La vida política de Costa Rica vivió un nuevo episodio el pasado 1 de febrero con la elección de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, como presidenta de ese país centroamericano, donde existen fuertes preocupaciones sobre la seguridad ciudadana y la economía.
El triunfo de la candidata gubernamental se produjo gracias al apoyo de más del 40 por ciento de los votantes, lo cual es un requisito indispensable para evitar una segunda vuelta en las urnas, y en este caso, según datos preliminares, el respaldo oscila entre el 48 y el 53 por ciento.
De esa manera, destacaron reportes de prensa, Fernández logró el establecimiento de una base sólida de apoyo popular con el fin de asumir el 8 de mayo próximo el mando de la nación, de poco más de cinco millones de habitantes.
SEGURIDAD CIUDADANA Y ECONOMÍA
A juicio de analistas, esta victoria no fue casualidad y aconteció en un contexto en el cual la seguridad pública se convirtió en el principal problema percibido por la ciudadanía costarricense.
Según el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, las preocupaciones relacionadas con ese tema superaron a las vinculadas a asuntos tradicionales como la economía y la educación.
Tal percepción responde a un incremento de la criminalidad y de los homicidios en los últimos tiempos, con cifras que han aumentado de manera significativa y han erosionado la reputación del país como “un oasis de paz en América Latina”.
En medio de esas tensiones, Fernández centró su campaña electoral en una postura firme de combate al crimen organizado y prometió políticas de “mano dura” e incluso inspiradas en estrategias similares a las aplicadas en El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele (desde 2019 a la actualidad).
Para Luis Fernando Calvo, director del Instituto Tomás Moro y experto en doctrina social, uno de los desafíos más significativos del próximo Gobierno será el enfrentamiento a esta situación; sin descuidar, opinó en una entrevista periodística, los retos económicos, incluido el alto costo de la vida.
Costa Rica es un país bastante caro para vivir, señaló Calvo; y eso, agregó, representa una presión social importante que la nueva administración no debe ignorar por ningún motivo.
CONTINUIDAD
Otros analistas subrayaron que el éxito de Fernández significa una continuidad de las políticas del presidente saliente, Rodrigo Chaves, con quien ella mantuvo una estrecha relación como ministra y jefa de Gabinete.
Bajo esa posición, enfatizaron, se priorizó el orden público, la seguridad y una agenda de reformas estructurales que buscan profundizar transformaciones en el Estado.
Sin embargo, valoraciones expuestas en medios internacionales advirtieron que propuestas como el uso de estados de excepción o cambios institucionales amplios podrían poner en riesgo los contrapesos democráticos si no se manejan con sumo cuidado.
Resulta necesario, estimaron, un equilibrio entre eficacia en la seguridad y el respeto a la independencia judicial y otros pilares de la democracia de esta nación, llamada en ocasiones la Suiza de América.
Por otra parte, y aunque Costa Rica ha mantenido niveles estables de crecimiento económico y bajos índices de desempleo en comparación con otros países de su zona geográfica, existen tensiones en torno a la desigualdad en la distribución de esos beneficios y la calidad de los servicios públicos.
También, la vivienda, la educación y la atención médica son temas que no pueden quedar relegados si el gobierno de Fernández pretende consolidar la legitimidad social más allá de su base electoral.
Al mismo tiempo y teniendo en cuenta la fragmentación de las fuerzas opositoras, la futura administración deberá construir alianzas y consensos, sobre todo en la Asamblea Legislativa, en la cual el Partido Pueblo Soberano ganó un número significativo de escaños (31 de 57 en total), pero no alcanzó una mayoría absoluta para establecer leyes sin negociación con otros bloques.
Más allá de los discursos con fines electorales, los costarricenses esperan cambios que mejoren su vida cotidiana, y eso, recalcan diferentes voces, incluye la percepción de que la política pública debe ser más eficaz, transparente y orientada al bien común.
Con poco margen a las dudas, Laura Fernández y su equipo de trabajo tienen, al decir de muchos, una agenda ambiciosa por cumplir. ¿Lo harán?
