La ciudad argentina de Rufino resultó sacudida por un hecho macabro el 10 de mayo de 2015, cuando el cuerpo de la adolescente Chiara Páez fue descubierto enterrado en el patio de la casa de su novio, Manuel Mansilla, quien se oponía a que ella siguiera adelante con un embarazo de ocho semanas y la asesinó a golpes.
El feminicidio de la muchacha de 14 años de edad generó gran conmoción en su localidad natal, provincia de Santa Fe, y en otras partes de Argentina y el mundo, al punto de que abrió una nueva etapa en la lucha contra la violencia de género, pues se convirtió en el detonante del movimiento conocido como Ni una menos.
Indignadas por el crimen en Rufino y los diferentes asesinatos de mujeres que continuaban reportándose en el país sudamericano, cientos de miles de personas se concentraron en Buenos Aires y otras ciudades el 3 de junio de 2015 para denunciar que los feminicidios constituyen el último eslabón en la cadena de violencia machista y demandar acciones específicas para enfrentarlos.
A ocho años de esa movilización inicial, miles de argentinos salieron nuevamente este mes a las calles para reclamar el fin de ese tipo de crímenes y el procesamiento de los responsables, al tiempo que demandaron la reforma del poder judicial y el refuerzo de políticas públicas, reportó la agencia Prensa Latina.
Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas nos queremos”, las manifestaciones por el octavo aniversario de Ni una menos también criticaron los múltiples obstáculos que enfrentan las víctimas a la hora de presentar denuncias contra los agresores.
En el contexto de la efeméride, el Observatorio de Feminicidios “Adriana Marisel Zambrano” difundió un informe en el cual se expresa que desde mayo de 2015 hasta igual mes del presente año se registraron en la nación dos mil 554 víctimas fatales de la violencia machista, entre las que se incluyen 121 adolescentes de 13 a 17 años de edad.
Asimismo, datos del Registro de Feminicidios de la Corte Suprema muestran que en 2022 se reportaron 252 delitos de esa índole.
Tales hechos no se circunscriben solamente a la realidad argentina. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) considera la violencia basada en el género como una pandemia que afecta a cerca de 736 millones de féminas en el mundo.
La ONU define la violencia contra la mujer como todo acto que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de esas acciones, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.
Se trata de una violación de derechos que puede compararse con un monstruo de múltiples tentáculos, porque se ejerce de diferentes maneras: los feminicidios como su expresión más extrema; la trata de personas; las violencias económica, psicológica, emocional, física y sexual, y en línea o digital; la mutilación genital femenina; y el matrimonio infantil.
Feminicidios, desapariciones y otros males
En el caso de América Latina y el Caribe, la situación con estos flagelos es tanto o más compleja que a nivel planetario, cuando en esta área geográfica se localizan 14 de los 25 países del orbe con mayor número de feminicidios, entendidos estos como el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia, y se reportan decenas de miles de desapariciones que siguen sin respuesta con el paso de los años.
Los números más recientes difundidos por el Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) arrojaron que en 2021 ocurrieron en la región cuatro mil 473 feminicidios, lo cual significa que cada día tuvieron lugar al menos 12 muertes violentas por razón de género.
Esa cifra es evidentemente elevada, pero está por debajo de los números reales que golpean a las naciones latinoamericanas y caribeñas, si se tiene en cuenta que el informe divulgado a finales de 2022 por el OIG no incluyó a algunos países.
Además, las estadísticas difundidas sobre este tema constituyen subregistros, pues en ocasiones no se realizan las denuncias correspondientes, o las autoridades no contabilizan como feminicidios sucesos que por su naturaleza sí deben considerarse dentro de esa clasificación.
