Menos de 24 horas necesitaron los 12 jurados participantes en el juicio en Estados Unidos contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández para declarar culpable al otrora mandatario por varios cargos vinculados a actividades de narcotráfico.
Con esa decisión, el hombre de 55 años de edad se convirtió en el segundo exjefe de Estado condenado por tal tipo de delitos en la nación norteamericana, luego de que en 1992 el general panameño Manuel Antonio Noriega fuera sentenciado a 40 años de prisión.
En el caso de Hernández, todavía no se ha dado a conocer la pena que se le impondrá, y su equipo de defensa ya anunció la determinación de apelar, pero podría enfrentar hasta cadena perpetua a causa de crímenes como conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y conspiración para poseer armas de fuego y dispositivos destructivos para el narcotráfico.
DE PRESIDENTE A PRISIONERO
El exmandatario del país centroamericano, nacido el 28 de octubre de 1968 en el pueblo de Gracias, departamento de Lempira, llegó a la vida política en 1990, cuando comenzó su carrera profesional en el Congreso como asistente ejecutivo de su hermano Marco Augusto, quien ostentaba la secretaría de ese poder del Estado.
Desde esa posición se vinculó directamente con la alta dirigencia del Partido Nacional de Honduras. En 1998 pasó a ser miembro del Legislativo, órgano del cual fue presidente durante el gobierno de Porfirio Lobo, de 2010 a 2014, y en este último año comenzó a ocupar la jefatura del Estado, en la cual se mantuvo por dos mandatos consecutivos, a pesar de que la Carta Magna prohibía la reelección presidencial.
Precisamente uno de los movimientos más criticados de su Ejecutivo fue esa búsqueda de un segundo periodo, el cual se pudo concretar en buena medida gracias a que, durante su etapa como líder del Congreso, promovió la sustitución de cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional que posteriormente dieron luz verde a su reelección.
Durante su gobierno se mostró como aliado de Estados Unidos, país que respaldó la controvertida campaña en 2017, aun en medio de cuestionamientos de fraude por parte de los rivales, y Hernández siempre pretendió dar evidencias de estar cercano a Washington en la lucha contra el narcotráfico.
Pero, desde la etapa en la presidencia, medios locales e internacionales de prensa daban cuenta de las preocupaciones generadas por los cada vez más marcados vínculos de prominentes figuras del Partido Nacional con el crimen organizado. Su propio hermano menor, José Antonio “Tony” Hernández fue detenido en noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami, Florida, y condenado en marzo de 2021 a cadena perpetua por narcotráfico a “gran escala”.
El 15 de febrero de 2022, solo 19 días después de haber terminado como presidente de Honduras, Hernández resultó detenido en su residencia en Tegucigalpa por miembros de la Policía Nacional, en respuesta a una orden de arresto provisional emitida a raíz de una solicitud de extradición de Estados Unidos.
Así, el exgobernante fue trasladado el 21 de abril siguiente al país norteamericano en un movimiento que estuvo a cargo de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), y en una rueda de prensa ofrecida en Washington D.C el fiscal general estadounidense, Merrick Garland, señaló que Hernández “abusó de su posición como presidente de Honduras para operar el país como un narcoestado”.
Mediante un comunicado ese mismo día, el Departamento de Estado difundió detalles de la acusación formal en su contra, incluido que, de 2004 a 2022, participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para facilitar la importación de cientos de miles de kilogramos de cocaína a Estados Unidos.
“Hernández supuestamente recibió millones de dólares en ganancias de la cocaína que usó para enriquecerse, financiar sus campañas políticas y cometer fraude electoral mientras el pueblo de Honduras soportaba condiciones de pobreza y violencia desenfrenada”, añadió el texto.
PROCESO JUDICIAL EN NUEVA YORK
El juicio en su contra, encabezado por el magistrado Kevin Castel, comenzó el pasado 20 de febrero en un tribunal federal de Manhattan, Nueva York, con la selección de los 12 miembros del jurado encargado de decidir sobre su culpabilidad o inocencia.
Durante las dos semanas que duró ese proceso, la Fiscalía estadounidense presentó pruebas materiales y más de una docena de testigos, algunos de ellos prisioneros que ya cumplen condenas por narcotráfico y que colaboraron con las autoridades en busca de reducir sus propias sentencias.
