La noticia de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue reelegido para un nuevo mandato de seis años generó fuertes y divididas reacciones en América Latina y a nivel internacional, lo cual complejiza todavía más los numerosos desafíos del país sudamericano.
Gran expectativa dentro y fuera de las fronteras de esa nación generaron los comicios presidenciales del 28 de julio, en los que el mandatario buscó mantenerse en el cargo como candidato del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, una coalición encabezada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, fuerza política creada por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2008.
Además del actual jefe de Estado, otras nueve personas se postularon como aspirantes al Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo, pero solo uno de ellos, Edmundo González, de la organización de derecha Plataforma Unitaria Democrática, aparecía con posibilidades de hacerle frente en las urnas a Maduro, según los sondeos de intención de votos contradictorios que se difundieron previo a los comicios, y las masivas movilizaciones generadas en torno al candidato oficialista y al de la oposición.
En medio de denuncias de uno y otro lado sobre fraude y llamados a la violencia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales con el 51,2 por ciento de los votos, una diferencia de siete puntos porcentuales sobre González (44,2 por ciento), lo cual le garantiza al gobernante un nuevo periodo frente al país (2025-2031).
DIFÍCIL ESCENARIO PARA LA POLÍTICA EXTERIOR
Un artículo publicado por la agencia estadounidense Associated Press en las jornadas previas a los comicios señaló que cualquier candidato que ganara las elecciones enfrentaría muchos retos, entre ellos los económicos, que incluyen mantener bajo control la inflación, -una de la más altas del mundo-, frenar la devaluación de la moneda, sacar la producción petrolera del estancamiento y rescatar la confianza de los inversionistas locales y extranjeros.
Junto a estos y otros desafíos de naturaleza política y social, Maduro enfrenta un panorama regional complejo en América Latina y el Caribe, pues algunos Gobiernos del área reconocieron el desenlace, otros pidieron esperar los resultados definitivos antes de arribar a conclusiones apresuradas y varios denunciaron inmediatamente lo anunciado por el CNE como un fraude.
Entre los primeros se encuentran Bolivia, Honduras, Cuba, Nicaragua, Dominica, y San Vicente y las Granadinas, cuyos jefes de Estado y Gobierno felicitaron a Maduro; mientras administraciones como las de Brasil, Colombia y México instaron a una verificación imparcial de los resultados y pidieron al CNE publicar los datos desagregados por mesa de votación, para que exista transparencia, credibilidad y “despejar cualquier duda sobre los resultados”.
Por su parte, los presidentes de Chile, Argentina, Panamá, Ecuador, Perú, República Dominicana, Costa Rica y Uruguay pusieron en duda la veracidad de los resultados, a los que llegaron a tildar de fraudulentos, y se negaron a reconocerlos.
En el caso de Panamá, el Gobierno de José Raúl Mulino retiró a sus diplomáticos de Venezuela y anunció que dejaba en “suspenso” las relaciones “hasta que se ponga en marcha un sistema institucional, transparente y confiable en el conteo de votos”.
Como respuesta, el Ejecutivo de Maduro ordenó a Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay “el retiro, de manera inmediata, de sus representantes en territorio venezolano”, en rechazo a las “injerencistas acciones y declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington”.
También, el presidente de Venezuela denunció la existencia de un plan de desestabilización masiva organizado por “Estados Unidos, la derecha internacional extremista y el narcotráfico colombiano”.
Dichos pronunciamientos y denuncias de uno y otro lado reflejan el tenso y complejo panorama que vive el país sudamericano, donde se reportan escenarios de violencia en medio de una polarización política de grandes proporciones.