Las recientes acciones adoptadas por el Gobierno de Panamá en materia migratoria evidencian que los pronunciamientos realizados sobre el tema por el presidente José Raúl Mulino en su discurso de toma de posesión no fueron mera retórica.
El 1 de julio, al asumir las riendas de la nación centroamericana para un periodo de cinco años, el nuevo jefe de Estado expresó su intención de no permitir “que Panamá sea un camino abierto para miles de personas que ingresan de forma ilegal”.
Comprendo que hay razones profundas en la migración, pero cada país debe resolver sus problemas. No podemos seguir financiando el costo económico y social que esta produce, con la consiguiente vinculación de organizaciones criminales que generan inseguridad a nivel internacional, manifestó Mulino.
Llamó a las fuerzas de seguridad a aplicar la ley como corresponde, “con estricto respeto a los derechos humanos y apego a la defensa de los intereses de nuestra patria”.
CONTRA LA MIGRACIÓN IRREGULAR
Apenas dos días después, el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá anunció el cierre de tres pasos en la selva del Darién, en la frontera con Colombia, con el objetivo de canalizar los flujos y ejercer un mayor control sobre la ruta que utilizan los caminantes hasta la comunidad de Bajo Chiquito. La justificación para adoptar esa medida fue lograr un mayor control de la creciente migración irregular hacia Estados Unidos.
Según informó en ese momento la institución de seguridad, la acción responde a la política trazada por el nuevo presidente de cerrar la vasta zona limítrofe y comenzar las deportaciones de viajeros ilegales a sus países de origen con ayuda del país norteamericano, cuyo secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, estuvo presente en la investidura de Mulino.
El diario La Estrella apuntó que la nueva estrategia del Ejecutivo consiste en eliminar las trochas ilegales que emplea el Clan del Golfo en Colombia para traficar a los migrantes hacia Panamá, donde quedan a su suerte en una de las selvas más peligrosas del mundo.
Tales caminos fueron bloqueados por las autoridades istmeñas con serpentinas de alambres de púas, como una forma de impedir el paso, precisó el periódico.
El martes 8 de julio, en tanto, el ministro panameño de Seguridad, Frank Ábrego, anunció la instalación de un corredor humanitario para los migrantes irregulares que se adentran por la selva de Darién.
Para ingresar en ese paso, se debe emplear la ruta de Acandí o Capurganá – Bajo Chiquito – Estación Transitoria de Lajas Blancas y de ahí hacia Neily, en Costa Rica, donde llegan en buses desde la estación transitoria.
LA REACCIÓN DE COLOMBIA
La decisión del Gobierno de Mulino fue cuestionada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien expresó en la red social X que “los alambres de púas en la selva solo traerán ahogados en el mar” y añadió que la migración se frena “quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur”.
También, se pronunció al respecto el exmandatario colombiano Ernesto Samper. En esa misma plataforma sostuvo que “el cierre del Darién equivale a construir un muro inhumano que obligará a los migrantes, con alto riesgo para sus vidas, a buscar otras rutas más peligrosas para seguir en su éxodo inevitable”.
Desde el punto de vista de Samper, el nuevo gobierno de Panamá aceptó la política de Washington de trancar a los migrantes en las fronteras del sur y ese bloqueo será “al precio que sea, para que no lleguen a la frontera norte de México y Estados Unidos”.