Aunque el expresidente negó los cargos que se le imputaron y llegó a subir al estrado para defenderse, quienes comparecieron en su contra afirmaron bajo juramento que lo sobornaron a él y a otros políticos de Honduras para proteger sus negocios.
Entre las personas que lo señalaron por actividades delictivas estuvo Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo, quien enfrenta un castigo de 24 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y manifestó haber entregado dinero a Hernández relacionado con esa actividad.
Otro de los comparecientes, un contador presentado con el nombre ficticio de José Sánchez, aseguró que presenció cuando un traficante de drogas sobornó al otrora mandatario durante su candidatura a la presidencia; en tanto Alexander Ardón, un exalcalde declarado culpable de narcotráfico, afirmó haber estado presente cuando el exjefe de Estado recibió dinero de parte del mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con un reporte de BBC Mundo, Ardón dijo que financió las campañas de Lobo y Hernández, a quienes les formuló tres pedidos: estar a salvo de investigaciones de fiscales, un empleo público para su hermano Hugo y mejoras en las carreteras de su municipio, El Paraíso, para agilizar el paso de la cocaína hacia Guatemala.
Ese medio apuntó que, durante el juicio, los abogados de la defensa buscaron descalificar a los testigos cooperantes como “mentirosos profesionales” que querían vengarse porque el gobierno de Hernández los persiguió, y presentaron como voces favorables al expresidente a tres generales hondureños que hablaron de la labor realizada durante su Ejecutivo y las medidas de seguridad tomadas.
Sin embargo, las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía tuvieron más peso sobre el jurado, que el 8 de marzo lo condenó por tres cargos: conspirar para importar cocaína a Estados Unidos; utilizar y llevar ametralladoras y artefactos destructivos durante la conspiración para importar cocaína; y conspirar para lo anterior y tenencia de ametralladoras para facilitar dicha conspiración.
La audiencia en la cual se dará a conocer la sentencia está prevista para el venidero 26 de junio y, según el Departamento de Estado, las imputaciones conllevan desde penas mínimas obligatorias de 10 y 30 años de cárcel en el caso de los dos primeros cargos, hasta una pena máxima de condena perpetua en el primero y el tercero.
REACCIONES A LA CONDENA
Mientras se esperaba el veredicto del jurado, en Manhattan se organizó una vigilia en la cual se mostraron murales con fotografías de las víctimas de la violencia en el país centroamericano, varias banderas de Honduras, un altar con velas, y pancartas con mensajes como “No clemencia para los narcopolíticos”, reportó la cadena CNN.
“Esperamos que el juicio termine con que Juan Orlando vaya preso. Eso esperamos como familiares de las víctimas. Estaría feliz de que le den tres cadenas perpetuas”, expresó a ese medio Monserrat Murillo, hija de Margarita Murillo, una activista campesina asesinada en 2014.
Tras conocerse el dictamen, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, recordó en un comunicado que el exmandatario conspiró para traficar 500 mil kilogramos de cocaína de 2004 a 2022 y fue calificado como un narcotraficante a gran escala.
La gobernante denunció la complicidad del sistema judicial hondureño con el crimen organizado y resaltó la responsabilidad de aquellos que llegaron al poder en 2009, “sometiendo al pueblo a través de elecciones fraudulentas y represión”, en referencia al golpe de Estado perpetuado contra el entonces dignatario hondureño, su esposo Manuel Zelaya. También, calificó de fraudulentos los comicios de 2013 y 2017, apoyados por la Unión Europea y Estados Unidos.
Ante el fallo, que fue celebrado por varias figuras de la nación centroamericana, entre ellos el canciller, Eduardo Reina, y el diputado Jorge Cálix, del gobernante Partido Libertad y Refundación, la mandataria instó al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia de Honduras a “actuar con independencia” y enfrentar implacablemente el crimen, señalando la necesidad de identificar y castigar a los enemigos del pueblo que permanecen impunes.
Por su parte, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, manifestó que Hernández no operó solo, sino que se rodeó de personas de confianza fácilmente manipulables y de débil moralidad. “A ver si aprenden con experiencias ajenas y entienden que por más poder que concentren, tarde o temprano el imperio termina por desmoronarse”, apuntó.
