleccionar a los consejeros.

   Octavio Avendaño, doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad de Chile, comentó a BBC Mundo que una de las razones de esta falta de interés tiene que ver con el fracaso del primer intento en el cual los chilenos tenían depositadas sus esperanzas. “El proceso sufrió un enorme descrédito y eso generó un efecto nocivo”, sostuvo.

   Algunos investigadores consideraron también que las prioridades de los chilenos cambiaron en los últimos tiempos, cuando el país atraviesa una de las peores crisis de seguridad en su historia reciente y los estudios de opinión muestran que temas como el robo y el narcotráfico encabezan las preocupaciones de la ciudadanía, seguidos por la economía.

   Como consecuencia del mencionado hastío, el diario El País resaltó que existe consenso entre todas las fuerzas políticas en que Chile pone punto y final a sus intentos de cambiar la Constitución actual.

   De ese modo, el deseo expresado en 2020 sigue como una asignatura pendiente, cuando el país parece querer pasar página hacia otros temas apremiantes.

José Oscar Fuentes
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