De los 29 territorios latinoamericanos y caribeños que proporcionaron información al OIG sobre el comportamiento en 2021 de esos crímenes, 15 presentaron una tasa igual o superior a un feminicidio por cada 100 mil mujeres, con los valores más altos registrados en Honduras (4,6), Belice (3,5), República Dominicana (2,7), El Salvador (2,4), Guyana (2,0), Bolivia (1,8), Brasil (1,7), y Guatemala y México (1,6).
El informe apuntó que la violencia por razón de género tiene lugar de forma sistemática y persistente, no conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y se produce en todos los escenarios: el trabajo, el marco de la participación política y comunitaria, el transporte, la calle, la escuela, el ciberespacio y, particularmente, los hogares.
Con respecto a las desapariciones, datos oficiales divulgados en México en noviembre pasado dieron cuenta de más de 107 mil casos en ese territorio, un 25 por ciento de los cuales correspondía a personas del sexo femenino, en tanto la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración estima que cada jornada se pierde el rastro de nueve mujeres.
Según un estudio dado a conocer en marzo por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en un periodo de seis años el número de niñas y mujeres desaparecidas y no localizadas aumentó casi el triple, al pasar de mil 43 casos anuales en 2015 a dos mil 729 en 2021.
Asimismo, en Colombia hubo tres mil 727 hechos de ese tipo en 2022, de los cuales dos mil 460 correspondieron a mujeres; mientras Perú cerró ese mismo año con más de cinco mil 380 denuncias de desaparecidas y 137 feminicidios.
Por otra parte, el matrimonio infantil y las uniones tempranas son otra práctica nociva que prevalece en América Latina y el Caribe, donde una de cada cuatro menores de 18 años mantuvo una relación de esa naturaleza en 2022, apuntan datos de la Cepal.
Esa situación no ha variado sustantivamente en el último cuarto de siglo, explicó al medio alemán DW la directora de la División de Asuntos de Género de dicha organización, Ana Güezmes, quien precisó que varias naciones muestran porcentajes más altos, como Nicaragua (35), Honduras (34) y República Dominicana (32).
Acciones insuficientes
Las realidades de los países mencionados traspasan fronteras y se replican, en mayor o menor escala, en muchos otros lugares, donde también se impulsan regulaciones, políticas públicas y programas sociales destinados a frenar la violencia de género, con esfuerzos que incluyen a organizaciones internacionales, agrupaciones de la sociedad civil, activistas y entidades gubernamentales.
Aunque las iniciativas en la materia han dado resultados positivos, el impacto de semejantes acciones no parece ir lo suficientemente rápido como para revertir las alarmantes cifras que todavía se reportan.
La ONU destaca que se han conseguido algunos avances en el mundo durante las últimas décadas, pues más niñas están escolarizadas, hay más mujeres con cargos en parlamentos y posiciones de liderazgo, y muchas legislaciones se modifican para fomentar la igualdad de género.
Sin embargo, el organismo advierte que todavía existen muchas dificultades, porque las leyes y las normas sociales discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen infrarrepresentadas a todos los niveles de liderazgo político, y una de cada cinco féminas y adolescentes de 15 a 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un periodo de 12 meses.
A ello se une que, en no pocas ocasiones, los programas de protección de víctimas y los proyectos sociales destinados a combatir estos males no cuentan con los recursos para tener un mayor impacto, a la vez que quienes sufren las diferentes formas de violencia suelen enfrentar sistemas judiciales lentos o ineficientes.
Una demanda importante con relación a estos temas es la necesidad de contar con sólidas capacidades estadísticas para obtener datos confiables, lo cual permitiría un tratamiento integral y coordinado desde varios sectores.
Mientras las mujeres latinoamericanas y caribeñas continúan a la espera de los cambios políticos, sociales y estructurales que pongan fin a siglos de sometimiento y agresiones, seguramente continuarán los reclamos del movimiento Ni una menos y de otras iniciativas que se niegan a callar ante los atropellos.
Ninguna persona debe vivir con el temor de ser violentada simplemente por la condición de pertenecer al sexo femenino.
